Agitando el dedo índice y visiblemente contrariado por las críticas que recibe el trabajo de la Fiscalía en el caso del cemento chino, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, justificó en conferencia de prensa el cierre de una de las nueve pesquisas que el Ministerio Público tenía abiertas en relación al tema.
Durante la conferencia de prensa Chavarría apeló a adjetivos negativos como “pseudoanalistas” –para referirse al columnista de un diario- y expresó sentirse cansado de que el público y la prensa efectúen continuas críticas y suspicacias sobre su probidad y sobre la calidad del trabajo que realizan.
Durante una hora y acompañado de 11 subalternos el funcionario defendió el trabajo de la Fiscalía y detalló que, en total, desde junio del 2015, se han abierto nueve investigaciones relacionadas a lo que públicamente se conoce como “el cementazo”.
No obstante, solo una de esas pesquisas contempla específicamente como hecho denunciado el crédito otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y precisamente esa es la que se encuentra desestimada.
Esa denuncia involucraba a los diputados Otto Guevara Guth, Víctor Hugo Morales Zapata y al exdiputado Wálter Céspedes Salazar.
La denuncia afirmaba que, esas personas, influyeron en lograr cambios reglamentarios para permitir a Bolaños la importación de cemento desde China. También, cuestionaba un crédito de $20 millones que otorgó el Banco de Costa Rica (BCR) a la firma de Bolaños, Sinocem de Costa Rica.
Por involucrar a miembros de los supremos poderes, ese expediente se dividió en dos causas penales: una a cargo de la Fiscalía general, representada por Jorge Chavarría y la subjefa Berenice Smith, y otra a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y la fiscal que investiga el caso es Sussy Valverde.
Ambas fiscalías solicitaron desestimar la denuncia en febrero de este año.
En el caso de los diputados, la Sala Tercera acogió la desestimación el 21 de febrero. En el otro expediente, en que se investigó a Céspedes y Bolaños, el Juzgado Penal de Hacienda acogió la desestimación el 7 de marzo.
Según Chavarría, se solicitaron esas desestimaciones debido a que un informe de la Auditoría Interna del mismo BCR concluyó que no existieron irregularidades en el otorgamiento del préstamo.
El fiscal general detalló que, además de haber pedido ese informe a la auditoría interna del banco, se le había solicitado un criterio a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la cual les respondió que, “de forma provisional”, no se hallaban irregularidades, pero que harían un análisis más completo.
La Fiscalía decidió pedir la desestimación de las causas sin esperar ese estudio más amplio. Sin embargo, según el fiscal general, a raíz de los cuestionamientos realizados por diputados y por la prensa en relación con ese crédito, se decidió volver a pedirle el informe a la Sugef.
El fiscal afirmó que si la Sugef halla irregularidades se podría reactivar la causa.
Chavarría defendió que, en este caso, la investigación penal se basara únicamente en los informes del mismo BCR y de la Sugef.
“No le corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) porque el OIJ no hace auditorías y no le corresponde al OIJ porque (el BCR) es un banco que está participando en este momento activamente de la captación de ahorros de los costarricense y si lo que quieren es que nosotros vayamos en este momento con el SERT (equipo de choque del OIJ) a entrar al banco a decomisar papeles, a traer gente esposada acá para interrogarla, no lo vamos a hacer, a la que le corresponde intervenir es a la Sugef”, aseveró el funcionario.
“Yo no voy a sustituir a los órganos competentes que tienen que intervenir acá: Contraloría, Sugef, auditorías internas, porque es muy delicado. Vuelvo a decirlo, es un banco que está captando ahorros de los costarricenses, se puede dar una desbandada y todo el mundo sale corriendo a sacar los ahorros”.
“A partir de los hallazgos que hacen (las otras instituciones) nosotros le pedimos al OIJ confirmación de algunas cosas, pero el OIJ no es empresa de consultorías, no hace auditorías, hace estudios específicos de auditorías y ese sentido pasarle este paquete al OIJ es condenar la investigación a que no se resuelva nunca, porque el OIJ en este momento tiene casos de lavado, administraciones fraudulentas, estafas, en fin, tienen una agenda totalmente saturada”, argumentó.
Chavarría fue enfático en que la causa puede reactivarse con nueva prueba. Además, manifestó que en el BCR hay “una serie de actos irregulares, probablemente corruptos”.
Los otros casos
Sobre los otros ocho asuntos que sí se mantienen bajo investigación, el jefe del Ministerio Público enumeró:
- El pago de casa para que el diputado Víctor Morales Zapata pasara unas vacaciones en Guanacaste. Se investiga si el empresario Bolaños pagó la casa y las razones.
- Expediente contra ex subgerente del BCR, Guillermo Quesada, por cinco delitos supuestamente cometidos durante su gestión, como el otorgamiento de préstamos irregulares.
- Préstamo a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para la compra de un proyecto hidroeléctrico a la empresa Holcim.
- Descarga del cemento chino en condiciones irregulares fuera del perímetro de Aduanas. Se investiga al ex director general de Aduanas, Benito Coghi.
- Préstamos del BCR a dos sociedades ($26 millones a la empresa ML Hotel Los Sueños y $39 millones a ML Hotel Belén), en los que habría intervenido Alberto Raven Odio como directivo del BCR.
- Dinero recibido por el directivo del BCR a Francisco Molina Gamboa desde cuenta del medio CRHoy. Se investiga si fue un pago de soborno.
- Amenaza recibida por el diputado Ronny Monge, quien dirige la comisión que investiga el caso del cemento chino en la Asamblea Legislativa.
- Devolución de $7,5 millones que BCR giró a supuesto proveedor chino pero que este devolvió a una empresa tica. Este caso se investiga en la Fiscalía d
