El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, criticó este lunes un proyecto de ley que pretende imponer a los funcionarios públicos y pensionados una contribución obligatoria de un 25% sobre el monto que exceda el millón y medio de colones sobre sus ingresos, luego de la deducción de renta y cargas sociales.
Cruz aseguró que le llama la atención que sean estos dos sectores los encargados de contribuir más y considera que no hay equidad a la hora de proponer nuevas cargas.
«Ese signo de inequidad requiere una visión distinta de lo tradicional de los últimos siete u ocho años. El sector público parece ser el culpable del déficit fiscal, de la ineficiencia. Hay una injusticia en la forma en la que se les paga, el desprestigio para el sector público ha sido sistemático; debiera existir un abordaje más equitativo y que todos contribuyan, no solo los públicos y los jubilados», dijo.
El magistrado agregó que ya desde el 2018 hubo cambios en detrimento de los ingresos de las personas que trabajan en el sector público, incluida una reforma tributaria. Además, cuestionó el papel de la empresa privada en este tipo de contribuciones.
«El funcionario público tiene que tributar siempre, lo que me parece muy bien, mientras otros sectores, a través de una serie de mecanismos contables, pueden llegar a declarar cero ganancias. Hay empresas, que parecen muy prósperas, que tienen diez años de declarar cero ganancias, ósea que no tributan. Cualquiera de los funcionarios públicos tributa más que esas empresas», afirmó.
Sus palabras fueron respaldadas por la vicepresidenta de la Corte Suprema, Patricia Solano, quien dijo que los empleados públicos son vistos de forma diferente.
«Dentro de la emergencia nacional, de diferente forma y sin tener que estarlo publicitando, cada uno hemos ayudado. Siempre es solo un sector el que tiene que paliar, como si tuviéramos una culpa diferente, que tuviéramos que contribuir de forma diferente a otros sectores del país. La carga tributaria debe ir pareja, podemos contribuir, pero que no seamos solo nosotros», argumentó.
Por su parte, la magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas, encargada de presentar el análisis del proyecto de ley, consideró que la normativa podía ser votada favorablemente por Corte Plena.
«Las normas de aplicación ordinaria ceden ante una situación extraordinaria, siempre que esta sea de manera temporal. En un estado de necesidad, como el del proyecto, la contribución solidaria no compromete la organización y funcionamiento del Poder Judicial, en tanto que se regula de manera temporal y excepcional», explicó.
Finalmente, las personas magistradas votaron, en su mayoría, por no acoger el informe de la magistrada Rojas y oponerse al proyecto. Esta opción tuvo nueve sufragios, con seis a favor de aceptar la propuesta y seis abstenciones por parte de los miembros de la Sala Constitucional.
