Dos miembros de la familia Quirós figuran entre los principales compradores de bonos de deuda política reportados hasta la fecha en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El vicepresidente de la Junta Directiva de Purdy Motor, Javier Quirós Ramos de Anaya y su sobrino Amadeo Quirós Marten reportan la adquisición de certificados de cesión por más de ¢177 millones en tres partidos: el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Javier Quirós no solo es el principal comprador de bonos del PLP, con montos por más de ¢147 millones, sino también es la persona que más ha donado en la actual campaña presidencial. Según reportó el diario La Nación: donó ¢32,8 millones al candidato Eliécer Feinzaig, del PLP.
Amadeo Quirós Marten es el hijo de Amadeo Quirós Ramos de Anaya, presidente de Purdy Motor desde el año 2020. Quirós Marten también es fundador de la incubadora empresarial Caricaco que entre otros emprendimientos apoya a Dint, Siku, Sucanje y Delfino Medios, según su página web.
Los bonos de deuda política, o certificados de cesión, son un mecanismo legal de financiamiento de los partidos políticos con riesgo de pérdida total o parcial para quienes los compran o los reciben como medio de pago durante las campañas.
El valor del bono, y la potencial pérdida para quien lo sostiene, depende del resultado que obtengan los partidos políticos en las elecciones. Por ejemplo, los bonos de partidos políticos que no superen el 4% de los votos válidos o un diputado no obtienen ningún valor.
Para las actuales elecciones 21 de los 25 partidos emitieron bonos de deuda por un monto total que asciende a los ¢46 mil millones. Sin embargo, el Estado solo cuenta con ¢19.970 millones para el pago de deuda pública, de los cuales ¢2.950 millones son repartidos de forma equitativa como financiamiento adelantado.
Partidos ofrecen ¢46 mil millones en bonos, pero Estado pagará menos de la mitad
El mecanismo de captar recursos por medio de bonos de deuda política es criticado por generar una distribución desigual de dineros, concentrar la compra en dos bancos privados y facilitar donaciones encubiertas.
El monto total de bonos de deuda se reparte entre alrededor de 68 mil certificados en venta, aunque a la fecha el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo tiene reportes de colocación de bonos de ocho partidos. Estas inversiones se consideran de alto riesgo por los bancos públicos, quienes desde hace varias elecciones no participan en el mercado de bonos.
Además de los miembros de la familia Quirós, otras 30 personas sostienen certificados de cesión de estos partidos políticos. Entre ellas varias candidaturas a diputación del mismo partido al que compran como Luis Diego Vargas del PLP, Carlos Federico Pardo del Partido Unidos Podemos (PUP), Carlos Araya Guillén del PRSC, el alcalde de Belén, Horacio Alvarado y la vicealcaldesa, María Marta Carballo Bogantes del PUSC, Gerardo Gutierrez de Fuerza Nacional, Cyndy Solís del PRSC y Moisés Porras del PUP.
El presidente de la Asociación Cámara Nacional de Autobusero para el periodo 2017-2018, José Alfredo Campos Salas, tiene bonos por ¢400 mil del Partido Unidos Podemos de la candidata Natalia Díaz, y el PUSC colocó bonos por ¢11 millones con el abogado y socio del bufete Zurcher Odio & Raven, Douglas Soto Campos.
También figuran en el Republicano Social Cristiano, el expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, con bonos por un monto de ¢550 mil colones, cuyo detalle dice “Pago de facturas alquiler Episcopal” y su yerno, Jorge Garita Medrano con ¢2 millones.
Medios y bancos entre las personas jurídicas
El Partido Nueva República (PNR) y el Partido Liberación Nacional (PLN) reportaron al Tribunal la colocación de un único certificado de cesión de deuda política, cuyo beneficiario es Consultores Financieros COFIN SA. Ambos registros son el resultado de fideicomisos formalizados por los partidos para la actual campaña: en el primer caso el banco agente fue el BCT y en el segundo Promérica.
BCT y Promerica mandan la fiesta electoral con la compra de bonos de deuda política
Solo dos bancos privados concentran el 80% de los bonos liquidados de deuda política, o certificados de cesión, en la campaña del 2018 y son los únicos que han formalizado créditos por medio de fideicomisos para estas elecciones, según datos de la Tesorería Nacional.
El Presidente de COFIN es Mario Gómez Pacheco, quien también es asesor y vocero de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). El tesorero de la sociedad es Eric Montero Pochet, el fiscal es Jose Antonio Hidalgo Marín y el secretario, Danilo Zamora Méndez.
La ABC ha tenido un papel protagónico contra los cambios propuestos en la Ley de Usura, que puso topes a los intereses cobrados en tarjetas de crédito y las comisiones de datáfonos que deben cobrar los comercios por usar esa tecnología.
Los fideicomisos funcionan como un vehículo financiero que facilita la administración de recursos privados separando a los dueños del patrimonio de las decisiones administrativas, explicó el economista Fernando Rodríguez a UNIVERSIDAD.
“Por ejemplo, los bancos que actúan como fiduciarios administradores no registran como patrimonio propio los recursos de los fideicomisos que son administrados”, agregó.
Ante la sospecha de que por medio de este vehículo se administrarán fondos “mal habidos” la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal ordena el registro final de los beneficiarios en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales; sin embargo, los nombres no son de acceso público por ser considerado “información sensible” por la Sala Constitucional.
Además de la cesión de deuda por medio de fideicomisos, también se permite la entrega de bonos como medio de pago a sociedades que representan medios de comunicación a cambio de pauta publicitaria.
Por ejemplo, en las pasadas elecciones el Partido Repúblicano Social Cristiano (PRSC) cedió alrededor de ¢139 millones en deuda política al periódico La Extra (Sociedad Periodística Extra Limitada), ¢120 millones a Repretel (Representaciones Televisivas Repretel S.A.) y¢72 millones a Teletica (Televisora de Costa Rica S.A.).
Para estas elecciones el PRSC ya colocó certificados de cesión por un monto de ¢40 millones en la Asociación Cristo Visión Canal 31 católico, un medio de comunicación que se define como de “orientación cultural, social y espiritual para Costa Rica y el mundo” y otros ¢40 millones en la Cadena Radial Costarricense.
Un modelo de financiamiento “perverso”
El Tribunal Supremo de Elecciones ha señalado en varias instancias que los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento “perverso” porque genera condiciones de inequidad entre los partidos políticos durante la elección, al condicionar el financiamiento a “las expectativas de apoyo popular”.
Además porque “la existencia de los certificados de cesión facilita las donaciones encubiertas e, incluso, podría propiciar la penetración de las agrupaciones políticas por el crimen organizado”, según explicó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Agrega que por esta razón el Tribunal “ha insistido ante diversas instancias estatales (judiciales y legislativas, particularmente) sobre la pertinencia de eliminar estas figuras de financiamiento y ha reiterado la necesidad de migrar a mecanismos de financiamiento público equitativos, que permitan disminuir los riesgos asociados a los certificados de cesión, como el establecimiento de franjas electorales y el fortalecimiento del adelanto de la contribución estatal”.
