Solo en lo que tiene que ver con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR), las entidades estatales que más han incursionado en el negocio, los fideicomisos del sector público llegan al menos a $3.170 millones (alrededor de ₡1,7 millón de millones al cambio actual).
El fideicomiso se define como un contrato mediante el cual una persona física o jurídica destina ciertos bienes a un fin lícito, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria en un plazo determinado.
De acuerdo con un reporte del BCR, los fideicomisos de entidades públicas en ese banco alcanzan un monto total de $1.421 (₡788.655 millones).
A su vez, los fideicomisos de entidades públicas estatales en el BNCR totalizan $1.749 millones (unos ₡970.702 millones), según se desprende de un reporte de la entidad referido a los activos de los fideicomisos acumulados al 31 de julio último.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) encabeza las cifras de dinero público administrado de manera privada con un total estimado $2.274 millones (₡1,3 millón de millones) en fideicomisos en proyectos de generación eléctrica y una red de fibra óptica, financiados por diferentes bancos.
El ICE empezó a utilizar los fideicomisos desde hace muchos años en respuesta a las limitaciones de endeudamiento que tenía, explicó el pasado 7 de julio Jesús Orozco, jefe de División de Finanzas de la institución, durante una audiencia ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público que investiga los fideicomisos del ICE.
“Las figuras de los fideicomisos existen desde hace muchos años, como cualquier otro esquema de financiamiento y el ICE lo ha venido utilizando; el ICE, creo, que ha hecho uso de todas las fuentes de financiamiento disponibles en el mercado; los fideicomisos han sido una sola de esas fuentes, pero hoy tenemos muchos esquemas de financiamiento que hemos desarrollado”, dijo Orozco a los diputados que cuestionaban aspectos del manejo de ese esquema en proyectos de la empresa estatal.
Cada vez más el gobierno y las instituciones estatales se inclinan por esta figura de financiamiento para proyectos y obra pública, ya sea porque las litaciones presupuestarias no les permiten realizar las inversiones que necesitan hacer, y fideicomiso les permite obtener los recursos, como en el caso del ICE, o para agilizar las contrataciones sin las demoras del procedimiento administrativo que rige para el sector público.
El uso de la figura está autorizado en la legislación, pero algunas voces advierten sobre una “huida” del derecho público a estos fideicomisos, donde la fiscalización de los fondos públicos por parte de la Contraloría General de la República (CGR) está limitada, y el fiduciario (banco) que administra los fondos decide con soltura las contrataciones, bajo un esquema de derecho privado donde la información no es de acceso público.
A propósito de la investigación sobre los fideicomisos del ICE que realiza la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el diputado Otto Guevara (Movimiento Libertario) dijo que le manifestó a la Contralora General (Marta Acosta) la preocupación que tiene por “la huida de la contratación administrativa cuando entramos en el ámbito de los fideicomisos”.
“Resulta que la Contraloría autoriza un fideicomiso, y hasta ahí llegó la cosa, porque a partir de ahí el fiduciario contrata de a dedo a quien le dé la gana. Dicen que tienen que regirse por los principios de contratación administrativa, que hay una licitacioncita y se invita a equis, ye y zeta, (pero) ya sabemos que equis y ye no califican y que zeta es el que se la va a ganar”, señaló el diputado libertario.
Eso se hace para poner el “check” de que se cumplió con los principios de contratación, pero al final lo que ocurre es que aumentan los precios dramáticamente y eso ha estado pasando con los fideicomisos, aseguró. Puso como ejemplo el fideicomiso con el BCR para el edificio que va a hacer la Asamblea Legislativa, donde ya se está hablando de un costo de $100 millones (casi el doble de lo que se mencionaba inicialmente), aseguró Guevara, y le asintieron otros diputados.
Ahora – remarcó – se pretende hacer un fideicomiso para la nueva carretera a San Ramón y otro para la carretera a Cartago, y eso son trampas para dejarle al fiduciario la posibilidad de que escoja al contratista y hacer “lo que le dé la gana.”
Hasta el momento no se ha concretado ninguna propuesta para corregir la legislación al respecto, pero según Guevara es un tema en el que piensa insistir, porque son muchos los fondos públicos que están en fideicomisos.
CUIDADO
La CGR es reiterativa al advertir en los refrendos que aunque a la adquisición de bienes y servicios que realice el fideicomiso no le aplican los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, sí se le aplican los principios de esta (licitación, publicidad, libre concurrencia y otros).
Advierte que las instituciones deben ser cuidadosas en la elección del tipo de fideicomiso (hay fideicomiso de inversión, administración, garantía y otros) adecuado para el logro del fin que se persigue, debiendo ponerse especial atención en los términos del fideicomiso y la forma en que se ejecutará, así como establecer los controles posteriores que garanticen una correcta ejecución del contrato.
El fideicomiso no se debe utilizar como una forma incorrecta de delegar las funciones sustantivas de la Administración respectiva, se debe respetar las funciones de control y fiscalización e igualmente el régimen de prohibiciones para contratar con el Estado, remarca el órgano contralor, tras mencionar que también se ha de valorar cuidadosamente el costo beneficio y la mayor eficiencia a la hora de optar por ese instrumento entre otras alternativas para conseguir el fin público perseguido.
“En este sentido, es preciso destacar que esta Contraloría General ha señalado cierta preocupación respecto de la constitución de fideicomisos de administración, debido a que su utilización podría generar una práctica incorrecta de pretender sustraer fondos públicos con la intención de generar administraciones paralelas que escaparían a los controles y regulaciones propias de la Administración Pública y en particular de la fiscalización superior que realiza esta Contraloría General”.
Así lo anota, por ejemplo, el órgano contralor en el oficio Nº 00357 del 19 de enero 2012, donde responde positivamente a una consulta del Consejo Nacional de Vialidad sobre la posibilidad de utilizar los fideicomisos para ejecutar préstamos destinados a la construcción de carreteras.
Fidecomisos de entidades estatales
Con el BCR:
Un total de $1.421 millones ($788.655 millones al cambio actual).
Con el BNCR
(suma de activos al 31/7/2016):
₡970.702 millones ($1.749 millones)
ICE (con diferentes bancos):
$2.274 millones (₡1,3 millón de millones).
Fuente: Dirección de Fideicomisos BNCR, BCR, archivo de prensa.
