La capacidad empleadora del Estado, la relevancia de los servicios públicos, la posibilidad de reacomodar la planilla estatal y el papel que pueden jugar los funcionarios en la etapa de recuperación de la crisis.
Así se resumen las cuatro consideraciones que da el especialista del Banco Mundial, Zahid Hasnain, para que las autoridades estatales se lo piensen dos veces antes de decidir la reducción de los salarios públicos en la actual crisis generada por la COVID-19.
Hasnain, especialista senior en sector público de esa organización multilateral, hizo sus advertencias en un artículo “¿Deberían reducirse los salarios del sector público para financiar la respuesta al nuevo coronavirus?. Lo publicó esta semana en el blog institucional, al conocer de las intenciones en varios países por impulsar la aplicar tijera al salario de sus empleados como un método de ahorro para afrontar los gastos provocados por la epidemia.
Costa Rica no es la excepción, aunque el Gobierno solo ha anunciado la suspensión del aumento salarial del año y propuso congelar la aplicación de la anualidad del 2020, además de mencionar la posibilidad de gravar de manera temporal salarios altos, aún sin definirse los parámetros.
Tras reconocer que en general de los trabajadores del sector público gozan de privilegios y reciben ingresos un 20% superiores a los de sus pares del sector privado, el experto del Banco Mundial mencionó cuatro elementos por los cuales tampoco debe resultar tan fácil reducirles el salario ahora que la crisis por la COVID-19 ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces.
“En primer lugar, el sector público es un empleador importante y proteger todos los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad en este momento. El Banco Mundial estima que en el mundo los empleados del sector público representan el 15% de los trabajadores y el 30% de los asalariados”, apunta Hasnain.
Así concluye que “cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral generará un impacto significativo”. Por eso señala que “debe mantenerse” la partida de sueldos del sector público por ser una medida contracíclica natural.
En segundo lugar el especialista menciona la importancia de las funciones que desempeña la mayoría de los empleados públicos, pues el 30% son educadores y el 12% es personal sanitario en 10 países de América Latina. “Además se consideran los ingenieros, policías, funcionarios de bienestar, funcionarios fiscales, trabajadores de las empresas de servicios públicos y trabajadores de extensión agrícola”, quienes podrían trabajar horas extra y proporcionar servicios urgentes, explicó.
En tercer lugar se menciona la conveniencia de reajustar la distribución de los trabajadores públicos, antes de aplicar recortes a los salarios, cuando existe una escasez de personal esencial para afrontar la crisis. “Desafortunadamente, muchos Gobiernos no cuentan con sistemas de datos y tecnología, la flexibilidad en las reglas de recursos humanos o la coordinación para redistribuir su personal en un periodo breve”.
Como cuarto punto, el experto advierte que una reducción del sector público podría dificultar el proceso de recuperación posterior a la crisis. Esto puede ser especialmente claro en la educación y su necesidad de recuperar tiempo perdido.
No obstante, Hasnain advirtió que la crisis “ha expuesto de manera dramática y trágica vulnerabilidades existentes en la capacidad del Estado, tanto en los países de ingreso alto como en los países de ingreso bajo” y por ello muchos países deberán hacer reformas profundas en el sector público para enfrentar crisis próximas.
