La incidencia de la reforma fiscal y las consecuencias previstas de la Ley de Empleo Público, así como proyectos de ley que buscan reformas constitucionales respecto de su funcionamiento, como eliminar la consulta a la Corte Plena cuando una propuesta legal le afecta, son algunas de las principales amenazas al Poder Judicial que señaló el magistrado Fernando Cruz en su discurso de informe de labores.
Cruz concluyó su gestión como presidente de la Corte Suprema de Justicia formalmente el 31 de julio, y en su discurso también se refirió a los problemas sobre la independencia del Poder Judicial que ya ha generado el mecanismo de elección de magistrados y magistradas en a Asamblea Legislativa.
Cruz aseveró que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público “incidieron negativamente” en la independencia y autonomía judicial. Por ejemplo, mencionó que las restricciones presupuestarias inciden en las posibilidades de solventar problemas como la mora judicial.
El magistrado explicó que el Poder Judicial requiere de garantías que solidifiquen su autonomía e independencia en su labor de imponer límites claros y definidos a otros poderes, sin esas garantías “la independencia judicial se convierte en abstracción, discurso ampuloso sin contenido”.
Así, dijo que se ciernen “graves amenazas” y entre otras cosas mencionó los proyectos de reforma constitucional en la Asamblea Legislativa. El primero de ellos (Exp. 20.893) que tal como señaló Cruz, buscó reducir el periodo de las magistraturas de ocho a cinco años y que a reelección requiriera de 38 votos. Aunque se debe anotar que en este caso, el dictamen aprobado por la comisión que lo estudió dejó esos aspectos tal como están vigentes.
El otro proyecto (Exp. 21.386) “pretende reformar el articulo 167 de la Constitución Política, para que la Asamblea Legislativa no tenga que consultar a la Corte los proyectos que se refieran a aspectos administrativos y salariales del Poder Judicial”
Cruz calificó esas iniciativas como “inquietantes”, que buscan un “cambio significativo y desgraciadamente sin una visión histórica, más que con la ideología de cambiar o la idea de que las finanzas púbicas es lo único que interesa y no la institucionalidad”
“Lo anterior evidencia cómo la independencia judicial es frágil”, acotó.
El magistrado insistió en afirmar que el Poder Judicial es “pilar de nuestra democracia”, pero que “no lo será si se estruja su independencia funcional o económica, si se pretende darle órdenes”.
Por ello, reiteró un mensaje que ya ha expresado en sesiones de Corte Plena: “basta una mayoría parlamentaria para que se debilite el poder jurisdiccional, la tentación de reducir la independencia judicial siempre está presente, siempre es posible, porque las reformas renovadoras pueden olvidar la historia”.
“Mi prioridad -dijo- ha sido ejecutar acciones institucionales enfocadas en el fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia administrativa, la lucha contra corrupción, el uso de tecnología en la administración de justicia y afrontar la mora judicial en tiempos tan difíciles como los que vivimos en la pandemia y limitaciones presupuestarias”
Retos
Cruz recordó que cuando ascendió al cargo en agosto de 2018, asumió el compromiso de impulsar las medidas para fortalecer y modernizar el Poder Judicial en cumplimiento de un acuerdo de Corte Plena de octubre de 2017, que dispuso la elaboración de 22 propuestas a cargo de 10 comisiones o grupos de trabajo.
La primera de esas propuestas tuvo que ver con la inquietud sobre la elección de magistrados y magistradas. “Quizás las reformas mas importantes quedaron rezagadas o con propósitos muy limitados”, admitió.
Por ello reconoció que “estamos a medio camino”, pues “a pesar del esfuerzo hecho, la dinámica de Corte, el elevado número de integrantes, impidió que la reforma se pudiera plantear o concretar en un año o dos, cuatro años es mucho tiempo” dijo, pero ello evidencia “las graves limitaciones estructurales que enfrenta la Corte como órgano multifuncional”.
“Nos cuesta mucho renunciar al poder de nombrar con una inconveniente discrecionalidad”, aseveró y citó dos ejemplos de ello.
“Cuatro años han pasado y la Defensa Pública no tiene un reglamento para nombramientos”, criticó. “Lo mismo la Fiscalía, la anterior fiscala general, la señora Navas (Emilia Navas), parecía interesada en la carrera fiscal, pero en la práctica mantuvo alta discrecionalidad en el nombramiento de fiscales que no fueran de primer nivel”.
Cruz también se refirió al tema de la mora judicial y apuntó que para 2021 el circulante final (es decir, casos pendientes) fue de más de 1,3 millones de casos, alrededor de 440 mil ingresaron ese mismo año, “si bien es cierto que fueron más los procesos terminados, como 460 mil, constituye una cifra elevada”, lo cual suma gravedad al hecho de que “la institución cuenta apenas con 1.445 jueces y juezas”.
Sobre el tema, dijo que se vio un “notable” crecimiento de las cifras debido a los procesos de cobro judicial, que representaron un 35% de todos los casos nuevos que entraron el año pasado.
Al abordar ese problema, insistió en que la regla fiscal es “otro condicionante muy grande” que incide “de manera significativa en la mora judicial”.
Entre otras reflexiones, aseveró que “si queremos verdaderamente un cambio en favor de eficiencia y democratización del Poder Judicial, debemos proponer nuevas estructuras de la función política administrativa de Corte, para evitar el naufragio y fracaso de una reforma que pretende mantener una ambiciosa modificación en un recipiente antiguo y obsoleto. Nos cuesta a todos cambiar el lente, siempre se impone la respuesta conservadora pretendiendo hacer lo mismo y lograr mejores resultados. Esta sugerencia la ha hecho el Estado de la Justicia en su III y IV Informe”.
Posteriormente, la Corte Plena fijó el día 16 de agosto como fecha límite para la recepción de postulaciones para suceder a Cruz en la Presidencia, mientras que la elección se realizará el día 29 de agosto.
