País ENTREVISTA

Fernando Cruz: Un poder ajeno no puede evaluar a un juez ni fijarle los salarios

Presidente de la Corte corrige declaraciones donde se proclamó de “clase media” y profundiza su defensa del autogobierno judicial, en medio de una reforma a la que define como “pesada” y acorde a políticas de debilitamiento de lo público.

Incluirse como un ciudadano más de la clase media le provocó una avalancha de críticas y señalamientos al presidente de la Corte, Fernando Cruz, quien reconoce -un día después de dar esas declaraciones- haberse expresado de una manera incorrecta.

A partir del ruido que generó la frase “¿o es que nosotros los de clase media tenemos que solucionar la pobreza?”, el juez de 69 años emprendió una campaña en medios de comunicación para rectificar sus palabras y reiterar que a su criterio, hará lo que tenga que hacer para defender la autonomía judicial.

La frase la emitió este martes en una sesión histórica de la Corte Plena, en donde los magistrados -encabezados por un Cruz aplaudido por los gremios judiciales- le pusieron una traba más al proyecto de reforma fiscal, tras alegar que la iniciativa compromete la independencia, el funcionamiento y la organización del Poder Judicial.

Bajo la urgencia y la coyuntura económica, el abogado ve en -el fondo del asunto- un debilitamiento de la esfera pública, y la búsqueda de la privatización de los servicios que hasta hoy ofrece el Estado.

Cruz alega desconocer las razones por las qué la Corte dijo en abril que el proyecto no incidía en el Poder Judicial, pese a que la versión previa ya incluía varios de los artículos que hoy  se propone corregir.

Su defensa apasionada e impopular de la independencia del Poder Judicial lo obligaron a inhibirse de una eventual consulta ante la Sala IV y emitir un discurso en defensa de la que alega, “no es una institución más”.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con UNIVERSIDAD.

¿Qué quiso decir con eso de “nosotros, la clase media, tenemos que resolver la pobreza”?
-Bueno, en primer lugar no había previsto hablar de esa forma y no me expresé bien. Yo pensé que lo que estaba diciendo de Figueres (Ferrer) era muy importante, pero eso fue más importante. Creo que obviamente yo no me estaba refiriendo a mi salario, yo me estaba refiriendo al grupo de funcionarios judiciales, que no hay duda que en un 90% tienen salarios que integrarían la clase media, no hay duda.

¿La mayoría de empleados judiciales son de clase media? ¿Cuáles son los rangos salariales que tienen?
Es una valoración y una apreciación que yo no puedo decir, no puedo decir que tengo una precisión en los datos. Lo que pasa es que como sé que los salarios de la Corte son buenos, en el contexto, entonces yo asumo que la mayoría del sector de la clase que representa el grupo judicial, excluyendo a la clase gerencial, pues son personas de clase media-baja, media-media, media-alta. 

La ley dice que se debe consultar a la Corte cuando el plan de ley afecte el funcionamiento y organización del Poder Judicial. ¿Qué entiende usted por funcionamiento y organización? Porque usted considera que el proyecto fiscal afecta esas dos cosas…

-Claro que afecta porque tiene que ver con evaluación del desempeño, prioridades de tipo de planificación y proyección de la institución, temas de salarios y de carrera judicial, y temas que podrían rozar con la asignación del 6% del presupuesto (por mandato constitucional al Poder Judicial se asigna como mínimo el 6% de ingresos corrientes). Toda eso tiene una incidencia muy clara en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, casi creo, me atrevo a decir, que yo no recuerdo hacia el pasado una reforma que trajera todas esas materias juntas, ni siquiera alguna de ellas.

Yo no recuerdo alguna reforma que pretendiera intervenir o incidir en el tema de evaluación del desempeño de los jueces e incluso llegar a decir que la evaluación es solo cuantitativa, cuando aquí a lo interno tenemos una discusión de muchos años de que los criterios no deben ser solo cuantitativo, sino cualitativos.

 

 

¿Hay cosas que no se podrán hacer dentro de la institución o que se van a hacer de una manera distinta?

-Que se van a hacer distinto.

¿Distinto para mal?

-Cuando la norma constitucional dice “organización y funcionamiento” no dice ni para mal ni para bien, dice que incida en la organización y funcionamiento. Y desde afuera están viniendo unas normas que significan una serie de cambios para nosotros.

Usted ya se inhibió  de participar ante una eventual consulta ante la Sala Constitucional sobre este proyecto. Supongo que ya estudió a fondo la reforma, ¿ha encontrado un vicio de procedimiento, una inconstitucionalidad?
-Vicio de fondo, digamos, que una norma es contraria a la independencia de poderes. Me parece que hay una que es muy clara, hay otras que puede haber discusión, pero hay una que es muy clara que es el tema de la evaluación del desempeño (por parte del Mideplan), esa es muy clara. No puede haber un órgano ajeno que intervenga en la evaluación de jueces, esa es mi tesis.

Si los otros magistrados de la Sala Constitucional pensaran como usted, ¿este proyecto se tendría que caer en una eventual consulta?
-Depende, porque podría ser una inconstitucionalidad por el fondo, en cuyo caso no es vinculante para el Parlamento. El tema a discutir es si esa norma incide en la organización y funcionamiento y requiere de 38 votos, ahí sí tiene un vicio de forma. Recuerde que la consulta facultativa solo tiene incidencia vinculante cuando es un vicio de forma, no de fondo.

Usted dice que la evaluación del desempeño por parte del Ministerio de Planificación (Mideplan) afectaría la independencia de la institución. Las reformas en temas salariales, en su criterio, ¿afectarían también la independencia?
– Dejemos de lado fiscales y defensores o investigadores. Ahí (con respecto a los jueces) podría haber un tema esencial de un problema de inconstitucionalidad, porque incide en la independencia del juez.

¿Cómo incide?
Incide en que usted, un poder ajeno, no puede fijarle los salarios a un juez.  

¿Por qué eso incide en la independencia si es un tema que parece más administrativo y no sobre el ejercicio de la judicatura como tal?

-Una de las consecuencias de la independencia de un poder es que pueda fijar el salario de sus funcionarios, pero con mayor razón si son los jueces. Eso no me cabe la menor duda. Por ejemplo, yo no sé si nosotros pudiéramos, desde la Sala Constitucional, decir cuánto debe ganar un parlamentario, no podemos. Ni siquiera Corte Plena podría decirlo, es un argumento muy pragmático, así como nosotros no podemos, de allá para acá hay que valorar bien de qué forma se puede regular. Yo no dudo que pueda haber algunas regulaciones que pueden ser aceptables. Pero en principio, respecto de jueces que usted fije límites, reducciones o determinaciones, eso puede ser un tema de inconstitucionalidad.

Dejando de lado el proyecto como tal, ¿usted cree que en el Poder Judicial se deben tomar medidas en cuanto a contención del gasto en el ámbito salarial?
-Bueno, si hay criterios técnicos que así lo determinen, sí.

¿Criterios técnicos emitidos por parte de quién?
Diay, por parte del personal administrativo que nosotros tenemos en eso.

¿Del mismo Poder Judicial?
-Por supuesto, claro.

¿Cómo se garantizaría en ese caso que impere un criterio técnico y no un interés personal?

-Entonces eso se puede discutir. Si el criterio técnico es aceptable o no. El criterio técnico tiene que sostenerse por sí mismo y en materia contenciosa administrativa, eso se puede discutir.

¿Usted no tiene todavía un criterio?
-Perdone que le diga, pero al revés, ¿cómo sé yo que el criterio técnico que definió Hacienda para decir cuánto deben ganar los jueces es un criterio que es técnicamente confiable? Le devuelvo el argumento.

Las acciones del Poder Judicial

Usted indicó recientemente que renuncia al porcentaje de rubro gerencial. ¿De qué manera puede afectar eso su labor como juez?

-(Lee una hoja) Bueno, permítame para decirle algo aquí interesante, una publicación que hizo la Extra: “el recorte en pluses salariales del sector público representa un 0,14 del 6% del déficit fiscal”, 0,14, y en este caso esa reforma no tiene una incidencia directa de inmediato, sino a largo plazo, porque son para los que vayan a ingresar. Entonces, ¿por qué eso no se pudo discutir en una atmósfera de coordinación para establecer parámetros, discutirlos y valorarlos técnicamente? A lo que yo obviamente no me puedo oponer ni objetar.

¿Cree que en el pasado el Poder Judicial ha dado señales de estar dispuesto a ese tipo de discusión técnica?

-Nunca lo han planteado. Lo que han hecho es críticas, pero nunca lo han planteado.

En otros momentos, cuando se les ha pedido, por ejemplo, contener el tema presupuestario…
-Es que cuando usted habla de contención, está hablando de reducir los salarios vigentes. Si usted está hablando de la regla que estableció Hacienda, es a partir de los nuevos ingresos. Bueno, sobre eso nosotros no tuvimos ninguna notificación. Esa decisión fue de ahora, de este gobierno, no fue del gobierno pasado. Pero escúcheme, vea, 0,14 del 6% y las empresas exoneradas es un 5,7%. Es decir, que si usted quitara las exoneraciones, el déficit fiscal quedaría en un 0,3%. Y por supuesto la evasión fiscal ni para hablar, porque es el 8%, eso es como un sueño de opio. Pero vea que interesante cómo son las prioridades: las exoneraciones siguen intocadas, y el tema salarial, que es el recorte en pluses del sector público tiene un efecto sobre el déficit fiscal del 0,14.

Yo no digo que eso no sea importante, claro que lo es. Pero entonces uno tendría que valorar eso. Significa entonces que en otras circunstancias de coordinación pudimos haber discutido el tema y haberlo evaluado. Hay muchas fórmulas, algunas fórmulas es el salario global o no sé cómo es que le llaman en la Contraloría.


Sobre la renuncia que dijo que hará sobre el plus gerencial, ¿es un asunto simbólico o por qué lo va a hacer?
-Bueno, simbólico no, porque voy a dejar de ganar ¢2 millones por mes.

¿Cual es la razón?
-La razón es porque yo creo que eso me da más fuerza a mí para ser el presidente y hablar de este tema.

Es decir, ¿usted renuncia a un plus gerencial para, con mayor libertad, hablar de un tema que involucra la defensa de ese tipo de pluses?
-Los salarios del resto.

No de la cúpula sino de…
-Porque es que hay que diferenciar entre lo que gana la cúpula y lo que gana el resto.

¿Lo que gana la cúpula usted no lo defiende?
-Claro, pero es importante que yo no señale criterios que no responden a criterios técnicos y de razonabilidad. Por ejemplo, en el proyecto venía que el magistrado en la cúpula gana, por decir algo, 30 salarios del que gana más bajo en la administración pública. Eso no responde a un criterio técnico que yo sepa. ¿Por qué son 30 y no 40? o ¿por qué es el salario más bajo de la administración pública? Yo no sé. Y entonces resulta que en una estructura judicial que tiene una jerarquización en los salarios, usted pone un marciano que es el jerarca que empieza eventualmente a ganar menos que otros que están en inferiores condiciones.

Entonces, ¿por qué? Porque el sistema judicial no es igual al parlamentario, el parlamentario no tiene carrera parlamentaria, no tiene jerarquía. En cambio, en lo judicial sí.

La carta de la Ministra, al filo de la votación

La ministra de Hacienda dice que si el Poder Judicial considera necesario incrementar el salario de algún funcionario, puede hacerlo al amparo de su independencia en materia salarial. ¿Cómo se compromete la independencia judicial si amén de las limitaciones que tienen los pluses, ustedes tienen al fin y al cabo la última palabra, según dice doña Rocío?
-Yo entiendo lo que ella dice, pero la norma que se estaba aprobando no nos daba esa impresión, era diferente. Nos estaba fijando una serie de límites en relación a ciertos rubros. Eso es una intervención. Eso incide en la organización. Si nosotros hubiéramos recibido ese insumo o esa comunicación antes y lo hubiéramos conversado, nosotros podemos adaptar la estructura salarial a eso, pero nosotros no la recibimos.

 

¿Cuál es su intuición con respecto a la carta que llegó a la Corte de parte de la ministra de Hacienda el mismo que día votaron su rechazo o aprobación al proyecto? (La carta decía que el Poder Judicial mantenía la potestad de modificar sus salarios)
-En medio de decidir si (el plan fiscal) incide o no, recibimos de una jerarca una interpretación que no sabemos y no tenemos clara que esté en la norma que nos están consultando. Eso pudo haberse hecho antes y nosotros hablamos con ella y ella no me dijo nada de eso.

Y después que se dio la votación, ¿ustedes le preguntaron algo a doña Rocío?
-No, yo creo que ahora no porque me parece que lo que resolvimos no ha sido del agrado de nadie del Poder Ejecutivo y el Parlamento, comprendo bien. Pero es que un poder está para que le consulten y también para que le diga que no está de acuerdo, pero la consulta no es para decir que sí a todo, ¿verdad?

Hay algo que no se ha dicho y yo no tengo claro. Si hacemos estos cambios, ¿cuánto es el porcentaje que se economiza en el presupuesto nacional y en el presupuesto del Poder Judicial respecto a salarios? No lo tengo claro.

¿Intuye que ese número sería bajo?
-Ni bajo ni alto. No hemos hecho una valoración cuantitativa. No lo tengo claro. Dicho sea de paso, esa economía es a largo o mediano plazo, porque no incide en el presupuesto actual ni en el déficit actual. Es para los de nuevo ingreso. Esa norma pudo haberse esperado para aprobar la cuestión fiscal y de inmediato entrar en la discusión de la ley de empleo público. Pero como mezclaron la ley de empleo público con la ley tributaria, eso confunde, parece que estamos en contra de la cuestión tributaria sobre la cual no tenemos ninguna intervención, es solo salarial.

El proyecto se llama “ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”. El tema tributario es un punto muy importante y el empleo público está dentro de esas finanzas públicas. ¿Qué pasaría si todas las instituciones dijeran que porcentualmente es muy poco significativo lo que aportarían? Probablemente no se podría cambiar nada.
-Perdón, usted lo dijo: instituciones. El Poder Judicial es un poder, independiente, que coordina, que tiene que respetar los objetivos nacionales, pero no es una institución más, es un poder de la República. Merecía que le hicieran una serie de sugerencias y de valoraciones cuantitativas, que por lo menos, hasta donde yo sé, no se hicieron. Esto llegó en los últimos 10 días para hacer la consulta y decir: ¿le parecen estas normas?, ¿inciden o no en el Poder Judicial? El Poder Judicial puede dar su opinión y puede hacer los cambios y coordinar con el poder, o decirle: creemos que sí incide en nuestra organización y funcionamiento.

 

«Tampoco soy una persona ilusa y decir que esto es una ínsula que tiene una autonomía absoluta», dijo Cruz. Foto: Miriet Ábrego.

El cambio de criterio

El expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, dijo en abril que ese proyecto no incidía en el Poder Judicial, pese a que esa versión anterior del texto ya contenía la injerencia del Mideplan y cambios en pluses salariales. ¿Por qué dijo que no incidía?
-No tengo idea por qué don Carlos lo hizo.

¿Él tomó esa decisión solo, sin consultar a la Corte?
-No. El trámite es que se pasa a Dirección Jurídica para que lo analice y si en principio no hay objeción, no se lleva a Corte.

¿Usted pudo revisar el proyecto (en aquel momento)?
-Cuando a uno le dicen que no tiene incidencia en principio, uno generalmente no hace objeción. Cada magistrado tendría que hacer las observaciones en la sesión. Secretaría nos pasa el correo, si no tenemos objeciones, no contestamos. Y si no contestamos, se tiene por aprobado. (Una asesora de prensa le recuerda que, además, los jueces de la Sala Constitucional no veían esos temas para evitar adelantar criterio, en caso de que en el futuro debieran conocer el caso en la Sala).

¿Quién dice que no hay objeciones?
-En Secretaría, por criterio de la Dirección Jurídica.

¿Entonces en ese momento la Dirección Jurídica emitió un criterio?
-Yo tendría que preguntarles, no sé si emitieron un criterio. Nosotros no nos pronunciamos por el tema que tiene que ver con leyes.

¿Usted sabe cuántos criterios de Dirección Jurídica ha habido sobre este proyecto?
No, yo sé los que me tocaron a mí siendo presidente, no los de Carlos Chinchilla. Pregúntenle a él.

(Los asesores de prensa afirmaron que harían la consulta).

¿Fue un error decir que la Corte no debía pronunciarse cuando ya el texto base contenía esas cosas?
-No me atrevería a decir eso, tendría que cotejar. Sí me parece que el proyecto actual es más pesado que ese.

La duda es, ¿qué hizo que la Corte cambie de criterio si los puntos que a ustedes les preocupan ya estaban contemplados?
No sabría decirle por qué. No tengo idea por qué cambiaron de criterio, en todo caso no es cosa juzgada.

¿Qué lo motivó a cambiar de opinión sobre inhibirse si eventualmente la Sala Constitucional debe conocer el proyecto? (Días atrás no veía razón para separarse).

-Yo pensé que había posibilidad de que presidiera doña Carmenmaría Escoto (la sesión en que se dijo que sí afectaba al Poder Judicial). Luego de ver el informe de don Rodrigo Campos (director jurídico), me pareció que era un asunto tan importante que, como presidente titular, yo debía mojarme en el asunto y presidir. Ya eso me vincula con todas las discusiones y me convierte en actor. Por la alta susceptibilidad que hay en esta materia, yo me tendría que excusar, aunque la consulta todavía no se ha planteado.

Esta idea del servidor público ahora se pone en tela de duda, si está para servirse a sí mismo o servir al pueblo…
-Se presupone que todos ganan un salario que no merecen. El pensamiento que hay es de Estado mínimo, porque lo único que da buenos réditos es que todo se privatice.

¿Eso es lo que usted cree que hay de fondo, una intención de privatizar todo?
-De fondo hay una devaluación grandísima de lo que es público. Tiene que ver con formación en el colegio: qué es la educación cívica, cómo se dieron las garantías, cuál es la importancia de los jueces, etc.

¿Le preocupa que si ese proyecto se aprueba tal y como está los funcionarios judiciales sean menos independientes y haya más corrupción?

-No, cuando cito a Figueres lo dice. El tema no es que haya más corrupción porque ganen menos. Siempre ha habido gente honrada. El tema es tener salarios atractivos para que los mejores sean jueces, fiscales y defensores. Era otra visión, otro país.

Con este tema usted no se ha ganado la simpatía de una buena parte de los diputados, ¿descarta usted una posible reelección?
-Mi intuición me funcionó, vea que con esta actitud que tuve que tomar yo, en función de lo que creo que debe ser, en defensa de la autonomía judicial, yo no puedo esperar que me vayan a reelegir en dos años, no puedo esperar eso, sería iluso, pero yo debo hacer lo que tengo que hacer, acorde a mis valores y conciencia, pero puedo estar equivocado. A lo mejor se requiere que haya menos salarios, que desde el Poder Ejecutivo se diga cuánto debe ganar los jueces, que se evalúen a los jueces. Ese es el otro mundo alternativo. Solo a mí se me ocurre citar a José Figueres (Ferrer), que está bueno para tenerlo ahí arriba en una estatua o para hablar mal de él, porque no era perfecto. Como nací en el 49, casualmente con la Constitución, pues a mí se me ocurrió traer a cuento a un señor que dijera tanto y tan bien sobre los jueces, eso me sorprendió. Lo que dice Figueres sobre el Estado social, uno realmente se queda sorprendido. En otra época había políticos que decían “tener jueces bien pagados es importante”. Hoy la política dice otra cosa.

 

*Colaboró Esteban Hidalgo

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