El texto se publicó esta mañana en el diario oficial La Gaceta

Fabricio Alvarado dejó proyecto para equiparar el aborto con el homicidio

Desde el punto de vista del exdiputado, “endurecer las penas” servirá para “proteger” la salud de las mujeres que deciden abortar.

El exdiputado por el Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, dejó un proyecto de ley en la corriente legislativa para penalizar el aborto con los mismos castigos con los que se procesa un homicidio, una iniciativa que dejó presentada desde diciembre pasado y que este lunes se imprimió —bajo el expediente 20.673— en el periódico La Gaceta.

Desde el punto de vista del excandidato presidencial, endurecer las penas servirá para “proteger” la salud de las mujeres que deciden abortar, una idea que dejó plasmada con el texto que busca “equiparar las penas del delito de aborto con las que en la actualidad se castiga a quien incurra en el delito de homicidio”.

“Al estudiar las disposiciones normativas vigentes relativas al aborto, se puede constatar que la sanción más severa para quien incurra en el delito de aborto es la pena privativa de libertad de diez años. En mi opinión, esa sanción resulta inaceptable”, reza el documento. “Considero que, con esta propuesta de endurecer las penas con que se castiga el delito de aborto, se otorgará protección a los no nacidos así como a la madre, quien ve amenazada su salud y su vida si toma la decisión de realizarse un aborto”, enfatiza.

Específicamente, el texto duplica la pena máxima —pasándola de tres a seis años de prisión— para las mujeres que consientan el procedimiento o lo provoquen; aunque con la posibilidad de que el castigo pueda ser sustituido por la prestación de servicios —de 380 horas a 1.800— si la mujer se lo realiza de manera directa.

En cuanto a los abortos efectuados por terceros, estos podrían recibir entre 20 y 35 años en caso de que se practique sin consentimiento, y de 18 a 32 años —con la posibilidad de que se reduzca a un año si el feto no había alcanzado los seis meses de gestación— si existe un consentimiento de la mujer gestante. Actualmente, esas penas son de tres a diez años y de uno a tres años, respectivamente.

El proyecto casi excluye el aborto impune, reglado con el artículo 121 del Código Penal, aceptado como una práctica médica en caso de que corra riesgo al vida de la madre. No obstante, si hace una variación casi imperceptible pero sustancial, pues cambia su parámetro de aplicación sólo para cuando lo que está en riesgo es la salud “física” de la mujer, dejando por fuera la integralidad que hoy tiene la ley cuando habla de salud en general.

Además, el diputado menciona en el texto que regular ese procedimiento sería “innecesario”, a pesar de que se ha querido impulsar un protocolo para la aplicación, pues —desde su punto se vista— “podría entre, otros aspectos, entrar en conflicto con la cláusula de objeción de conciencia contenida en el Código de Ética de los Médicos y Cirujanos”, que permite no practicarlo.

Del artículo 118 al 122, deja sin cambios el 120 sobre “aborto honoris causa”, que castiga la interrupción del embarazo acometida para “ocultar la deshonra de la mujer”,con una pena de tres meses hasta dos años de prisión.

Sobre el avance de iniciativas para despenalizar el aborto, como las que abundan en el resto del mundo, Alvarado los achaca ese trabajo a “algunos grupos se han declarado pro choice (…) bajo el pretexto de la defensa de los derechos de la mujer”.

Así mismo, señala que “en otros países (el aborto) ha sido recetado como panacea contra la violencia sexual cometida por los violadores, como medida terapéutica, como señal de avance hacia una sociedad progresista, como medida de igualdad y con otras tantas argumentaciones posibles”; sin embargo, tachó estos esfuerzos de “anti-vida” y los culpó de “minar la estimación por la vida humana, deteriorar el sentido de la familia y entronizar razones de conveniencia por encima de los valores morales”.

Ante la publicación de este proyecto, la actual diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, ya manifestó en sus redes sociales que “estará pendiente” y “se opondrá por todos los medios”, pues “no se puede permitir que se siga criminalizando a las mujeres por sus derechos”.

 


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