Las familias productoras que participan en el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP) perdieron más de ¢11.300 millones en ventas del Estado en el 2021 que abastecieron en años anteriores por el límite a la compra de alimentos que impone la regla fiscal y la disminución de demanda de algunos clientes institucionales.
El PAI atiende a 37 clientes institucionales comprando alimento a 394 agroempresas de las cuáles el 90% son micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en todas las regiones del país que representan a cerca de 30 mil familias productoras.
Las ventas al Estado intermediadas por el PAI alcanzaron los ¢101 mil millones en 2020, un crecimiento de más del 300% si se compara con el 2014. Este aumento ha sido posible, principalmente, porque el artículo 9 de la Ley 2035 establece que las instituciones del Estado deben comprar exclusivamente al PAI.
Sin embargo, en el 2021 las ventas cayeron a ¢89 mil millones a raíz del impacto de la regla fiscal en los clientes institucionales y en el CNP, de la cual estuvieron exentos durante la pandemia por ser una institución que atendía la emergencia nacional. Una vez aplicada la ley lo primero que se vieron obligados a frenar fue el crecimiento en la atención de los centros educativos, su principal cliente, un mercado en el que crecieron de forma constante en los últimos años.
“La disminución es por la regla fiscal y más se va a concentrar en el 2022, porque no nos permite crecer (…) tenemos que cercenar un poco el mercado para ajustarnos al tope que nos permite la regla fiscal” explicó Oscar Quirós, director de mercadeo del CNP.
A partir de que empieza a aplicar la regla fiscal, el programa empezó a rechazar ventas para cumplir con el tope que exige la ley, lo que además frenó el crecimientos de cientos de pequeñas y medianas empresas agrícolas que dependen de este mercado cautivo para sobrevivir ante las grandes cadenas de supermercados y otros importadores de productos agrícolas.
“Nosotros como institución autónoma no recibimos transferencias del gobierno central, tenemos que ser autosuficientes, pero la implementación de la regla fiscal nos frena y hemos tenido que retroceder en ventas y rechazar clientes porque el presupuesto no nos va a alcanzar para comprar los alimentos” aseveró Ángel Jiménez, presidente del CNP.
Esto se debe a que la partida de compra de alimentos se clasifica en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -conocida como regla fiscal- como un gasto y se le impone un límite de crecimiento lo que le impide al programa comprar los alimentos que instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad demandan.
Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública compraba agua embotellada de pymes alrededor de todo el país por medio del PAI pero el Jiménez confirmó dejaran de comercializar este producto, y otros alimentos que demandan los hospitales, para cumplir el tope de 1,96% que establece la ley para la partida.
CNP propone y la futura asamblea decidirá
El CNP presentó un proyecto de ley en agosto del 2021 para que la partida de compra de alimentos, y la de alcohol industrial de la Fanal que sufre el mismo inconveniente, sean exentas de la regla fiscal para que las ventas puedan seguir creciendo y que se inscriban más productores nacionales
Según el presidente del CNP Ángel Jiménez, el proyecto le permitiría a las empresas estatales tener ‘libertad de producción industrial’, pero ha tenido un ‘avance mínimo’ en el plenario por lo que quedará en manos de la futura Asamblea Legislativa.
“El proyecto fue asignado a la Comisión de Asuntos Hacendarios, nosotros hubiéramos preferido que fuera asignada a otra porque en contexto de déficit fiscal que vive el país tiene que atender muchos proyectos y eso no le permitió avanzar con mucha rapidez al que propusimos” agregó Jiménez.
El jerarca dijo el límite a estas partidas pone en una situación ‘difícil’ al CNP y al sector agropecuario nacional porque van a tener menos ingresos para responder a sus responsabilidades y porque frena el crecimiento de cientos de agroempresas suplidoras de productos que cuentan con el mercado estable que garantiza el PAI.
