La idea de que el país cuente con una base de datos genéticos de las persona condenadas por la comisión de delitos sexuales es bien vista en términos generales y Corte Plena no es la excepción, pero la iniciativa de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleve a cabo un “seguimiento” de personas que ya cumplieron sentencia por ello podría complicar su aprobación en la Asamblea Legislativa.
Ello por cuanto esa disposición llevó a 19 magistraturas a acoger un informe elaborado por la magistrada Sandra Zúñiga y presentado ante Corte por Rafael Segura, en el cual se determinó que ello, además de un problema presupuestario, implica cambiar la naturaleza del OIJ de ser una policía represiva a preventiva, según se comentó durante la sesión del pasado lunes.
El proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.327, fue presentado por el PUSC, ya es la segunda vez que llega a Corte y consiste en la adición de dos párrafos al artículo 4 de la Ley Orgánica del OIJ, cuya Dirección consideró que que “presenta problemas” porque “no se tienen los recursos” para llevar a cabo lo que se pretende con la reforma.
Entre otras cosas, se propone que el OIJ “Deberá contar con una base de datos digital con información de todas las personas mayores de edad con sentencias condenatorias en firme en su contra por delitos sexuales, bajo resguardo jurídico de los derechos y principios que rigen en la materia. Asimismo, deberá tener un banco de datos genéticos de las personas mayores de edad con sentencias condenatorias en firme en su contra por delitos sexuales”.
Además establece que el OIJ “está facultado para dar seguimiento a las personas que hayan descontado pena en firme en su contra por delito sexual. Esto se hará utilizando los medios técnicamente pertinentes”.
Segura apuntó que ya el OIJ cuenta con una base de datos genéticos, CODIS, “lo que no se tiene es recursos a efectos de continuar con el seguimiento de las personas que han cumplido la sentencia”.
La Dirección Jurídica del Poder Judicial consideró que se podría “evidenciar” roces de constitucionalidad, porque violentaría principio de doble pena, es decir, que una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho; pues se propone “un seguimiento a personas que ya descontaron la pena”.
Las magistradas Roxana Chacón e Iris Rocío Rojas abogaron en favor del proyecto. Chacón lo consideró “fundamental” y subrayó que “no se trata de personas indiciadas, sino que ya han sido sentenciadas”, que podrían “eventualmente cometer estos delitos nuevamente y en muchas ocasiones se ha visto que cometen delitos en varias comunidades y no se puede aprehender a la persona” por múltiples violaciones.
La magistrada Patricia Vargas Patricia Vargas por su parte señaló que no se objeta la disposición respecto a contar con la base de datos genéticos, pero “no es cierto que el OIJ le de seguimiento a persona que ya descontaron sentencias en delitos sexuales, el OIJ ejerce funciones represivas, no preventivas”, y afirmó que “por supuesto que el proyecto afecta” el funcionamiento del Poder Judicial.
Entonces Chacón buscó explicar que el término “seguimiento” en el texto no se trata de “una labor preventiva del OIJ, que va a salir casa por casa a seguir a las personas” sino de “de tener el material genético ya claramente en el CODIS”, de manera que cuando se da un delito se pueda verificar la identidad del agresor con esa información.
Rojas propuso que se solicite a la Asamblea Legislativa aclarar ese término de “seguimiento”, pues entiende que se trata de un “seguimiento genético”.
Sin embargo, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro ponderó que esa interpretación ofrecida por las dos magistradas “no es lo que dice la norma”, pues “no dice que el seguimiento se da a partir de un nuevo delito”. Sin embargo, buscó mostrarse vehemente al decir que “el proyecto es necesario”.
Fueron 19 las magistraturas que aprobaron el informe que concluye que habrá afectación para el Poder Judicial, por lo que requerirá 38 votos para llegar a ser ley.
Corte hace observaciones a diputados en proyectos que reforman ley de armas y creación de banco de material genético
Informe de magistrados advertirá sobre dificultad de elaborar un registro sobre personas procesadas por causas relacionadas con armas y cuestiona que se encargue a OIJ la inserción de personas condenadas por delitos sexuales.
