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Un fallo judicial definirá (casi toda) la futura explotación petrolera en Costa Rica

Un proceso judicial podría cambiar las condiciones en que funcionarían futuras (y eventuales) concesiones para la exploración y explotación petrolera en Costa Rica.

Un proceso judicial presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) podría cambiar las condiciones en que funcionarían futuras (y eventuales) concesiones para la exploración y explotación petrolera en Costa Rica.

El juicio busca determinar la legalidad de un decreto ejecutivo firmado en 1998 –durante la administración Figueres Olsen (1994-1998)– que establece las reglas para evaluar el impacto ambiental de la prospección y exploración petrolera y, posteriormente, firmar un contrato que dejaría en firme una concesión.

Sin embargo, el tribunal podría ordenar que su fallo no afecte el avance de la única concesión petrolera vigente en Costa Rica, en manos de la compañía Mallon Oil desde el año 2000.

Aunque Costa Rica declaró en 2011 una moratoria a la exploración y explotación petrolera durante la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) y esta luego fue renovada por el actual Gobierno, la prohibición vence en el 2021.

Si no llegara a renovarse o si el Ejecutivo decidiera eliminarla antes de terminar su plazo, las reglas del decreto tomarían relevancia.

La impugnación al decreto N° 26750-MINAE fue presentada por el biólogo Freddy Pacheco, por considerar que flexibiliza los controles ambientales.

Para Pacheco, una victoria implicaría que que no se pueda firmar ningún contrato con ninguna petrolera sin que la empresa haga el estudio de impacto ambiental completo.

Esta normativa dice que la presentación de un estudio de impacto ambiental sobre la prospección petrolera, la etapa previa a la exploración y la explotación, “será el requisito indispensable y suficiente” para firmar un contrato entre el Estado y una concesionaria.

Según Pacheco, esto permite a las petroleras exigir al país declarar en firme una concesión sin necesidad de un estudio completo que analice la exploración.

Sin embargo, tanto el ambientalista como el procurador asignado al caso, Alonso Arnesto, explicaron que la decisión del tribunal no necesariamente impactaría a la concesión de la estadounidense Mallon Oil Company.

Esta es la segunda vez en que este decreto llega a juicio. Pacheco demandó por primera ocasión en 2011 y el TCA falló a su favor, pero en enero de este año la Sala I del Poder Judicial anuló esa sentencia.

En ese fallo del 2013, ahora inválido, tres jueces del TCA declararon nulo el decreto de 1998 por haberse excedido el Poder Ejecutivo a sus potestades a la hora de redactarlo, pero explicaron que esto no afectaba los derechos de Mallon Oil.

En la nueva audiencia pública, celebrada el 14 de diciembre, estuvieron presente Pacheco y su abogado, la Procuraduría General de la República (PGR) en representación del Estado y dos representantes de Mallon Oil que actuaron como coadyuvantes pasivos.

Tanto el abogado de Pacheco como el procurador encargado del caso, Alonso Arnesto, incluso solicitó que se excluyera a Mallon Oil del proceso legal, pues consideraban que no le afectaba su resolución. El tribunal permitió a la empresa incorporarse como coadyuvante pasivo.

Arnesto solicitó porque, si bien tanto la compañía como el Estado veían con buenos ojos el decreto, tenían diferencias en su interpretación.

“La tesis del Estado es que previo a la firma del contrato sí se requiere un impacto de estudio ambiental de la fase de prospección, como mínimo, tal cual como se explica en el reglamento”, apuntó Arnesto.

Por su parte, la empresa sostiene como posición que ya presentó un estudio de impacto ambiental para la primera etapa y que, por esto, son partes interesadas en el juicio.

Uno de los abogados de la empresa, Andrés Mercado, confirmó que todavía están en una etapa muy temprana.

“No hemos tocado ni un grano de suelo de Costa Rica y se está en esa etapa de poder continuar con el proyecto”, dijo el abogado.

Mercado y su colega Roberto Esquivel explicaron que, según su visión, la empresa tiene un derecho adquirido de explorar y explotar, si se encontraran yacimientos. A sus ojos, la concesión se sostiene en otra normativa y, de declararse nulo este decreto, hay otras vías.

“Este decreto no determina la validez o no de la concesión, simplemente la forma en que la empresa tiene que realizar los estudios de impacto ambiental”, señaló Mercado.

El tribunal anunciará sus resultados antes del jueves 12 de enero del próximo año.

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