Expansión piñera sacrifica árboles y fuentes de agua en Zona Norte

Líderes comunales y finqueros preocupados por inacción para hacer cumplir las regulaciones ambientales.

La fiebre de la piña devora terrenos a pasos agigantados en el sector de Los Chiles, Upala y otras áreas de la frontera norte de Costa Rica. Por todas partes en la zona se ve el verde oscuro de los piñales o las tierras aradas listas para la siembra,  donde recientemente hubo bosque, quebradas, humedales, nacientes de agua.

Vecinos plantearon en Pavón de Los Chiles a representantes del Minae reclamos por la descontrolada expansión piñera que no respeta la legislación ambiental

Es un fenómeno que era ya familiar en Guápiles, Guácimo y otros cantones del Caribe, el distrito de Pital y otras partes de la llanura de San Carlos, en el norte, donde los piñales se abren campo con permisos ambientales o sin estos, según constantes denuncias de finqueros y líderes comunales.

A ellos les preocupan la contaminación de las aguas y la esterilización de los suelos que deja el monocultivo intensivo, que obtiene cosechas en cuatro meses en vez de los ocho que tarda el proceso natural.

Decepcionados se preguntan cómo es posible que muchas de estas fincas tengan rótulos de viabilidad ambiental otorgado por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), cuando claramente infringen la legislación ambiental drenando humedales, sembrando a la orilla de quebradas sin respetar el retiro que exige la ley, o abriendo ladera abajo zanjas para canalizar las aguas de lluvia que desembocan en ríos y quebradas facilitando el arrastre de sedimentos y residuos de los agroquímicos que envenenan flora y fauna.

Las quejas de los vecinos también apuntan a la inacción del Ministerio de Agricultura (MAG), el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), la Dirección de Aguas y el Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) del Minae, entidades encargadas de hacer cumplir la legislación forestal y ambiental, con todas las oficinas, direcciones y empleados que pagan los costarricenses para que hagan cumplir las regulaciones ambientales.

Cuestionamientos como estos se escucharon el pasado 28 de abril en Pavón de Los Chiles, Zona Norte, tras un recorrido que hicieron un grupo de ganaderos, agricultores, líderes comunales, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y representantes políticos locales, para observar anomalías que están cometiendo empresarios piñeros en la zona.

Estuvieron presentes también representantes del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera -Frenassap, la Federación Ecologista (Fecon) y Edgardo Araya, diputado de la zona (Partido Frente Amplio) quien auspició la gira.

La piña es el segundo producto de exportación más importante de Costa Rica después del banano, con ventas anuales de $800 millones, y las expectativas de expansión se dispararon desde que recientemente se anunció que China, con su enorme mercado, dio por cumplidos los requisitos fitosanitarios para que se pueda exportar piña costarricense.

“No estamos en contra de la siembra de la piña, estamos por que se haga de manera ordenada, de tal forma que se respeten los derechos laborales y los derechos ambientales de la ciudadanía”, dijo Araya, opinión que externaron también varios de los participantes en la reunión.

Araya explicó que la visita se enmarca en una lucha para que la actividad piñera se lleve de una manera adecuada y no afecte el suelo, los humedales, ni la calidad de vida de las personas.

Dijo que cansado de oír al ministro de Comercio Exterior decir que no hay problema con la piña, a finales del año pasado les planteó al ministro de Ambiente y al de Agricultura (MAG) la necesidad de hacer una gira por la zona para que constataran que las afectaciones son reales y no son “inventos”.

Al final, los ministros no llegaron, y el de Ambiente, Edgar Gutiérrez, delegó en funcionarios del Minae destacados en la zona.

En el recorrido por los alrededores de Pavón, los participantes del encuentro pudieron ver cómo en la finca que antes fue la Maderera San Gabriel, reforestada con ayuda de fondos estatales, ahora un empresario la está sembrando de piña, a menos de diez metros de una quebrada, sin respetar el retiro que exige la ley,  e igual se situación se presenta al frente con otra finca conocida como Naranya.

Además, constataron la apertura de zanjas del sembradío, ladera abajo, para canalizar las aguas de lluvia, una práctica prohibida que debería vigilar el MAG.

Un ganadero del sector, Jorge Castro, mostró a los invitados cómo su finca está siendo rodeada por las siembras de piña, y cómo está siendo dragado para sembrar piña un humedal próximo por donde pasa un río que luego atraviesa su propiedad.

Él ve venir su ruina y la de otros finqueros que allí poseen unas 500 cabezas de ganado, el cual bebe del río, cuyas aguas se van a contaminar cuando comiencen las fumigaciones de la piña y las lluvias arrastren los residuos.

Además piensa en las plagas de moscas de la piña, un dolor de cabeza para los ganaderos de la zona, porque acaban arruinándoles sus animales.

Para Araya, ese es un ejemplo de siembra de piña que no tiene viabilidad ambiental, igual que otra finca de la zona, que recibió viabilidad ambiental para una empacadora pero están sembrando piña en toda la finca de manera ilegal.

Otto Méndez, fiscal del Comité Regional del Área de Conservación Huetar Norte, dijo que hay un sentimiento de frustración al ver lo que pasa, porque lo más que se puede hacer es pedirles a las autoridades que fiscalicen, pero no hay capacidad ni recursos para hacerlo.

“Lo que vimos hoy aquí es el diario vivir  de la gente en esta región, el sentimiento de que hay una institucionalidad que más bien protege este tipo de inversiones, y no es que la siembra de piña sea mala, lo malo es la forma como se hace”.

“Esto que vemos aquí no es nada comparado con lo que está ocurriendo en el resto de la región. Lo invito a que vaya a Banderas, en el corredor fronterizo. Es doloroso ver que hay un doble discurso de este país en el tema ambiental”, expresó.

Varios dirigentes comunales coincidieron en señalar que el colmo es que  hasta en la franja fronteriza, en zona inalienable del Estado, hay fincas de piña con viabilidad ambiental otorgada por Setena.

José Chávez, presidente de la Asociación de Desarrollo de Pavón, lanzó una pregunta que flota en la zona: ¿de dónde viene la plata de la piña?, ya que son fuertes inversiones que no están al alcance de los finqueros de la zona.

Pequeños finqueros que han intentado meterse en el negocio han quebrado y hasta perdido sus fincas, y las que están detrás de la expansión piñera son en muchos casos sociedades anónimas cuyos dueños no se sabe dónde están ni quiénes son, apuntaron otros participantes.

TRAGEDIA AMBIENTAL

La destrucción del refugio de vida silvestre Caño Negro con la invasión de la piña, la tala de árboles en ese humedal de gran importancia ecológica, ante la vista y paciencia de las autoridades, es uno de los desastres ambientales que generan preocupación en las comunidades.

Ese es un terreno muy plano, en cada llena el río Frío forma una laguna extensa y aparecen peces muertos por todas partes, envenenados por el agua contaminada con agroquímicos de los piñales, relató Freddy Arias, presidente de la Asociación Cívica de Los Chiles.

“Ya a Caño Negro lo mataron, no existe”, lamentó  otro vecino. La ironía es que la gente del Minae se ocupa de perseguir la pesca del pez gaspar (raro anfibio endémico del sitio y en peligro de extinción), mientras todo el humedal se está muriendo, apuntó.

Otro motivo de preocupación: al sur del centro de Los Chiles (en el sector de La Bomba y San Jerónimo) hay un manto acuífero, pero ya todo el sitio fue sembrado de piña, sin tener la empresa la viabilidad ambiental, ni permiso de uso de suelo de la Municipalidad ni del Ministerio de Salud.

“Que me digan por qué si a un pobre cristiano le clausuran una construcción por cambiar unas láminas de zinc sin tener los permisos, a estos señores no se les aplica la ley y se les  dice que no se puede sembrar ahí”, cuestionó Arias.

Este martes 2 de mayo decenas de personas desfilaron por el centro de Los Chiles hasta la oficina de la Fiscalía en apoyo de una denuncia contra la piñera, acusada de continuar la siembra sin contar con por permisos respectivos.

La denuncia fue presentada el pasado 28 de abril por parte de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Acueductos y Alcantarillados y el Minae.

Erlinda Quesada, miembro del Frenassap, manifestó que no le sorprendía lo visto en el recorrido en Pavón, porque es lo mismo que se ve diariamente con la expansión piñera en el Caribe.

Con ella coincidió Berta Cerdas, de la asociación de desarrollo de Las Brisas de Upala, donde desde hace años lidian con empresas de piña que destruyeron bosque y violaron la legislación ambiental.

“Que me expliquen dónde dicen las leyes de Costa Rica que se castiga al pequeño y el grande se queda tranquilo”, cuestionó, al mencionar que a un pequeño agricultor los agentes del Minae le decomisan la motosierra por cortar un árbol sin permiso, pero las grandes empresas pueden destruir bosque y quebradas y no les pasa nada.

Pidió a los delegados del Minae que  lleven a las altas autoridades un mensaje claro de lo que constataron, “para que ver qué van hacer, porque los daños ambientales son grandes y están en todo lado: en quebradas, lagunas, humedales, nacientes de agua, y en fincas que se compran o alquilan para sembrar piña y donde desbastan lomas para sembrarlas y sabemos que para eso deben tener un permiso de Setena”.

Nidia Paniagua, miembro de la Asociación de Desarrollo y la Asada (asociación de acueducto rural) de El Parque de Los Chiles, declaró que se siente completamente decepcionada como ciudadana al ver que tantas autoridades del gobierno se hacen de la vista gorda. “Por todo lado ve uno que hay piñeras con los grandes rótulos de Setena en la entrada, y ahí se talan miles de árboles y las fuentes de agua se están tapando, es lo que más me decepciona”.

El diputado Araya dijo esperar que cada departamento representado en la reunión dé un informe de lo que se constató, de manera que el ministro esté enterado de estas cosas y que con esa herramienta “tratar de que en San José empiecen a aceptar la realidad, porque no aceptan la realidad que la piña está destrozando la zona”.

 



Legislación y procedimientos

Ante los cuestionamientos de los vecinos, Wilson Barrantes, director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, aseguró a los vecinos que “es fácil decir que los funcionarios no cumplen, y no es que no cumplen, es que el sistema es muy complejo, y entre otros puntos sugirió la necesidad de hacer cambios en la ley con medidas más drásticas y específicas.

Dijo que trabajan con los dictados de la ley los recursos que el Estado les da; en su caso, deben atender las situaciones que se generan en más de un  millón de hectáreas, desde Sarapiquí hasta Guanacaste, con poco más de 30 funcionarios.

Además hay una serie de actores con responsabilidades en el tema, no es solo el Poder Ejecutivo, entre otros también están las municipalidades, y el Poder Legislativo, encargado de hacer la ley.

Dijo que como funcionarios se sienten frustrados porque presentan las sanciones y denuncias pero hay mil formas de salirse y no llegan a nada. Cuando van al proceso judicial aunque esté la evidencia, por una mínima prueba el juez rechaza la denuncia, y cuando logran que se acuse, el proceso dura siete y ocho años.

No se trata de cerrar las piñeras, lo que pasa es que estas “se han convertido en un problema porque tenemos más de 30 o 40 mil hectáreas y con una expectativa de crecimiento increíble por la coyuntura que se da a nivel internacional, aclaró.

Mencionó, por ejemplo, que un señor que llaman el chino compró en la zona 3.000 hectáreas, las va sembrar de piña y las va a destrozar ambientalmente “y nosotros aunque tengamos la legislación y queramos hacerlo, muchas veces no logramos llegar a parar eso, porque cortan la madera en la noche o los fines de semana cuando los funcionarios están descansando”.

Otro tema es que el sector piñero no paga absolutamente nada al desarrollo nacional, ningún  impuesto, la plata no se queda en el país y los propietarios son sociedades anónimas, no se sabe quiénes son, y cuando se va a poner denuncia resulta que el dueño vive en México, Colombia u otra parte, y ni siquiera está y hasta ahí llega la investigación, porque la persecución penal es personalísima.

“Entonces hay una serie de debilidades en el sistema que no nos permiten a los funcionarios actuar, y cuando llegamos aquí, nos dicen: ustedes son los responsables, pero es que hay razones de fondo que no nos permiten actuar”.

“Hay que buscar la forma de arreglar eso, ya que tenemos claro que el sistema como está y los recursos que tenemos no están alcanzando para controlar la extensión de piña y el daño al ambiente”, apuntó Barrantes.



 

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