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Familias indígenas en China Kichá enfrentan amenaza de desalojo por cuestionada resolución judicial

Indígenas cabécar enfrentan orden de desalojo para el próximo 28 de setiembre, que violentaría los derechos humanos de los pueblos originarios, afirman.

Dieciséis familias indígenas del pueblo cabécar enfrentan una amenaza de desalojo de la finca recuperada Kono Jú, donde viven, debido a una resolución de un tribunal agrario. Esta es la primera vez que un tribunal resuelve que personas indígenas deben de abandonar una finca dentro de su propio territorio, que es China Kichá, en la zona sur del país.

Sin embargo, tanto el Viceministro de la Presidencia en Diálogo Ciudadano, Randall Otárola, como las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), dijeron que no pueden interferir con la decisión del Poder Judicial y que están impedidos de actuar en forma alguna.

La finca Kono Jú, que significa tierra de tepezcuintles en cabécar, queda en Pérez Zeledón, camino a la localidad de Pacuar, cerca de San Antonio La Amistad.

Efraín Fernández, indígena cabécar recuperador de la finca junto con otras 16 personas, contó a UNIVERSIDAD que el grupo ingresó a la finca que mide alrededor de 250 hectáreas el 25 de mayo de 2019 e inmediatamente empezaron a sembrar la tierra, que había estado dedicada a la ganadería extensiva. Ya han sacado dos cosechas.

“Ahorita tenemos sembrado arroz, maíz y frijoles, apenas para esta época, algunos tienen 1 mes de sembrado, están pequeñitos”, dijo Fernández. Las familias construyeron sus ranchos con palmas y
palos del terreno, siguiendo sus tradiciones, agregó.

Caso aún está en tribunal agrario

Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, explicó a este medio que el terreno, que está dentro del territorio indígena de China Kichá, estaba usurpado por un Ángel Marín Espinoza que se dedicaba a la ganadería y puso de nombre al lugar Hacienda La China R y L S.A.

En 2019 el hombre interpuso una demanda ante un tribunal agrario, con el que pretende que se aclare a nivel jurídico quién es el verdadero dueño de la finca. Esto se tramita bajo el expediente 19-000033-1555-AG – 0. Los recuperadores y su representación legal contestaron la demanda. Luego, el finquero solicitó una medida cautelar anticipada ante un Juzgado en Buenos Aires, de Puntarenas, para que mientras se resuelve el juicio, se le restituyera la posesión del terreno y le dejaran volver a entrar a la finca para desarrollar la ganadería intensiva.

El 7 de octubre de 2019, ese Juzgado de Buenos Aires rechazó la medida cautelar porque dice que permitirle que meta el ganado sería como resolver por el fondo el asunto y adelantarse a la resolución del juicio.

“La pretensión cautelar solicitada tiene los mismos efectos que una sentencia estimatoria, que es la restitución de la posesión y en esos términos no puede anticiparse a ese pronunciamiento. Las medidas cautelares no pueden bajo contexto alguno resolver el fondo del asunto. Se declara sin lugar la medida cautelar solicitada”, se lee en dicho documento.

El finquero, y su abogada especial Thais Vidal, apelaron ese rechazo y ahora un tribunal agrario del Segundo Circuito Judicial de San José les dio la razón.

Según el voto N° 288-F-2020 del 27 de marzo de 2020, “se acoge la medida cautelar solicitada por la parte actora y deberán los codemandados poner en posesión del fundo a la actora con la finalidad de que siga realizando la actividad agraria productiva que ha venido desarrollando, hasta que se resuelva por el fondo el presente asunto”.

Responsabilidad del Poder Ejecutivo y Judicial

Para Gustavo Oreamuno, “el fallo padece debilidades y contradicciones; significa la expulsión de los recuperadores, volver al estado anterior a que empezara el proceso judicial y prácticamente se está adelantando criterio por parte del tribunal”.

“Los compañeros tienen el terreno sembrado con maíz, yuca, frijoles, arroz y ya sabemos que el ganado destruiría todos estos cultivos que con tanto sacrifico, esmero y voluntad han venido sembrando las y los compañeros”, expresó el activista.

De acuerdo con los recuperadores y la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de China Kichá, el Poder Ejecutivo no hizo lo que tenía que hacer para frenar esta situación que puede violentar los derechos humanos de los pueblos originarios. En su criterio, el Poder Ejecutivo debía impulsar una medida conciliatoria o proceso de expropiación o desalojo administrativo; y empezar la implementación real en el terreno del Plan RTI (para la Recuperación de los Territorios Indígenas).

Los recuperadores y sus representantes legales interpusieron el miércoles un recurso legal para tratar de dejar sin efecto la medida cautelar de desalojo.

UNIVERSIDAD consultó al Viceministro de la Presidencia en Diálogo Ciudadano, Randall Otárola, sobre esta situación desde el martes, sin obtener respuesta. El miércoles en la tarde, el viceministro emitió un comunicado y un video, en el que declaró:

“Esta es la primera vez que un tribunal define que personas indígenas deben de abandonar una finca dentro de su propio territorio, a pesar del entendimiento del derecho colectivo de las propiedades en los territorios. La puesta en ejecución de esta sentencia dificulta el cumplimiento de sus derechos y sienta un precedente en cuanto a su protección“.

Para Otárola, la argumentación en el Voto No. 288-F-2020 “es contraria a la jurisprudencia internacional en la materia” porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido reiteradamente en el derecho de los pueblos a sus tierras, señalando que “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura”. “Colocar una actividad agrícola por encima del derecho indígena a las tierras dentro de un territorio reservado para ellos, es contrario a la perspectiva que debería de primar en estos casos”, añadió.

No obstante, Otárola dijo que no podía intervenir. “Ante este proceso, en el cual el Poder Ejecutivo no es parte, la definición de la posesión de la propiedad es facultad del Poder Judicial, por lo que cualquier decisión no puede ser interferida por ninguna institución fuera de este poder”.

Este medio también consultó a la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial; pero no se obtuvo respuesta antes de la hora de cierre.

Inder afirma que no puede actuar

Los recuperadores y sus representantes legales también llamaron la atención del Inder y aseguraron que sus funcionarios están obligados por ley a ser parte de estos procesos judiciales donde se ventila disputas de territorios que pertenecen a pueblos indígenas. Citan la Ley Indígena 6173 y la Ley de Jurisdicción Agraria Ley 6734.

“Desde ahí el Inder puede demostrar que el título de propiedad que tiene ese señor es inválido, aclarar la situación jurídica de esos terrenos y puede ejercer otro tipo de potestades judiciales que garanticen los derechos del pueblo cabécar de China Kichá”, destacó Oreamuno.

UNIVERSIDAD consultó al Inder, que respondió mediante su oficina de prensa que “el desalojo se encuentra ordenado por una autoridad judicial que se encuentra firme sin posibilidad de ulterior recurso, por lo que, en el marco está dentro de las competencias del Inder y la legislación nacional, la institución se ve impedida de accionar de alguna forma”.

Con respecto a lo de apersonarse al proceso judicial, indicaron: “Desconocemos a cuál norma se refiere” y agregaron que “el Inder, mediante el Plan RTI, se encuentra ejecutando la obligación que le corresponde conforme al artículo 5 de la Ley Indígena, la cual le otorga la una única competencia de reubicar a los ocupantes de los territorios indígenas cuando así lo soliciten, o bien, realizar los estudios y trámites de expropiación e indemnización conforme a la Ley de Expropiaciones”.

Al solicitar detalles sobre el avance de la implementación del Plan RTI, se detalló que dicho Plan consta de 7 actividades principales que se deben llevar a cabo en cada territorio y que en el caso específico de China Kichá ya se terminaron las actividades de la 1 a la 5 y están iniciando la actividad 6 con el inicio de procedimiento administrativo ordinario para 6 propiedades.

La historia de un territorio de 7.500 hectáreas

En los últimos dos años se han realizado cuatro recuperaciones de tierras en China Kichá. “Prácticamente la totalidad de China Kichá estaba en manos de personas no indígenas, lo cual es totalmente ilegal y prohibido por la legislación nacional e internacional; y por diferentes procesos de violencia, corrupción y otras formas de ilegalidad, varias personas se adueñaron de la totalidad del territorio”, señaló Oreamuno.

Según contó el indígena Efraín Fernández, después de que recuperaron Kono Jú, fueron atacados el 7 de marzo de 2020.

“Fuimos atacados por más de 100 personas en las cuatro recuperaciones. Nos quemaron todo, tuvimos una destrucción total, primeramente en la naturaleza, nos quemaron los bosques, la finca, los ranchos, habíamos conseguido una manguera para sacar agua de la naciente que está dentro de la finca y como nos quemaron la manguera ahora jalamos el agua en pichingas y galones”, relató Fernández.

El hombre contó que su abuelo materno fue uno de los primeros cabécares en llegar a China Kichá “cuando era un lote baldío y no tenía dueño”. “Cada uno agarró su terreno y así se formó el territorio indígena en los años treintas”.

Chína Kichá fue definido como territorio indígena en 1957. Sin embargo, las tierras empezaron a ser fueron usurpadas de forma ilegal y en 1982 se eliminó esa declaratoria.

“Los terratenientes llegaron y comenzaron a sacar a los indígenas, ellos tenían miedo, los amenazaron y los engañaron, firmaron traspasos. En 2001 nos devolvieron las tierras de nuevo. Pero en los ochentas esto era de 7.500 hectáreas y cuando las devolvieron sólo tenía poco más de 1.000 hectáreas”, dijo Fernández.

El decreto ejecutivo 29447-G del 21de marzo del 2001 restituyó la declaratoria de China Kichá como territorio indígena.

Según consta en el expediente judicial de este caso, el 18 de febrero de 1976 la finca recuperada fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO); hoy Inder.

El viernes 25 de setiembre a las 3pm se realizará el conversatorio «¿Qué está pasando en China Kichá? Recuperación de tierras y acciones ante el riesgo de desalojo», en el que participarán Efraín Fernández y Doris Ríos. Lo puede ver mediante la página de Facebook de Kioscos Socioambientales.

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