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Fernando Cruz sobre cárceles: “No faltará quien diga que se tiene que privatizar”

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia se mostró preocupado por la falta de presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz y los efectos que podría tener la regla fiscal en la inversión de nueva infraestructura que atienda a la creciente población carcelaria.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, dijo es necesario investigar el impacto que la regla fiscal podría tener en ya agravada crisis penitenciaria por hacinamiento. 

“Uno puede pensar ¿Cómo se puede resolver esta necesidad?, hay una política creciente de criminalización y una acumulación de personas que son procesadas en el sistema penal pero con una regla fiscal que dice que bajo determinados parámetros no se puede invertir (en infraestructura)”

Cruz dijo que si el Ministerio de Justicia y Paz se encuentra en incapacidad de invertir en las mínimas condiciones de infraestructura para que no se considere tortura “no faltará quien  diga que se tiene que privatizar”.

Estas declaraciones las dio durante la conferencia de prensa sobre el hacinamiento en celdas del OIJ en donde las autoridades del Poder Judicial señalaron al Ministerio de Justicia como el responsable de solucionar la actual crisis en el sistema penitenciario. 

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requirió ¢100 millones de colones en presupuesto extraordinario para atender las horas extras, alimentación y otros que fueron necesarios durante los últimos meses por la crisis de hacinamiento en las celdas. 

Walter Espinoza, director del OIJ, dijo que afortunadamente no han sentido presión de la regla fiscal porque la Corte Plena y otros organismo internos los han apoyado para superar la ‘difícil situación’. 

“De los cálculos que hemos realizado no va a haber un problema o impacto en la policía, médico y forenses, pero sí nos preocupa el tema carcelario, que implica el agotamiento de los funcionarios y que carezca de la capacidad humana para cuando se tengan que atender las audiencias” señaló Espinoza. 

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo algunas inversiones actuales del Ministerios de Justicia y Paz son “precarias” y no responden al crecimiento en la población privada de libertad. 

“Desde el gobierno de Laura Chinchilla, ANEP planteó la necesidad de que se declarara en emergencia al sistema penitenciario nacional y que se hiciera un congreso para ver dónde iba la política de privación de libertad en el país” recordó Vargas. 

El desgaste de las últimas décadas no ha sido solo en infraestructura, aclaró Vargas, tampoco se está renovando personal que no sea policial: “Hace tiempo hay deficit de psicólogos, trabajadores sociales, educadores… yo creo que solo por el compromiso del personal no ha habido una matazón en las cárceles, porque ahí están las condiciones”.

El sindicalista dijo que lo que ha sucedido en las últimas semanas es “la pelea anual por los recortes de presupuesto” pero que la situación lleva décadas acumulándose y que no sería la primera vez que traen a discusión la privatización de las cárceles.

“En el gobierno de Miguel Ángel se frustró la primera cárcel privada del caribe. Fue un negocio fallido de 150 millones de dólares”.

Este SEMANARIO pidió declaraciones de la  Ministra de Justicia y Paz a su equipo de prensa pero al cierre de nota no pudieron atendernos.

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