El fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, Luis Diego Hernández, dijo en entrevista con UNIVERSIDAD que lo que se está dando en el Caribe Sur en un tráfico de tierras, “el uso perverso y sistemático de mecanismos de titulación de tierras del Estado para incorporarlas al mercado y lucrar con ellas”.
“Es lo que estamos viendo aquí patente. Tenemos 188 hectáreas que pertenecían a un refugio de vida silvestre, que tienen ecosistemas, los bosques costeros, los humedales, las turbera hay ecosistemas marinos, arrecifes. Estamos viendo que estas hectáreas de tierra las están sacando para incorporarlas al mercado y lucrar con ellas, que es lo que se está dando, declaró Hernández.
El fiscal señaló: “esto del Caribe es criminalidad” y también explicó que “se está dando mucho la incursión del narcotráfico en delitos ambientales”. “Cuando ellos ven disminuidos sus ingresos, incursionan en el tráfico de especies de vida silvestre, en bienes raíces, todo”, añadió.
“Hoy día ya, la delincuencia ambiental, la criminalidad ambiental, ha evolucionado mucho y utiliza, no solo el mecanismo de la tala, sino el mecanismo de falsedades ideológicas, estructuras delictivas, lobby político, violación de la Zona Marítimo Terrestre o de las áreas silvestres protegidas”, dijo.
Hernández explicó que la Fiscalía Ambiental mantiene otras investigaciones de casos en los que la municipalidad otorgó permisos sin plan regulador. “Ya nosotros conocemos el modus operandi de ellos; en otros casos se han salido con la suya y han podido construir”, aclaró.
En el caso concreto de la finca privada ubicada en Manzanillo, donde se talaron árboles con permisos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y que se investiga bajo el expediente 24-000003-1851-PE, comentó: “Este caso lo investigamos cuando estaba incipiente. Lo estamos atacando. Ya talaron; pero jamás vamos a permitir cualquier otro movimiento de tierra, obra, o lo que sea ahí”, enfatizó.
El terreno en Manzanillo es parte de un área de 188 hectáreas de zona boscosa que eran parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo hasta 2014, cuando una ley las desafectó. Posteriormente la Sala Constitucional ordenó al Sinac demarcarlas nuevamente como parte del refugio, tal como lo habían sido originalmente.
Al consultarle cómo se puede reducir la impunidad en los delitos ambientales relacionados con tala ilegal, Hernández mencionó, en primer lugar, aumentar las penas, para que tengan prioridad en los tribunales y en la Fiscalía.
De acuerdo con Hernández, esto les va a permitir “considerar los delitos como graves, que es lo que la Convención de Palermo y la Ley de Delincuencia Organizada conceptúa como delito grave, que es aquel que tiene una pena mayor a los cuatro años de prisión y esto permite acceder a herramientas o instrumentos de investigación como las intervenciones telefónicas, el levantamiento de secreto bancario, y se duplican los plazos de prisión preventiva”.
En segundo lugar, el funcionario citó crear tipos penales que respondan más “a la criminalidad ambiental de nuestros tiempos y a la coyuntura que está viviendo el país”, como en este caso del tráfico de tierras.
Fiscal Ambiental: En finca se abrió camino público de 1.4 kilómetros para donar a Municipalidad de Talamanca
El fiscal detalló que “apenas se hizo la remoción de capa fértil” en el camino, que mide 10 metros de ancho y 1.4 kilómetros de largo.
Fiscal Ambiental afirma tener indicios de que terreno donde se talaron árboles en Manzanillo es bosque
Minae asegura que el paisaje costero, verde y exuberante son las plantaciones de cacao originales, hoy abandonadas, que “equivocadamente se catalogan de bosques costeros”.
