Expresidente Solís rechaza haber evitado presupuesto extraordinario por intereses electorales

El exmandatario reiteró que su administración no tuvo más que estimaciones sobre el faltante para cubrir deuda interna, pero que nunca tuvo los datos concretos para enviar un proyecto presupuestario a tiempo.

El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, rechazó este jueves “categóricamente” haber evitado la presentación de un presupuesto extraordinario para completar el pago de deuda estatal por motivos electorales antes de terminar su gestión (2014-2018).

Solís fue convocado a una maratónica comparecencia de cinco horas con los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, para explicar por qué su gobierno no envió a tiempo la solicitud de ¢600.045 millones para el pago de amortizaciones deuda interna, algo que él más bien achacó a que los jerarcas de Hacienda no tuvieron a tiempo la información necesaria para calcular la cifra exacta requerida hasta mediados de este año.

Según Solís, las insinuaciones de que su gobierno habría sugerido posponer la presentación del presupuesto para evitar costos políticos en la campaña electoral no tienen sentido, especialmente porque más bien impulsó reformas impopulares como el plan fiscal y realizó reiteradas advertencias sobre los problemas económicos del país.

El expresidente negó que hubiese “acción, orden, solicitud o sugerencia alguna de ocultar, evitar o posponer el presupuesto”, algo que —según afirmó bajo juramento— “nadie le planteó» y «no hubiera permitido”.

Por el contrario, Solís dijo que su administración trabajó en la preparación de un presupuesto extraordinario desde febrero de 2018; sin embargo, “limpiar la cifra” no fue posible hasta junio de 2018, ya en la nueva administración.

Esa versión ha sido respaldada por los jerarcas de la antigua administración que han pasado por los pasillos legislativos en los últimos días, incluidos el exministro de Hacienda, Helio Fallas, y la Tesorera Nacional, Martha Cubillo; quienes han señalado —una y otra vez— que el Gobierno tuvo los datos para presentar el nuevo texto apenas en agosto.

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Según Solís, “tal era la incertidumbre sobre la cifra que en cuestión de cinco meses se barajaron al menos siete cifras del faltante, con diferencias de hasta ¢225.000 millones, que equivalen a financiar todo el Poder Ejecutivo, incluida la CGR y la Defensoría de los Habitantes hasta el año 2022”.

Al respecto, dijo que “en esas condiciones, era imposible para el Ministerio de Hacienda presentar una solicitud del presupuesto extraordinario”, pues carecían de las cifras técnicas requeridas. Ese motivo, dijo, fue suficiente para que prefirieran realizar un traslado de partidas y esperar por los datos concretos.

Otro punto que rechazó el expresidente fue las expresiones de los diputados sobre la existencia de un supuesto “hueco fiscal” y cambió esas palabras por un «faltante presupuestario» que no incrementó la deuda sino sus condiciones de pago.

“El mal llamado hueco fiscal es un faltante presupuestario, no es un hueco en el que desaparecieron millones de colones de la noche a la mañana”, puntualizó.

Así mismo, reiteró que el presupuesto fue avalado por el Banco Central y la Contraloría General de la República, entes que —según concluyó— certificaron la corrección del ejercicio realizado.

Incertidumbre

El expresidente Solís también enfatizó en el nivel de “incertidumbre” que existió en las condiciones económicas del país durante el último año, las cuales impidieron acceder a mejores condiciones de deuda y obligaron a recurrir a bonos de corto plazo.

Al respecto, señaló que Costa Rica aspiraba por un financiamiento de $3.700 de dólares a largo plazo que se cayó por “declaraciones irresponsables” de políticos y analistas, quienes —según recordó— cuestionaron la legalidad del mecanismo de colocación de deuda interna a partir de inversionistas nacionales.

Según datos de Hacienda, la imposibilidad de recurrir a deuda de largo plazo provocó que Costa Rica tuviera que colocar ¢891.700 millones en bonos de pronto vencimiento durante el segundo semestre del año, una cifra ¢599.000 millones más alta de la que habían proyectado para ese plazo.

Según Solís,  esa colocación era la “única posibilidad que el mercado ofrecía” porque «las condiciones se fueron complicando» y obligaron a tomar decisiones que no se habían previsto.

De cualquier manera, la críticas llegaron de parte de los diputados que abarrotaron la sesión de la comisión de Ingreso y Gasto Público, la cual se desarrolló en el Salón de Expresidentes de la República —el más grande del Congreso— y en el que estuvieron presentes más de 20 diputados, no sólo los nueve que componen el foro legislativo.

Una de las principales críticas fue la de la congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, secretaria de la comisión, quien cuestionó a Solís por qué su equipo decidió presupuestar ¢300.000 millones en amortizaciones  menos que en presupuestos pasados.

Así mismo, también lo cuestionó el diputado de Restauración Nacional, Jonathan Prendas, quien criticó las gestiones de la administración pasada por presentar cálculos tan optimistas que comparó con “ganar la lotería”.

Más enfocada en el expresidente, la diputada Franggi Nicolás, parte de la comisión y quien propuso llamar a Solís, le cuestionó por no haber siquiera hecho pública “una advertencia” sobre el estado de la deuda, algo que el anterior mandatario respondió diciendo que nunca evitó al alertar sobre las complicadas condiciones financieras del país.

El punto máximo de tensión; sin embargo, llegó con la intervención del jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, quien acusó a Solís y su gobierno de  haber sido «uno de los gobiernos más irresponsables de los que la historia de este paí” por su inacción en temas financieros y su oposición a soluciones fiscales antes de asumir el poder.

Pagos ilegales

Finalmente, el último gran cuestionamiento al que respondió Solís fue sobre el pago de deuda sin autorización presupuestaria, algo que evitó calificar como un acto ilegal pues se trataba de deudas que «tenían que honrarse».

Según Solís, el pago tuvo que realizarse porque “de no haberse pagado se habría entrado en una situación de incumplimiento con efectos devastadores para la economía”, con obvias repercusiones en “la estabilidad de la nación”.

«¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar de pagar las deudas para que el presupuesto fuera coquetamente bajo? No. Se pagó lo que se tuvo que pagar porque si no entrábamos en un default», concluyó.

La comparecencia de Solís había sido acordada por los diputados desde el 20 de agosto y estaba prevista para el 10 de septiembre; sin embargo, debió reprogramarse por recomendación de seguridad ante el inicio de las manifestaciones en las cercanías del Congreso contra la reforma fiscal.

La Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa analiza por qué el presupuesto extraordinario se presentó hasta mediados de año, lo que obligó a realizar pagos de deuda interna sin autorización presupuestaria de la Asamblea Legislativa (requerida constitucionalmente).

Los diputados han achacado este movimiento del gobierno de Solís a hipótesis como irresponsabilidades administrativas e intereses electorales, de cara a las elecciones presidenciales que finalmente fueron ganadas por el entonces candidato oficialista Carlos Alvarado.


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