La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó un fallo histórico en el que delimitó límites fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua, en el cual indica que Costa Rica ganó 10.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe y obliga a Nicaragua a retirar un campamento militar en Isla Portillos.
Este fallo responde a tres casos en los que Costa Rica y Nicaragua han tenido disputas marítimas y territoriales en el Mar Caribe, en el pacífico y en la Isla Portillo.
Entre los principales puntos que la Corte reconoció a Costa Rica, fue reivindicar unos 10.000 kilómetros cuadrados adicionales en el Mar Caribe y garantizar el acceso al domo término y a extensas áreas de pesca en la zona del Pacífico norte.
Además, la Corte obliga a Nicaragua a retirar el campamento militar que instaló en la playa de Isla Portillos. “Nicaragua está obligado, en lo inmediato, a retirar el campamento militar que instaló en la playa de Isla Portillos en desafío a la sentencia del 2015 de esa misma Corte Internacional Justicia”, detalla el documento.
“Hoy todas y todos, independientemente del partido al que pertenezcamos, debemos mirar más alto y más lejos y entendernos como una familia, porque tanto los límites en tierra y marítimos están seguros (…) Quedamos satisfechos porque los derechos del país han sido ratificados con un espíritu generoso”, comentó Luis Guillermo Solís, en convocatoria de prensa tras conocer la sentencia de la CIJ.
Solís dijo que quedaba satisfecho de que la Corte Interamericana de Justicia ratificara la posición y los derechos soberanos que Costa Rica reclamaba. Las declaraciones las dio tras una convocatoria de prensa en Casa Presidencial junto al Canciller Manuel González.
Además, indicó que tras la resolución quedaba clara la soberanía costarricense sobre Isla Portillo y la definición de las fronteras marítimas, lo cual representaba un logro histórico. “Ahora tenemos un límite que no es apelable, que no es alterable. Costa Rica nunca tuvo una delimitación marítima determinada por medio de los dos países y ahora sí la tiene”, agregó.
No obstante, Solís fue enfático en que por el momento no pueden hablar de “ganar o perder territorio”, ya que es un tema delicado que deberán de analizar cuidadosamente junto a los expertos, para hacer las respectivas comparaciones.
Luego de esta nueva gesta histórica, Costa Rica consolida todos sus espacios marítimos, que conjuntamente entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico suman casi 600,000 kilómetros cuadrados.
Disputas y antecedentes
El caso del Pacífico, Costa Rica presentó el 25 de febrero del 2014, luego de que Nicaragua ofertara bloques marítimos para la exploración y explotación de petróleo y gas, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, tal y como ha sido reivindicado ante la Corte.
El segundo fue presentado ante la CIJ el 16 de enero del 2017, luego de que Costa Rica documentó que el ejército nicaragüense había trasladado un campamento militar sobre territorio costarricense, específicamente en la playa de la Laguna Los Portillos
En el momento, Nicaragua reclamó la totalidad de la playa de Isla Portillos entre la Laguna Los Portillos y la desembocadura del río San Juan.
Indemnización a Nicaragua
Anterior a la sentencia de ese tribunal, la Corte Internacional de Justicia decidió condenar a Nicaragua al pago de $378 mil -unos ¢216 millones- como condena en el litigio por los daños producidos por la aventura nicaragüense de abrir caños ilegales e incursionar militarmente en el sector de isla Portillo.
Esa cifra está muy por debajo de la solicitada originalmente por Costa Rica, $6,7 millones, más de ¢3.800 millones. Por ello, el fallo fue calificado como una “reafirmación total de la posición de Nicaragua” por Carlos Argüello, representante nicaragüense ante el tribunal. Esas declaraciones fueron ofrecidas a una televisora local y recogidas por el sitio oficial El Pueblo Presidente.
El presidente especificó que aunque el monto de la indemnización que resolvió la Corte fue menor de lo que Costa Rica estimó a través de los estudios que le realizó mediante la Fundación Neotrópica, quedaba satisfecho porque “la soberanía del país no tenía precio”.
“Nosotros acudimos a la Fundación Neotrópica, hicimos los informes con mucho detalle, uno era por el daño ambiental y el otro por pago de los costos que se destinaron para custodia ambiental. No hay una sola metodología para la cuantificación de daños ambientales, la Corte utilizó otra metodología”, aclaró González.
“Los costos de nosotros fueron cuidadosamente fijados, el pago de los salarios de los policías por ejemplo, los costos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), entre otros”, concluyó.