FEUCR pide a diputados ‘respetar’ las negociaciones del FEES: “Son procesos técnicos de meses”

Andrea Chacón, presidenta de la FEUCR, pidió a los diputados de la comisión especial que estudia el FEES respetar la autonomía de las universidades y alentar una mejor regulación interna dentro de ellas, más allá de posibles cambios constitucionales.

Representantes estudiantiles de la Universidad de Costa Rica (UCR) le solicitaron a los diputados de la comisión especial que analiza y estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) “respetar” las negociaciones entre el Gobierno y las universidades públicas en materia de sus presupuestos institucionales.

Así lo señaló la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), Andrea Chacón, quien enfatizó que una de las principales demandas del organismo estudiantil al Congreso es precisamente que se respeten la Constitución Política y sus indicaciones sobre ese mecanismo de enlace.

Chacón brindó sus declaraciones a los diputados en medio de una sesión ordinaria de la Comisión Especial que analiza el FEES, a cuyos integrantes recordó que las negociaciones entre Gobierno y universidades son “el espacio creado para la negociación del FEES” a través de “criterios técnicos y necesidades concretas que se identifican en procesos de meses”.

Chacón además criticó las declaraciones de varios diputados en las últimas semanas, especialmente sobre una posible modificación al artículo 85  de la carta constitucional.

Ese artículo es el que establece la creación del fondo de financiamiento de las “U” públicas; así como la obligación de que este nunca pueda ser abolido ni disminuido, “si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.

Sobre este tipo de propuestas, el diputado Pablo Heriberto Abraca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que su intención nunca ha sido modificar los montos ni reducirlos, sino enfocar mejor la inversión, tomando en cuenta que, desde su punto de vista, el Gobierno “no ha hecho una orientación estratégica” de los recursos.

No obstante, para la presidenta de la FEUCR, esto podría atentar contra la autogestión de las universidades públicas, las cuales conocen mejor que nadie sus propias necesidades y sus propios retos, “todos muy distintos, desde sus diferentes posiciones”.

Chacón además criticó el recorte que realizaron los diputados el año pasado en la Comisión de Asuntos Hacendarios al FEES por ¢10.000 millones al FEES, un movimiento que luego fue respaldado por el Plenario legislativo y denunciado ante la Sala Constitucional (donde sigue pendiente de una resolución).

Las palabras de Chacón fueron respaldadas luego por el diputado oficialista Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); sin embargo, otros como Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN) recordaron que la misma Constitución establece la potestad de que la Asamblea resuelva “cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario”.

Eso sí, Thompson subrayó que la idea de la comisión que estudia el FEES no es recortista, sino que busca fortalecer el contexto universitario para que cumpla con sus funciones sociales en el país de una mejor manera.

Para ello, puntualizó que sería necesario impulsar un “plan nacional de la educación superior pública”, algo que catalogó como una deuda histórica de nuestras administraciones públicas.

‘Autorevisarse’

Los consensos, sin embargo, también existieron. Tanto Chacón como la mayoría de los diputados subrayaron la necesidad de que las universidades mejoren sus gestiones de financiamiento, espacios que deben revisarse a lo interno de las administraciones académicas.

Para la presidenta de la representación estudiantil “todo en la universidad podría mejorar a través de la autogestión” y no con sombrillas o reglamentos para todas las entidades, en vista de que “todas sus necesidades dependen de sus propias particularidades”.

Esa visión la respaldaron varios congresistas, pero el más enfático fue Mario Castillo, del PAC, quien incluso señaló que descartaría realizar una reforma constitucional al FEES, pero que le parecería totalmente necesario generar los mecanismos suficientes para revisar las inversiones universitarias y mejorar su distribución.

Por ejemplo, dijo que se podría potenciar cada vez más el trabajo de investigación, un campo en el que “la empresa privada casi no invierte”.

Sin embargo, el diputado Abarca reiteró que, desde su punto de vista, deben hacerse reformas porque las universidades han demostrado falencias que no han sido cuestionadas, con lo que se podría buscar una mayor “eficiencia” de los recursos y una mayor captación de los estudiantes más adinerados .

Interés por las sedes

Por último, el presidente de la Comisión Especial, Wagner Jiménez, indicó que otro tema de especial interés para la comisión es mejorar la administración del presupuesto y su asignación en las sedes regionales, un hecho que ha sido difícil de atender, producto de la “rigidez” de sus presupuestos.

Ante eso, Chacón indicó que esa ha sido una de sus principales petitorias a la administración universitaria, pero que tampoco es algo que se escape de los ámbitos de autorregulación de los centros académicos.

A Chacón la acompañaron también, Axel Solís, representante de la Sede Occidente, y Pedro Tablada, de la Sede Caribe de la UCR; quienes sí comentaron que siempre han existido molestias internas en la universidad por las diferencias presupuestarias centrales y regionales.

“Siempre es una especie de pulso interno el que tenemos”, recordó Solís.

Los reclamos de ambos fueron especialmente para la Asamblea Legislativa, organismo al que acusaron de debilitar los ingresos de las regiones con sus recortes presupuestarios y con la aprobación de algunas disposiciones en la reforma fiscal, aprobada en diciembre.

Andrea Chacón, presidenta de la FEUCR: “Diputados han realizado comentarios preocupantes”

En sus intervenciones ante los diputados, la presidenta de la FEUCR, Andrea Chacón, subrayó su preocupación por palabras de diputados y diputadas que mencionan la posibilidad de reformar los artículos constitucionales que hablan sobre las asignaciones presupuestarias de las ‘u’ públicas.

Así lo reiteró en una posterior entrevista con UNIVERSIDAD, en la que puntualizó que esto sería atentar contra “una garantía constitucional” que ha existido por años, y con la independencia y la autonomía universitarias.

“Es muy importante tomar en cuenta que esto es una garantía constitucional para nosotros, como lo planteé durante la comparecencia, hay muchos comentarios que han sido realizados por las diputadas y los diputados que son bastante preocupantes, y que consideramos que atentan contra el concepto de educación pública y de educación superior pública que tenemos hasta el momento”, apuntó.

“Además, el modelo de Asamblea que tenemos en este momento no nos parece el propicio para hacer una reforma a estos artículos y nosotros debemos, más bien, garantizar que exista una protección y una garantía para nuestros estudiantes (y para la población costarricense) de que seguirá teniendo ese acceso a la educación sin tener que acudir a la educación privada”, concluyó.

Para este 2019, el Gobierno y las universidades pactaron un presupuesto de ¢511 154 millones y ¢34 868 millones para la UTN. Este monto corresponde a un incremento del 3%  en comparación con 2018 (la inflación prevista por el BCCR).


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