Filtración de documento sobre mina en Crucitas pone a correr a dos salas judiciales

La filtración del borrador de sentencia en el caso de la mina Crucitas no solo sacudió las aguas del Poder Judicial sino que genera

La filtración del borrador de sentencia en el caso de la mina Crucitas no solo sacudió las aguas del Poder Judicial sino que genera ahora una carrera “contra reloj” entre la Sala Primera y la Sala Constitucional, por ver cuál argumento se impone acerca del futuro de la explotación del oro en el país.

El 8 de diciembre próximo se vence el plazo para que la Sala Primera dicte su fallo en este controvertido juicio; sin embargo, esto podría suspenderse si antes de este pronunciamiento es avalada la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Sala Cuarta, el abogado de Industrias Infinito, Juan Carlos Hernández, el pasado 11 de noviembre.

Curiosamente ese fue el día cuando se dio a conocer que el borrador de  sentencia que preparaban los magistrados de la Sala Primera se filtró, y estuvo en manos de los abogados de la transnacional canadiense.

Por lo que la presentación de la acción de inconstitucionalidad muestra según el abogado ambientalista del caso Crucitas, Álvaro Sagot, una aparente “íntima relación” con la reunión que sostuvieron representantes de la empresa transnacional con el magistrado suplente a inicios del mes de octubre, en la cual se habría dado a conocer el proyecto de borrador de sentencia de la Sala Primera.

El exvocero de Industrias Infinito, William Méndez, dijo a este semanario (UNIVERSIDAD edición 1924) que antes de conocer el documento no se había mencionado la posibilidad de presentar una acción ante la Sala Constitucional.

Méndez aseveró: “Creo que al final los abogados de la empresa deberán dar a conocer por qué hicieron cada cosa”. (Ver UNIVERSIDAD del 16 de noviembre de 2011)

Este semanario ha tratado de entrevistar a los abogados que fueron citados por Méndez en su denuncia ante el Ministerio Público; sin embargo, han guardado silencio.

Se ha buscado la opinión de Juan Carlos Hernández, en su bufete e igualmente a través de su correo electrónico, pero no respondió los correos enviados; mientras que Rubén Hernández Valle manifestó que estaba impedido de adelantar criterios al existir una investigación en el Ministerio Público.

Hernández Valle solamente agregó: “Siempre he sido muy respetuoso de esa norma, desgraciadamente la mayoría de los colegas no la respeta y más bien usan los medios para autohacerse propaganda”.

RESOLUCIÓN DE SALA PRIMERA EN VILO

Estos últimos hechos cambian totalmente el curso normal del proceso judicial que se acercaba a su fin; ahora los sectores ambientalistas que llevan este caso manifiestan estar en clara desventaja ante las nuevas acciones que ha tomado la empresa, desencadenadas luego de la filtración del borrador de sentencia de Sala Primera.

Sagot, quien fungió como abogado en el juicio contra la empresa canadiense,  tachó lo sucedido como una situación “desleal” que violenta el equilibrio que debe existir entre las partes procesales; calificó además esta última etapa como un “final de película”, en la que las dos Salas corren para resolver este tema.

Esto porque si antes del dictado de sentencia de la Sala Primera, los magistrados de la Sala Cuarta acogen la acción que interpuso la empresa minera, la lectura del fallo se suspendería hasta que sea resuelta la acción de inconstitucionalidad.

En esta acción se plantea que no es jurisprudencia de la Sala Primera, ni Tercera, resolver un asunto que ya había sido discutido en reiteradas ocasiones por la Sala Constitucional.

Sin embargo, Sagot refuta ese planteamiento lanzado por la empresa canadiense, al afirmar que “hay una gran diferencia entre lo que es la legalidad y la constitucionalidad”; el abogado que representa en el juicio al biólogo, Jorge Lobo, pone como ejemplos que durante el litigio en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda se analizaron hechos que en pasadas acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Sala Cuarta no fueron vistas.

“El camino de Cutris que iba a ser anulado por la laguna de relave nunca fue discutido en Sala Constitucional; es por el tipo de proceso que se da”, manifestó Álvaro Sagot.

Si la Sala Constitucional acogiera para su estudio la acción interpuesta por Industrias Infinito, ésta tendría vigencia hasta tanto no sea publicada en el boletín judicial de la Corte Suprema de Justicia.

Aún con este condicionante, los representantes del sector ambientalista piden a la Sala Constitucional rechazar ad portas este recurso presentado por Industrias Infinito,  el cual podría paralizar la sentencia que vaya a dictar la Sala Primera en los próximos días.

“¿Son de recibo recursos presentados ante la Sala Constitucional o Sala Primera basados aparentemente en el conocimiento de un documento filtrado de un tribunal?”, cuestionó el profesor universitario Nicolás Boeglin, que además se encuentra demandado por la transnacional minera (véase “Empresa canadiense arremete contra docentes, diputados y un regidor”)

Los ambientalistas califican los tiempos de resolución de la Sala Cuarta como una “caja de Pandora”, en la cual los plazos de término no están definidos, por lo que se podría tardar desde un mes hasta más de dos años.

Álvaro Sagot señala que probablemente la presentación de esa acción ante la Sala Cuarta podría ser vista como un “acto a futuro”; “pueden sentirse temerosos que con los magistrados actuales pueda venir algo adverso a ellos en la sentencia que está por conocerse”, apuntó el abogado ambientalista.

Es por esto que la mayor sospecha de los sectores ambientalistas involucrados en el caso de la mina Crucitas es que la ampliación del tiempo de espera –en el caso de que se acoja la acción de inconstitucionalidad- busca provocar, a futuro, un cambio de magistrados en la Sala Primera, que alteren el proceso tal y como se estaba llevando hasta el momento.

El docente universitario Nicolás Boeglin opina que un atraso en el dictado de sentencia de Sala Primera abre un precedente peligroso que afectaría la credibilidad en el sistema de justicia del país: “No estamos diciendo que la Sala va a resolver como nosotros queremos, pero sí queremos que resuelva; que el sistema funcione según las reglas de juego establecidas, pero que no intenten resquebrajarlas o afectarlas”.

La Sala Primera puede dictar la sentencia en cualquier momento desde el pasado viernes, y hasta el próximo 8 de diciembre; con este fallo de reafirmarse lo señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo el pasado 24 de noviembre del 2010, se podría cerrar un capítulo -al menos en los tribunales nacionales-, sobre el caso de la mina Crucitas, ya que el escenario más posible sería trasladar las apelaciones a un arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Derechos Humanos.


 

Exministro de Ambiente sostiene legalidad de decretos a favor de la minera

Roberto Dobles, exministro de Ambiente, defendió los dos decretos y la resolución firmados en el año 2008, que favorecieron a la empresa Industrias Infinito.

En un diálogo breve con UNIVERSIDAD, Dobles respondió los cuestionamientos lanzados en contra de estos dos decretos y una resolución, que permitió a la empresa canadiense deforestar decenas de árboles de almendro amarillo.

“Uno como ministro aprueba todo lo que los equipos técnicos y legales dicen que es correcto; uno no es experto en geología y minas, los documentos llegan  con la firma de todos los expertos para que el ministro los ratifique”, manifestó el exministro.

El primero de los decretos se firmó el martes 18 de marzo del 2008; en este se levantaba la moratoria minera que se mantenía vigente desde el año 2002.Extrañamente ese martes coincidió con la celebración de la Semana Santa de ese año.

Dobles manifestó no recordar esto, “eso fue hace mucho tiempo”, señaló.

Sobre el día en que aparece fechado el documento, agregó que en el ministerio se “revisan los decretos por paquetes”, por lo que no necesariamente la fecha que se indica en el documento es la fecha en que se firma.

Posterior a este, el exministro Dobles firma en abril de ese mismo año la resolución que otorga la concesión de la mina a la empresa Industrias Infinito;  no obstante, aún no se había publicado en el diario oficial La Gaceta el primer decreto, por lo que se deduce que el permiso fue otorgado estando aún vigente la moratoria.

“No sé cómo lo maneja el Ministerio con La Gaceta, y como eso va a la presidencia para la firma, puede que se retrase”, afirmó Roberto Dobles.

Por último, Dobles avala el decreto que declara de conveniencia nacional e interés público la explotación minera en Cutris; decreto que permitió en tan solo tres días la tala de decenas de árboles en la finca de Industrias Infinito.

Estos dos decretos y la resolución fueron derogados con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del pasado 24 de noviembre del 2010, aun así, el exministro sostiene que cuando se firmaron venían con todas las autorizaciones correspondientes.

El exministro, quien es familiar del expresidente Óscar Arias, negó asimismo cualquier presión política y económica a la hora de dar el visto bueno a estos permisos.


 

Empresa canadiense acusa docentes, diputados y un regidor

Ya son cinco las personas que se encuentran demandados por la transnacional Industrias Infinito; esto desde que en junio la empresa canadiense anunció que demandaba al diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Manrique Oviedo por difamación de personería jurídica.

La semana anterior conocimos que la Asociación Solidarista de Trabajadores de Crucitas (ASOCRUCITAS) cuestionó el presupuesto destinado por la Universidad de Costa Rica para las campañas de información sobre el impacto de la minería a cielo abierto.

Esta situación deja de ser un hecho aislado si se revisan las acciones emprendidas por la empresa minera y sus representantes en contra de los críticos del proyecto, ya que además del diputado Oviedo, la empresa demandó a Claudio Monge, diputado del PAC, también al regidor sancarleño, Edgardo Araya, y los profesores universitarios Nicolás Boeglin y Jorge Arturo Lobo.

Todos han sido querellados por difamación de persona jurídica con indemnizaciones que van desde los $400.000 hasta los $960.000.

Nicolás Boeglin es politólogo y sociólogo, académico de la Universidad de Costa Rica experto en Derecho Internacional.

Su demanda se presenta luego de que la empresa asegura que en el documental “El Oro de los Tontos”, producido por Pablo Ortega de la Unidad de Producción Audiovisual de la UCR, Boeglin propaló “hechos falsos concernientes a una persona jurídica”.

Sobre esto Boeglin señala: “Si piensan que con esos montos  nos van a acallar o intimidar se equivocaron de personas; porque ninguno de nosotros vamos a cambiar nuestra forma de pensar”.


 

Hermano de exvicepresidente Casas con poder especial de gerente de Industrias Infinito

El abogado Ciro Casas Zamora figura con un “poder especial judicial” cedido por John Alan Thomas, apoderado generalísimo de la empresa Industrias Infinito.

Con esto Casas representa a Thomas en las querellas interpuestas contra los cinco ahora demandados por la empresa minera.

Esto fue confirmado a UNIVERSIDAD por el mismo abogado, mediante un correo electrónico; pero asimismo desestimó referirse al caso argumentando que al ser un tema que está en manos de un juzgado no podría dar más detalles de este.

Al ser interpelado sobre cómo es que se da su ligamen con Industrias Infinito, y el monto de los honorarios que recibiría por estos procesos, no contestó más correos enviados la semana anterior a su cuenta.

El ahora abogado del gerente de Industrias Infinito fue cuestionado en el año 2006, por un supuesto nexo con George Nayor, quien estuviera ligado al cartel de Medellín y fue detenido en El Salvador ese mismo año.

Donde inclusive, según trascendió en la prensa, el 10 octubre del 2006, el entonces segundo vicepresidente Kevin Casas aceptó públicamente que su hermano le había presentado a Nayor durante una fiesta de cumpleaños.

Ciro Casas Zamora además se postuló a magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2001; sin embargo, su nombre fue desestimado por la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa ese mismo año.


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