Esta mañana, el Tribunal Penal de San José condenó por el delito de estafa mayor contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a los dirigentes del Partido Acción Ciudadana (PAC) Maynor Sterling (extesorero del partido) y Manuel Antonio Bolaños (exempleado de planta).
El extesorero fue condenado a seis años de cárcel por su coautoría en el delito de estafa por ¢352 millones de colones, mientras que Bolaños, recibió un castigo de tres años de prisión pero se le otorgó el beneficio de la ejecución condicional de la pena.
De acuerdo a la jueza Maribel Bustillos, ambos imputados idearon un plan delictivo para engañar al TSE con la presentación de 179 contratos por servicios especiales falsos y así obtener un monto mayor de contribución estatal.
“El Tribunal considera que la prueba que se evacuó a lo largo de los meses es adecuada y suficiente para concluir que efectivamente para las elecciones presidenciales del año 2010, el Partido Acción Ciudadana presentó ante el TSE una liquidación de gastos que particularmente en lo que se refirió a la cuenta por servicios especiales, se incluyeron una gran cantidad de gastos falsos”.
“Es decir, gastos simulados, y este acto delictivo tuvo un objetivo claro que fue obtener de manera ilegítima un mayor monto de la contribución estatal que se había asignado al Partido Acción Ciudadana y con eso también procurar que se brindara un mayor contenido económico a los certificados de cesión de la Serie A”, explicó Bustillos.
En la campaña electoral del 2010 el candidato presidencial del PAC fue, el hoy diputado Ottón Solís Fallas quien perdió la contienda contra la candidata del Partido Liberación Nacional (PLN) Laura Chinchilla Miranda.
La investigación realizada reveló que las personas que brindaron los servicios especiales facturados por el PAC al TSE, lo hicieron en realidad de manera gratuita y no rentada, actuando por su afinidad o simpatía con la agrupación política y nunca tuvieron la intención de cobrar ningún monto.
La investigación determinó que ambos exfuncionarios y el PAC (como partido y de manera solidaria) deberán pagar ¢352 millones de colones como parte de la acción civil resarcitoria. Además ordenó el pago de otros ¢40 millones por concepto de costas procesales.
El monto acordado por los jueces se deriva de los contratos por servicios especiales presentados al TSE y es equivalente a la cantidad de testigos que presentaron tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el Ministerio Público durante todo el proceso judicial que duró cuatro meses.
De acuerdo al procurador penal, Randall Aguirre este monto los deja con un “sinsabor” pues para la PGR el monto debería estar apegado a los 263 contratos pagados por el TSE al PAC y no solo a los 179 que señaló el Tribunal.
“Discrepamos del Tribunal. En nuestro criterio el tema de los ¢516 millones se dio porque todos los 179 testigos fueron claros en que nunca pretendieron realizar algún cobro al PAC y que todos fueron servicios gratuitos. Entonces la probabilidad a partir del análisis de la prueba es muy alta en que los 263 estuvieron también en la misma condición. Pero el Tribunal lo limita solo a los que fueron a declarar”, señaló Aguirre.
Durante el juicio, la PGR y el Ministerio Público solo pudieron presentar 179 testigos de los 263 que fueron señalados para este caso, ya que a la fecha algunos habían fallecido, cambiado de residencia, o no se pudieron localizar.
El Tribunal además rechazó que existiese algún daño social pues no existe prueba para determinar la afectación del sistema democrático.
La lectura de la sentencia integral será el próximo 16 de enero del 2017 en el Tribunal Penal de San José.
