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Familia Viales sostiene cuestionada red de poder con presunta liga al narcotráfico

Causa penal donde figura regidor de Corredores también despunta acusaciones por vínculos de alcalde Carlos Viales con presunto narcotraficante; trabas y nombramientos a dedo en Municipalidad; así como una larga historia de problemas desde el Sur del país

La reciente vinculación del regidor liberacionista José Bernabé Chavarría Hernández a una investigación sobre narcotráfico, fue el primer detonante para nuevas, y viejas, acusaciones en las que figuran el alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, así como otros cercanos a su familia en el Sur de Puntarenas.

Investigado como presidente del Concejo de Corredores, Chavarría Hernández es representado por el abogado Edwin Duartes Delgado, quien también es presidente de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).

Duartes respalda a Chavarría en la causa penal 19-000004-0822-PE que persigue la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos por narcotráfico y legitimación de capitales, operaciones ligadas internacionalmente al Clan del Golfo.

Hasta ahora, esta causa sujeta a Chavarría Hernández a un mínimo de medidas cautelares que son lo suficientemente laxas como para que continúe presidiendo el Concejo de Corredores de forma virtual.

Es el único sujeto político involucrado oficialmente, aunque circula una denuncia anónima que menciona cooperación del alcalde Viales Fallas para trabajos en beneficio de una propiedad de Darwin González Hernández (alias Pancho Villa).

Este último sujeto fue aprehendido el pasado 6 de abril durante un operativo múltiple del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La penetración del tráfico de cocaína y el crimen organizado en la Zona Sur, ahora es tema de investigación en la Asamblea Legislativa (ver nota “Red Viales traspasa Asamblea Legislativa, Judesur y su relación con Gobierno”), donde el alcalde Viales Fallas mantiene relación filial con el diputado Gustavo Viales Villegas, su hijo menor.

Entre otros, testimonios y documentos ofrecidos a este semanario señalan a Viales Fallas como responsable de decisiones arbitrarias “a dedo” dentro de su Municipalidad, así como actor en una red de relaciones familiares entretejida entre múltiples cuestionamientos.

Viales Fallas no respondió llamadas, mensajes de texto ni correos electrónicos para este artículo.

CARLOS VIALES: DE JEFE DE MIGRACIÓN A ALCALDE DE CORREDORES

Carlos Viales labora para la Dirección General de Migración y Extranjería desde 1994, según certificó esta institución para UNIVERSIDAD.

Su último cargo fue como jefe del puesto de Paso Canoas, en la frontera con Panamá. Desde el 2016 y hasta abril del 2024, goza de una “licencia sin goce de salario”, por su cargo como alcalde de Corredores.

Para su campaña electoral, y la de su hijo Gustavo como diputado, una denuncia anónima acusa que “don Darwin a prestado (sic) su colaboración, como buen comerciante llegado el momento ha pedido la devolución de lo invertido”.

Presuntamente, este “ cobro” beneficia a los negocios utilizados para legitimar capitales por Darwin Hernández (por ejemplo, una planta embotelladora de agua).

La denuncia—enviada a medios de comunicación, Fiscalía y Contraloría General durante el jueves 15 de abril— acusa a Viales de usar maquinaria y funcionarios contratados por la Municipalidad para trabajos en un camino y un puente en la Finca de Río Nuevo, propiedad de González (“podría estar costando unos 75 millones de colones”, acusa el documento).

A Viales se le señala, asimismo, de obstaculizar la labor de jefes municipales con nombramientos (se intentó contactar por teléfono al ingeniero Robert Fernández, mencionado como uno de los funcionarios que asistía a la construcción en la finca de Darwin, no contestó). Sobre una lista de peones, la denuncia dice que “tenían prohibido decir a los otros compañeros donde estaban trabajando” y que, por ello, ni siquiera marcaban tarjetas.

En su historial en Migración, figuran cuatro causas administrativas contra Viales Fallas: dos en las que fue exonerado de sanción; una de ellas archivadas y la última, vinculada a un caso también penal por hostigamiento sexual por el que se tramitó su despido (aunque fue anulado, el caso tuvo sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el 2013, donde fue sancionado el Estado a pagar costes a la mujer víctima del caso).

“Habían varios casos de denuncias por comportamientos. Uno tenía que ver con sellos, con lo que se estampa la autorización entrada y permanencia de extranjeros en el pasaporte.

En el proceso de profesionalización policial, con una reforma, don Carlos Viales estaba bastante molesto conmigo. Había tal desorden que cuando yo llegué había gente administrativa era jefa de policías, él era jefe de Paso Canoas y tenía, a cargo, personal policial.

Íbamos a cambiarlo de puesto”, explicó la exdirectora de Migración, Kathya Rodríguez. Rodríguez suma que, durante su gestión (2010 a 2012) conoció al ahora diputado Gustavo Viales como asesor del exdiputado verdiblanco Olivier Jiménez (este dato fue confirmado por Viales).

De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, Jiménez está casado con la hermana de Carlos Viales, Flor (conocida como Ana Patricia).

Adicionalmente, su hija Andrea Patricia Jiménez contrajo matrimonio en el 2001 con Adán Castro, hijo de la exalcaldesa del mismo cantón, Xinia Contreras y Alvin Castro, director regional de servicios médicos de la CCSS en la Región Brunca.

En años anteriores, cuando Jiménez era diputado, la legisladora Carmen Muñoz solicitó investigarlo por supuestos nexos con grupos narcotraficantes.

Además, la CCSS denunció a Jiménez por enriquecimiento ilícito pues una empresa asociada con él habría brindado servicios de alimentación al Hospital de Ciudad Neilly, aun cuando al diputado le alcanzaban las prohibiciones propias del cargo.

CON MEDIDAS CAUTELARES, BERNABÉ CHAVARRÍA PRESIDIÓ CONCEJO

Testimonios que solicitaron anonimato y conversaciones con la regidora Katherine Rodríguez describen que la cercanía es mucho más evidente entre VialesFallas y el regidor Chavarría Hernández. “Como él es el Presidente (del Concejo), también es quien acompaña al Alcalde en muchas gestiones con instituciones públicas y ministerios.

Él es quien asiste a más actividades con el alcalde”, afirmó Rodríguez a UNIVERSIDAD en una entrevista que se amplía en la nota “Manejos poco transparentes ponen a la Municipalidad de Corredores bajo investigación”.

En una rueda de prensa del pasado 13 de abril, una semana después de las redadas del OIJ contra el presunto grupo de narcotráfico, el diputado Gustavo Viales admitió que, durante esa misma Semana Santa, visitó un condominio vinculado a Darwin Hernández para recoger documentos y una llave maya que envió Bernabé Chavarría (esta es una de las eventualidades que detonó en la conformación de una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa).

Pese a las medidas cautelares impuestas a Chavarría por el Juzgado Penal, en relación con la causa 19-000004-0822-PE , el pensionado agrónomo y presidente del Concejo Municipal de Corredores se presentó a sesión el pasado lunes 19 de abril y, además, la presidió.

Sharon Hernández, vocera del Ministerio Público explicó que a pesar de que esa entidad “solicitó prisión preventiva en contra de Chavarría (…) el Juzgado Penal no ordenó alguna medida cautelar que le impidiera ocupar cargos públicos, por lo que el sospechoso no cuenta con alguna restricción para continuar con sus labores”.

Además de contar con monitoreo electrónico, Chavarría tiene impedimento de salida del país, debe presentarse a firmar una vez al mes y mantener un domicilio fijo, explicó.

La secretaria del Concejo, Sonia González informó que no se ha recibido ninguna notificación sobre el proceso penal y que es sólo por los medios, que saben de las medidas cautelares. “Yo no sé cuál es el alcance de eso.

La Corte no ha notificado absolutamente nada para que tenga impedimento para ver o asistir a sesiones.

Nadie ha notificado absolutamente en este Concejo y para nosotros él es el Presidente municipal”, dijo. Carlos Viales, alcalde de Corredores y quien según fuentes confidenciales a lo interno de la municipalidad, había estado ausente en días pasados, también se incorporó a la reunión.

En dicha sesión se discutió y aprobó una modificación presupuestaria así como un presupuesto extraordinario. Estos trámites fueron enviados con poco tiempo para su estudio, en contra de lo establecido por el Código Municipal, según denunció la socialcristiana Katherine Rodríguez. “Es una práctica común”, dijo la regidora.

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