Para algunos, Fernando Cruz es un férreo defensor del status quo de la clase gerencial y de los altos salarios en el Poder Judicial. Para otros, es el abanderado de la independencia de los jueces y la voz impopular en tiempos de amenazas al principio de división de poderes.
El presidente de la Corte no se contiene en afirmar que el proyecto de reforma fiscal no es solo una iniciativa de índole tributaria, sino que se trata de una iniciativa que hace cambios importantes de empleo público.
A criterio de Cruz, estas propuestas se vienen gestionando desde hace años mediante campañas de desprestigio hacia lo público, en donde la independencia judicial ya no es una prioridad, mientras exista una urgencia fiscal.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Cruz afirma que las normas que levantan polémica en el Poder Judicial se introdujeron “a quemarropa”, disminuyendo cualquier posibilidad de conversar y debatir estos temas.
¿Cuáles son sus principales observaciones sobre esta reforma fiscal?
-Son varias. En los temas de salarios, no quiere decir que nosotros no pensemos en la posibilidad de establecer limitaciones. Sin embargo, este proyecto que está actualmente en discusión lo mandaron a quemarropa, no nos hicieron consulta antes del tema salarial ni fuimos a comisión.
Usted también ha sido crítico de que el Ministerio de Planificación esté a cargo de la evaluación y alega que vulnera la independencia judicial. (El proyecto establece que toda la materia de empleo público estará bajo la rectoría del Mideplan).
-Si hay algo en lo que el juez es muy susceptible es en su independencia, es por cómo se le valora desde el punto de vista administrativo y disciplinario. Deja abiertas muchas posibilidades.
¿Cómo cuáles?
-Por ejemplo, el Poder Judicial enjuicia a miembros de Supremos Poderes y de clases políticas, de los distintos poderes de la República. Si se le prohíbe a los jerarcas de los otros poderes incidir en cierto tipo de valoraciones a los jueces, con mucha mayor razón ahora. Las normas son muy abstractas, pero eso da lugar a que haya una incidencia.
Quienes defienden el plan fiscal condenan aquello de que los altos salarios son para que los jueces no sean objeto de corrupción…
-En ese tema no me voy a meter. Acá el tema es cómo hacer competitivo frente a abogados que trabajan en lo privado para que la carrera reconozca méritos y resulte atractiva. Quien fija el salario tiene un gran dominio sobre la institución. No parto del supuesto que lo salarial es irrelevante, eso no quiere decir que yo estoy defendiendo los salarios de la cúpula, eso es otro tema que está bajo objeción constitucional.
¿Qué opina de los sectores que le piden inhibirse – en caso de consulta facultativa – por haberse pronunciado sobre este proyecto?
-Siguen insistiendo en una inhibitoria sobre una consulta que no se ha planteado. El asunto más extraño que he visto. Es objetar a un juez sobre un asunto que no se ha planteado.
Los diputados de Restauración Nacional afirmaron que van a enviarlo a consulta.
-Bueno, sí, pero todavía no la han planteado.
Después de esto se vendría una ley de empleo público…
-Ah entonces esta tributaria no es una ley de empleo público. Es decir, que después de esto, que tiene reformas de empleo público, viene una ley de empleo público…
Se dice que este es el primer paso. Otra ley de empleo público podría incidir en el Poder Judicial, ¿qué piensa de eso?
-Bueno, no mucho porque a nosotros no se nos ha planteado nada. Ahora estamos analizando unas normas que nunca nos fueron consultadas en la forma en que están en el proyecto actual. En un plazo de cuatro o cinco días tenemos que analizar algo que debieron consultarnos con mayor ceremonia y pausa.
¿La reforma fiscal y su debate se ha encauzado hacia lo público?
-Se ha devaluado y se ha descalificado todo el tema público. Eso viene de hace años. Se busca un Estado mínimo y unos servicios pagados con el mínimo, es otro modelo de sociedad, antes habían partidos que defendían los sectores medios burocráticos, pero eso es historia pasada.
¿Por qué ha pasado eso?
-Tiene que ver con el tema de la globalización y una orientación a que lo prioritario es lo privado y no lo público. Y una devaluación de que el servicio público lo puede asumir también los centros privados.
Sus adversarios ideológicos dicen que la Corte y los magistrados comen en una mesa aparte y están por encima de todos, ¿qué les dice usted?
-Yo diría que hay que afinar el lápiz para saber qué significa la independencia de poderes y cuáles son las directrices que el Poder Judicial debe acatar en una visión nacional. Decir que el Poder Judicial vive de espaldas a la realidad nacional no es correcto, pero al Poder Judicial se le brindó un 6% del presupuesto, esto no quiere decir que tengamos que tener una visión a espaldas de la realidad nacional. Esa es una objeción general.
En otras épocas era más claro esto de la independencia judicial. El Constituyente lo tuvo muy claro, cuando por ejemplo estableció la regla de que si se incidía en la independencia judicial, había que hacer una consulta. Ahora, parece que debemos acatar ciertas directrices. Puede ser que sí o no, pero el Poder Judicial tiene una independencia particular. No es un poder deliberante. El Poder Ejecutivo se maneja con los diputados del Parlamento, hay una relación. El Poder Judicial es un poder no deliberante, es de control, de enjuiciamiento y determina enjuiciar a poderes altos, medios y bajos.
Antes de que se agudizara el déficit, ¿ha sido responsable el Poder Judicial de un mal manejo de las políticas salariales?
-Nuestro presupuesto tiene cero crecimiento y se emitieron 300 directrices para economizar. Habría que ver cuánta incidencia tienen los salarios del Poder Judicial en el déficit fiscal. Ese tema no lo tengo claro, pero eso no quiere decir que uno piense que los salarios tienen que crecer en forma desproporcionada. ¿Cuánto debe ganarse? Nosotros no hemos hecho ninguna valoración técnica. El tema central es cuánto debe ganar alguien de una institución pública que compite con alguien en el sector privado. Eso se ha hecho conforme a criterios técnicos, lo que han hecho son objeciones cuantitativas, no cualitativas.
¿Qué intereses hay?
-La reforma fiscal es necesaria y los números reflejan, pero tiene que hacerse conforme a lo que dice la Constitución, por ejemplo, consultarle previamente al Poder Judicial en aquellas materias que podrían incidir en su funcionamiento. Tiene que haber una perspectiva de que es un poder que no delibera, se debe consultar y hacerle ver que vienen estos cambios.
Los personeros de la OCDE, incluido un ministro de Finanzas de Portugal que ya vio a su país vivir una crisis económica, dijo que esto se tiene que aprobar a más tardar este año, ¿coincide usted con ese sentido de urgencia?
-Yo no desconozco el tema tributario, pero cómo es que a última hora se incluyen estas normas y no se consultan. ¿La urgencia? Sí puede ser, entonces con urgencia quitamos todos los principios de un Estado constitucional. Nosotros llevamos años con urgencias, todos son urgencias. Eso no significa que esté desconociendo el tema. En función de que pueden surgir temas que tienen que ver con la independencia judicial, entonces, como hay una urgencia, mejor responder que sí y que pase porque hay una urgencia.
¿Usted considera que el remedio puede salir más caro que la enfermedad?
-No, puede ser que para el país la independencia judicial no sea una prioridad. De la boca para afuera se dice que la independencia judicial es muy importante, pero de la boca para adentro no, los años demuestran otra cosa. En función de una urgencia evidente en la reforma fiscal, podríamos debilitar la independencia judicial. Esas son las nuevas prioridades.
Si yo defino los salarios, defino la competitividad. Hay que ver qué va a pasar, puede ser que se necesiten jueces que salgan más baratos, o fiscales que deban ganar menos. Esa sería la visión de quienes creen que hay una urgencia y digan: “hay que economizar”. El país ha cambiado prioridades a diferencia de lo que pasó en el 49.
El tema de la urgencia fiscal parece que ha llegado con éxito a diversos sectores de la población, ¿siente que el mensaje de la independencia judicial se ha logrado instalar con la misma efectividad?
-Puede ser que no. Porque ante una urgencia tan grave, y al vernos en un Estado de necesidad, la gente deja de lado esas formalidades de la independencia y no objetan nada porque hay una gran urgencia. Ese es un razonamiento muy pragmático del ciudadano que yo comprendo. Entender la independencia judicial no es tan fácil.
¿La última crisis de reputación del Poder Judicial le ha restado crédito para defender estos principios?
-El Poder Judicial siempre tiene debilidades. Si usted tiene una campaña sistemática de los últimos cinco años, de destacar algunos privilegios, que existen y hay que revisarlos. El Poder Judicial requiere ciertas garantías, sino, barren con eso. Es como con la prensa.
¿Es la reforma fiscal justa?
-No lo sé, pero vea. Asumamos que los funcionarios judiciales son privilegiados por razones diferentes, pero bueno, hay una gran cantidad de privilegiados que son exonerados de impuestos directos. ¿Esos no son privilegiados? Políticamente yo defino quiénes son privilegiados para incidir en ellos y políticamente yo defino que, otros, aunque sean privilegiados, no deben ser tocados. ¿Cómo es que los únicos privilegiados son los funcionarios judiciales que se ganan con su trabajo diariamente y son personas que dependen de un salario? Hay una gran cantidad de sectores que no pagan impuestos directos y son exonerados. Hay razones buenas o malas para eso. Probablemente no son privilegiados, son necesidades del sistema.
¿Quiénes son esos privilegiados, grupos de interés que lograron torcer brazos en la Asamblea?
-No sé si torcieron o no el brazo, pero no hay duda de que hay un sector muy grande que goza de exoneraciones. ¿Serán privilegiados o no? No lo sé, pero no hay duda que hay una diferencia de un grupo de ciudadanos que sí pagan impuestos con empresas y grupos que no los pagan. Las razones Estado para eso son variadas, pero para las razones de Estado esos no son privilegios, y sí son privilegios que se paguen determinados salarios a personas que trabajan en el Poder Judicial. Esas son las prioridades políticas.
¿Es injusta?
-No creo que sea injusta. Lo que creo es que responde a valoraciones políticas. Esas son valoraciones del Parlamento y el Poder Ejecutivo. No creo que sea injusta per se. Pero me llama la atención que hay sectores exonerados de pagar impuestos. Lo comprendo bien.
¿Cuáles sectores?
-Hay muchos, no sé cuáles, pero hay un sector importante que recibe exoneraciones.
Usted dice que hay cambios salariales en el Poder Judicial que se pueden hacer, ¿por qué no se hicieron antes de que el peso de la reforma fiscal los castigara de esta forma, con menor margen para deliberar?
-No sé las razones. Estas cuestiones surgen a quemarropa, son importantes, pero no fueron consultadas oportunamente ni hubo conversación ni nada.
Pero, ¿usted como magistrado desde hace años, vio intenciones de que estos cambios se dieran de manera voluntaria?
-Sí claro, hace un mes le dimos la misión a don Fernando Castillo de revisar el tema de salarios, porque él lo pidió desde hace meses. Se le pidió que hiciera una valoración. Yo creo que un autoexamen en un Estado de derecho es lo que corresponde.
Me refiero a que si antes de toda esta coyuntura fiscal, ¿desde la Corte se ha promovido recortes a los salarios e incentivos?
-No, nunca se había promovido, porque nunca se había planteado una reforma. En todo caso, yo no sé cuánto será la responsabilidad de los salarios del Poder Judicial en el déficit fiscal.
Usted todavía valora inhibirse en caso de que llegue la consulta que anuncian los diputados?
-Tengo que valorarlo aún.
