La Defensoría de los Habitantes afirmó que, a más de seis semanas de haberse creado la plataforma del Bono Proteger, sigue recibiendo solicitudes de intervención de habitantes que no han podido solicitar dicha ayuda económica, pues el sistema les reporta errores al registrar documento de identidad de persona extranjera (Dimex).
Según la Defensoría, este problema lo viven especialmente personas refugiadas, solicitantes de refugio o con permisos laborales.
“Desde el enfoque basado en Derechos Humanos, resulta inaceptable que no se logren superar esas falencias y que se constituyan en una restricción en efecto discriminatoria hacia un sector de la población ya de por sí en condiciones de vulnerabilidad como lo son las personas migrantes y refugiadas”, se indicó en el Informe Anual de Labores de la Defensoría de los Habitantes 2019-2020.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, comparecerá ante el plenario legislativo el próximo jueves 25 de junio para exponer sobre temas pendientes en materia de derechos humanos y presentar el Informe.
La Defensoría aclaró que a partir del acompañamiento realizado en estos casos casos las personas pudieron registrar sus solicitudes del Bono, “no puede dejarse de indicar la importancia de garantizar una minimización de este tipo de barreras en el acceso indicado”.
Asimismo, alrededor de 500 personas denunciaron ante la Defensoría que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) aún no les responden sobre su solicitud del Bono, según un comunicado de prensa.
Los principales quejas de las personas son: que no les han resuelto ni informado sobre su solicitud del Bono (66%); que se los aprobaron pero no les han hecho el depósito; problemas de acceso y funcionamiento de la plataforma; que les notificaron que les revocaron el Bono y deben devolver el dinero; y que aún no les depositan el segundo mes.
El Bono Proteger es una ayuda económica temporal para familias que han perdido sus ingresos o han disminuido severamente por reducción de jornadas laborales o suspensión de contratos, por la afectación generada por el COVID-19.