La semana anterior, cerca de 77.000 estudiantes de quinto grado se enfrentaron a las pruebas FARO, en las que se incluyó un cuestionario conocido como “Factores asociados” que abordaba datos demográficos y socioeconómicos, lo que, según expertos, violenta el derecho a la privacidad de sus familias.
Además de preguntas sobre estado de ánimo, horarios, preferencias de estudio y recursos educativos disponibles, el Ministerio de Educación Pública (MEP) preguntó sobre condiciones de la vivienda: si es alquilada, prestada, propia, si está pagada o no; sobre los materiales de las paredes, el techo y el piso; sobre servicios: si tiene Internet, televisión por cable o empleada doméstica; y sobre bienes de la familia: si tienen moto, carro, microondas o agua caliente en toda la casa.
Al menos siete preguntas de la prueba, de la que UNIVERSIDAD tiene copia, solicitaban datos sensibles, según especialistas. Al inicio del documento se lee que el objetivo de las preguntas es “conocer la realidad que se vive en los centros educativos y a partir de los resultados tomar decisiones oportunas que contribuyan con el mejoramiento del sistema educativo costarricense”.
“Lo que sucedió es una violación al derecho fundamental de protección de la privacidad, y si es grave que a una persona adulta se le violente un derecho, con una persona menor de edad es doblemente grave”, Susana Soto de Abriendo Datos.
Si bien esta fue la explicación del Ministerio a familias, docentes y medios de comunicación que reaccionaron con indignación; al momento el MEP no ha aclarado quiénes fueron los responsables de incluir este cuestionario (ver recuadro: Cuestionario de factores asociados: la papa caliente) o por qué razón se necesitaban datos tan específicos, ya que hay información socioeconómica disponible, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Hogares, que puede servir para el diseño de política pública.
Estos datos, que sin o con conocimiento de sus familias entregaron miles de niños y niñas coaccionados —por la obligatoriedad de los exámenes—, solo pueden solicitarse de manera anónima, explican expertos.
Incluso, en casos excepcionales en que se requiera asociar el dato a una persona o familia específica, como se hizo en este caso, debe garantizarse el consentimiento informado, que por ley solo pueden brindar personas mayores de edad.
¿Qué son datos sensibles y por qué importan?
Según la Ley 8968, que aborda la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, los datos “sensibles” son los que corresponden al “fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros”.
Mauricio París, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista en protección de datos personales, explicó que todo dato sobre la intimidad de una persona es sensible, pues su recolección y tratamiento puede servir para discriminar o manipular, afectando así el acceso a derechos y libertades.
Los datos recogidos en el mencionado cuestionario, explica París, son claramente sensibles y por ley nadie puede estar obligado a darlos. Según el abogado, hasta ahora no se ha justificado para qué se requerían los datos e “incluso, si eran necesarios para desarrollar política pública, se debieron obtener directamente de los padres o con el consentimiento pleno de ellos”.
Susana Soto e Ignacio Alfaro, de la organización Abriendo Datos, coincidieron en que el problema “no es el dato en sí”, sino que se haya obtenido de menores de edad, sin permiso previo de sus madres, padres o encargados.
“Lo que sucedió es una violación del derecho fundamental de protección de la privacidad, y si es grave que a una persona adulta se le violente un derecho, con una persona menor de edad es doblemente grave, porque más bien son personas que requieres protecciones especiales del Estado contra todo tipo de abuso. El Estado es garante obligado de los derechos de niños y niñas, y en este caso más bien, fue el que hizo el daño”, dijo Soto.
El fin de semana y después de que circularon críticas y cuestionamientos, este “error” fue reconocido por el MEP, cuya jerarca Giselle Cruz renunció junto con la viceministra Melania Brenes y el exdirector de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, Pablo Mena. Además, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la entrega de los cuestionarios para custodiarlos, precisamente por lo sensible de la información que contienen.
“Lo único bueno de este caso, sería que a esta generación le quede muy presente en la cabeza lo que pasó y como el país reaccionó, cómo un juez emitió una orden para proteger sus derechos, para que tengan noción de qué es información sensible y cómo manejarla, que entiendan que cuando vos das tus datos a alguien le estás dando poder a esa persona sobre vos. Lo peor sería que normalicemos estas intromisiones a la privacidad”, dijo París.
Cuestionario de factores asociados: la papa caliente
Días después de aplicados los ya famosos cuestionarios de “factores asociados” y de que a causa de ellos cambiara toda la jerarquía de un ministerio, aún las autoridades no aclaran quién o quiénes fueron responsables por el diseño de los ítemes, quienes aprobaron su aplicación y cuál era la necesidad de obtener información tan detallada, asociada a cada estudiante.
UNIVERSIDAD realizó una serie de consultas para ubicar el origen de lo sucedido, pero todos los actores implicados se desmarcaron del proceso y el MEP no ha dado respuestas a nuestras consultas.
Antes de su renuncia, la entonces ministra Giselle Cruz dijo a medios de comunicación no haber conocido o aprobado el detalle de las pruebas.
La UCR, a horas de que circularon las primeras críticas, emitió un comunicado indicando que ninguno de sus programas tenía vínculo alguno con el diseño o aplicación de las pruebas.
El Estado de la Educación ante una consulta de este semanario respondió que estos exámenes “no tienen nada que ver con el Estado de la Educación, las mismas son competencia del MEP y el PEN (Programa Estado de la Nación) no tenía ningún conocimiento del contenido de ellas, ni de los cuestionarios”.
El Consejo Superior de Educación, por su parte, emitió un comunicado manifestando su “total disconformidad” con cómo las pruebas fueron planeadas, diseñadas y aplicadas. Aunque admitieron que de previo se contempló la aplicación de un cuestionario de factores de contexto para “identificar los distintos factores que inciden en el mayor o menor logro educativo, para así poder modificar y ajustar las políticas y prácticas educativas y de apoyo”, alegaron no conocer el contenido explícito y aclararon que eso debió hacerse “en forma razonable y, sobre todo, sensible”.
UNIVERSIDAD consultó al MEP quién diseñó y autorizó los cuestionarios, de quién fue la iniciativa y quiénes estaban informados, pero al cierre de edición, estas consultas no se han resuelto.
