La Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetrom) presentó el pasado lunes una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) y del decreto ejecutivo N° 41641 –H (reformado por N° 43589-H), que reglamenta esa ley.
También impugna por supuesta inconstitucionalidad la interpretación que realizan los órganos de fiscalización financiera presupuestaria al artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (8131).
“La interpretación e irretroactividad que sostiene el Ministerio de Hacienda a estas normas, que está generando una paralización institucional de las federaciones de municipalidades en general y de la Federación Metropolitana de Municipalidades en particular, concretamente en la ejecución de sus presupuestos públicos para efectos de atender las obligaciones, compromisos legales y la atención de los fines públicos institucionales, entre otras cosas, la imposibilidad de pagar salarios y las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social”, señala la solicitud de Femetron.
La entidad argumenta que, a inicios de 2022, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) indicó que el monto de gasto corriente y de gasto total máximos a ejecutar en el año 2022 para el cumplimiento de la regla fiscal es de ₡136.73 millones, con lo cual el ente elaboró su presupuesto y planificación operativa.
No obstante, el 28 de julio de 2022 la STAP informó que, tras una reforma al Decreto N° 41641 –H, el nuevo máximo de presupuestario de gasto corriente y total para el año 2022 sería de ₡73,38 millones.
“Cuando habíamos ejecutado aproximadamente la mitad de nuestro presupuesto, el Poder Ejecutivo cambia las reglas del juego y nos impide ejecutar el resto de recursos, con lo cual generan una paralización funcional y presupuestaria de nuestra entidad, aplicando en forma retroactiva una nueva norma contra una situación consolidada”, manifestó Femetrom.
La Federación explica que, desde agosto, no han podido pagar sus propios gastos ordinarios, como salarios, recibos telefónicos, servicios públicos o las cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Lo anterior, pese a tener los recursos efectivos para hacer frente a esos gastos.
La entidad explicó que se están generando trastornos funcionales en instituciones que “nada tienen que ver con los problemas fiscales del Gobierno y del Presupuesto Nacional”, puesto que ellos no reciben ninguna transferencia de este.
Asimismo, señalan que otro problema es provocado por “la interpretación errónea de que no se pueden utilizar ingresos de superávit libre en gastos ordinarios”, ya que esto imposibilita que puedan utilizar los recursos que ingresan durante el año, en forma de cuotas atrasadas por parte de sus agremiados:
“Nos indican que podemos invertir en materiales y equipo, cuando ni siquiera podemos continuar alquilando una oficina para la institución, o pagar los salarios básicos o las cuotas obrero-patronales”, manifiesta el ente federativo.
Ante todo esto, Femetrom también solicitó la aprobación de una medida cautelar provisionalísima de manera que se desaplique la interpretación y aplicación retroactiva de los artículos 2, 3, 5, 22 y 25 del Decreto N° 41641 –H y se suspenda la prohibición que estableció la Contraloría General de la República de utilizar los recursos del superávit libre, así como la aplicación de la regla fiscal a las federaciones municipales.
