Falta de inversión pública en vivienda es tierra fértil para las cuarterías

A falta de opciones habitacionales procuradas por el Estado, las poblaciones más vulnerables se ven obligadas a vivir en tugurios y cuarterías

La cantidad de dinero que el Estado invierte en viviendas de interés social no alcanza la velocidad con la que aumenta la población y con la que se deterioran las edificaciones. Esto resulta en un déficit habitacional que empuja a familias con muy pocos ingresos a hacinarse en cuarterías y tugurios, que hoy más que nunca son un peligro para sus vidas.

Si bien el año pasado se otorgaron 12.844 bonos de vivienda (1.383 más que en el 2018), la cantidad de personas que viven en casa deterioradas, tugurios y cuarterías sigue aumentando, afirman las autoridades.

El número de bonos de vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) ha crecido paulatinamente, pasando de 10.867 en el 2015 a 11.461 en el 2018. No obstante, el crecimiento poblacional, el deterioro de las casas y las tasas sostenidas de pobreza han incrementado la necesidad de soluciones de vivienda.

Al no existir opciones suficientes, dueños de edificaciones, casas, tiendas, bodegas y oficinas -que ya no se usan para lo que se construyeron- han encontrado un lucrativo negocio en dividirlos en pequeños espacios y alquilarlos a las familias más pobres del país.

Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, indicó que, aunque se hacen esfuerzos por hacer un uso eficiente de los recursos, no siempre son suficientes para atender la totalidad del déficit habitacional. También puntualizó que buena parte de la población de cuarterías “no califica para recursos del sistema financiero para la vivienda”, pues estos están dirigidos por ley a familias y no a personas solas.

La jerarca consideró que, en el futuro cercano, la situación empeorará y habrá menos recursos disponibles para vivienda, al tiempo que aumentarán la pobreza y el desempleo, provocando un déficit habitacional aún mayor. Sin embargo, dijo, la institución se prepara para aplicar políticas que permitan “rendir” estos recursos lo más que se pueda y atender a las personas más vulnerables.

Poblaciones invisibles

Marcelo Solano, director de Seguridad y Policía Municipal de la Municipalidad de San José, explicó que, si bien el mapeo de estas poblaciones es complejo, por las condiciones en que viven, se estima que en San José podrían haber hasta 15.000 personas viviendo en 400 cuarterías. Muchas de ellas, dijo, son familias que han hecho de esta su forma de vida pues carecen de otra posibilidad.

La Encuesta Nacional de Hogares ubicó en el 2019 a 15.910 personas viviendo en tugurios y cuarterías, pero se estima que son más. Por ejemplo, en el Censo Nacional del 2011 se ubicaron 4.614 cuarterías, de las cuales 2.923 reportaron tener solamente uno o dos habitantes.

Solano aseguró que la realidad actual no coincide con los datos del Censo (que ubicaba cerca de 5.000 cuarterías) y estima que en el país deben haber entre 8.000 y 10.000 de edificaciones usadas con este fin.  Estos datos se obtienen a partir del consumo de agua, los informes de cuerpos policiales y datos que se generan a partir de intervenciones sanitarias. Solo en Pavas se calcula que hay unas 12.000 personas “viviendo en ningún lado”, es decir en cuarterías, mientras que en La Carpio hay unas 2.200 personas viviendo en esos lugares.

El Informe de la Situación de Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2018 desarrollado por la Fundación Pro Vivienda (Fuprovi) afirma que la información que proveen el Censo, las Encuestas de Hogares e incluso el Mivah no es consistente.

“Si no se conoce el problema adecuadamente será más difícil lograr construir una solución al mismo, y es por ello que se insiste en la necesidad de revisar las metodologías con las cuales se realizan estos diagnósticos”, indica el documento.

La jerarca del Mivah indicó que las intervenciones de su cartera se realizan basándose en los datos del INEC y añadió que se ha estado trabajando en formas de mejorar la recopilación de datos, especialmente con miras al Censo 2021.

Como cárceles, pero sin ventanas

En el contexto de la COVID-19 han quedado demostradas las lamentables condiciones sanitarias y de seguridad en que una estas personas se ven forzadas a vivir.

Son viejos edificios con aposentos separados por paredes livianas donde se paga ¢5.000 la noche, o salones con colchonetas de espuma que se alquilan en ¢1.000. Los servicios sanitarios escasean y todas las pequeñísimas áreas sociales se comparten con otras personas, de modo que decenas de familias no pueden distanciarse unas de otras en estos edificios, sin ventanas y sin luz natural.

En días recientes, la detección de casos positivos por COVID-19 llevó al confinamiento de unas 300 personas en 12 cuarterías de la capital. La decisión de las autoridades fue aislar a las personas enfermas en su habitación, a pesar de que en el resto de los edificios se encontraban decenas de personas. Según dijo Solano, no había alternativa de albergue para pacientes positivos.

“La velocidad del contagio excede la de los recursos institucionales”, dijo y añadió que en el cantón hay albergues para personas en situación de calle, otros con condiciones para aislar e incluso algunos medicalizados para personas adultas mayores, pero que la única posibilidad ha sido aislar las cuarterías y ofrecer la atención posible a la situación humanitaria que produce el encierro.

La pobre infraestructura, las limitaciones para la higiene y la imposibilidad de intervenciones, por parte de las autoridades para minimizar el riesgo de contagio, han resultado tanto en múltiples contagios dentro de las cuarterías como en situaciones que ponen en riesgo la vida de quienes ahí habitan (ver recuadro: ¿Una muerte evitable?).


¿Una muerte evitable?

Gladys vivía en una cuartería de San José con su esposo y falleció el pasado sábado en un hospital capitalino. Usamos su nombre real a solicitud de él. La mujer fue ingresada al hospital el viernes 10 a las 3 a.m., después de que empezó a sentirse mal el jueves a mediodía. Tenía problemas del corazón y del hígado.

Su pareja dice que llamó al 911, pero no había ambulancias. Avisó a los policías que custodian la cuartería pero no podían ayudarle, pues no podían ingresar. Los visitaron los bomberos, pero no podían trasladarla al hospital.

Finalmente, en la madrugada y luego de dos microinfartos, una ambulancia la trasladó al centro médico donde testeó positivo para COVID-19 y falleció un día después. A él le avisaron del hospital, contrario a lo que se ha indicado en algunos medios de comunicación.

Él aún no sabe cómo su compañera se contagió, si en la cuartería o en el hospital, pues había testeado negativo unos días antes, pero asegura que la mató la negligencia del sistema. “Si se la hubieran llevado a las 7 de la noche o si al menos le hubieran dado medicación, cuando vinieron los bomberos, quizá estaría viva”, dice.

Sobre el caso ha circulado información que duda si ella murió por el virus o por una pelea dentro del recinto. El esposo de Gladys desmiente esa posibilidad y afirma que la causa de muerte fue su corazón, posiblemente complicado por la COVID-19.

Marcelo Solano de la Policía Municipal afirmó que la infraestructura, la disponibilidad de recursos y la imposibilidad de que los oficiales ingresaran al edificio complicó la atención del caso. “Es imposible a veces tener certeza de lo que pasa adentro”, dijo.

Si bien el caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades, el esposo de la fallecida indicó que, al contar la historia, pretende que “se sepa la verdad, que a ella le fallaron”. Además, dijo, desea que “la dejen descansar en paz y que dejen de manchar su memoria con historias falsas”.

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