Falta de competencia mantiene por las nubes el precio de los medicamentos

Los precios de los medicamentos varían abruptamente en un mercado lleno de falencias, prácticas monopólicas y falta de legislaciones más claras que permitan su regulación.

En el parque La Merced en San José, la venta informal de medicamentos es un secreto a voces. Decenas de personas, en su mayoría sin seguro social, compran sus medicinas a diario pues ven en esta práctica la única posibilidad de “cura” para sus enfermedades.

Este es el caso de “María”, una vendedora ambulante de tarjetas telefónicas que accedió a ser entrevistada a cambio de no revelar su identidad. Dijo no contar actualmente con un seguro de salud y es por ese motivo que debe conseguir sus tratamientos en este parque capitalino.

María padece de diabetes y es hipertensa desde hace ocho años. Ella decidió dejar de pagar su seguro de salud desde el 2017, cuando se cansó de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “no la atendiera”.

“Me diagnosticaron hace ocho años pero nunca me atendieron, me aburrí de estar pagando. Nunca tuve carné de seguro. De hecho, fui hasta la Caja y les dije que hasta ese día les iba a dar de comer”, mencionó la vendedora de 54 años.

Esta mujer vive en el país desde hace tres décadas y conoce el parque de La Merced como a su propia mano, asegura que tanto nicaragüenses como costarricenses compran medicinas en ese lugar porque en las farmacias costarricenses piden recetas médicas. Además, los productos que se venden son provenientes de Nicaragua, donde el precio de los medicamentos es menor.


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La oferta en La Merced es variada. Los medicamentos más vendidos son los sobres de Amoxicilina (500 mg) y Ampicilina (250 mg), ambos a un costo de ¢1.000 y que se utilizan para el tratamiento de infecciones.

Esta nicaragüense tampoco compra medicamentos en farmacias nacionales, pues considera que son muy caros. La diferencia de precios se vuelve abismal entre cadenas y los productos también se pueden conseguir a menores precios en sitios como la propia frontera con Nicaragua.

Por ejemplo, un medicamento como la Rosuvastatina de 20 mg, que es utilizado para reducir el riesgo de un ataque cardíaco, tiene un costo de ¢19.500 en La Fischel y ¢13.225 en FarmaValue.

Ese es uno de los pocos casos en que el mismo producto bajo el mismo nombre y marca se vende en diferentes farmacias. En otros casos, los productos solo coinciden en el compuesto pero tienen diferente nombre, proceden de diferente laboratorio (algunos incluso son genéricos) y sus precios varían en similares proporciones.

Prácticas anticompetitivas

Las diferencia en los precios de medicamentos son significativas entre una farmacia y la otra. De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) sobre la promoción de la competencia en el sector privado de medicamentos del 2015, esta práctica responde a varios problemas en el mercado.

Para el MEIC, existe poca información para dar poder de negociación a los implicados en la cadena de valor, a lo que se suman prácticas anticompetitivas que ha denunciado en más de una ocasión esa misma entidad.

Por ejemplo, el Ministerio ha identificado que en ocasiones los laboratorios ocultan o no ofrecen posibles sustitutos de medicinas o desarrollan prácticas monopolísticas, como algunos contratos de exclusividad que se firman entre laboratorios, droguerías, farmacias y médicos.

Según el informe, además, las empresas farmacéuticas toman en cuenta que Costa Rica es un país de renta media-alta, un factor que incluyen dentro de la confección de sus precios y que luego impacta a todos los consumidores también.

“Las droguerías, que ocupan el segundo lugar en la cadena de valor, poseen una posición privilegiada debido a que son los únicos establecimientos autorizados para importar medicamentos y materias primas, lo cual permite que establezcan contratos de exclusividad con laboratorios en el extranjero y obtengan descuentos por volumen, que les permiten mantener sus márgenes de ganancia altos, donde puede generar regalías para los profesionales del mercado en busca de que se venda su producto preferentemente”, describe el informe.

Por otra parte, el diagnóstico identificó que existe concentración entre laboratorios y farmacias, pues “las principales cuatro (farmacias) manejan el 40% del catálogo de medicamentos registrados en el país” y “un 80% de los medicamentos registrados tienen una relación de uno a uno entre ambos establecimientos”; es decir, que son tutelados por un único laboratorio que lo distribuye a través de una única farmacia (a través de los ya mencionados contratos de exclusividad).

Hay denuncias

Estas prácticas anticompetitivas han generado que del 2015 a la fecha la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) registre dos denuncias en relación con supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de medicamentos, a pesar de que este no es un mecanismo de mayor conocimiento público.

No obstante, la mayoría de procedimientos no han llegado a buen puerto, en vista de que la legislación actual es débil a la hora de definir las actividades anticompetitivas.

A esto se suma que la Coprocom ha recibido un total de siete notificaciones por concentraciones económicas en farmacias desde el año 2015 a la fecha, la mayoría hacen referencia a los contratos de exclusividad y las prácticas excluyentes que alteran los precios de venta de los medicamentos.

De hecho, la Comisión emitió hace pocos meses una resolución en la que impuso una multa provisional de ¢11.890 millones a la empresa Cefa Central Farmacéutica (que pertenece al grupo Cuestamoras desde 2015), por supuestamente haber realizado prácticas anticompetitivas entre el 2010 y 2012.

La denuncia fue interpuesta por la Compañía Farmacéutica (Cofasa), entidad que acusó a Cefa (dueña de Fischel, Cefa Central y otras farmacias) por vender sus productos a precios menores que los que ofrecía en el mercado mayorista, a través de las prácticas de exclusividad cuestionadas por el Ministerio de Economía.

La Coprocom resolvió este caso mediante el voto N° 91-2018 el pasado 4 de diciembre (seis años después de que fue interpuesta la denuncia); sin embargo, la parte acusada presentó una recusación y el caso sigue pendiente.

“En farmacias, nosotros recientemente hicimos una sanción a un agente económico; sin embargo, ahorita hay un acto de recusación por parte de este agente económico y ahorita no está en firme. El caso es entre Fischel y Cofasa, ese es el caso más actual”, describió el comisionado de Coprocom, Víctor Pérez.

Para Pérez, este caso tardó en resolverse debido a que los denunciados presentaron muchos recursos en el transcurso del proceso legal, un factor que se sumó a las debilidades de la Comisión, que sesiona muy pocas veces mensualmente.

“Nosotros sesionamos solo una vez a la semana. Además, desde el año 1995 a la fecha tenemos los mismos 16 funcionarios y a la comisión se le han impuesto nuevas funciones”, destacó.

Por su parte, la directora de la Unidad Técnica del MEIC, Yanina Montero, destacó que el trabajo que realiza esta comisión ha sido eficiente, a pesar de que los procesos son largos y muchas veces se rechazan. “Sí hemos sido eficientes. La OCDE y el BID en un review (revisión) que se hizo en el año 2014, señalaron que una de las fortalezas del régimen costarricense de competencia era el firme compromiso de la Coprocom de hacer cumplir la ley de competencia”, mencionó Montero.

La Coprocom está compuesta por diez comisionados, de los cuales cinco son propietarios y los otros suplentes. Los primeros reciben una dieta de ₡50.000 por sesión ordinaria, mientras que los suplentes reciben ₡20.000.

Para hacer más eficiente la labor de la Coprocom, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley para el Fortalecimiento de las Autoridades de la Competencia, bajo el expediente 21.303, el cual pretende que los comisionados trabajen a tiempo completo y reciban un salario similar al de sus homólogos en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Según datos del Ministerio de Salud, el mercado de los medicamentos en el país mueve unos $900 millones, de los cuales $527 millones corresponden al mercado privado y los otros $250 millones son utilizados en la compra de medicinas para la seguridad social.


 


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