La Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectúan 22 allanamientos por una investigación de supuestas irregularidades en la declaratoria de emergencia de la tormenta Bonnie para realizar arreglos en la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.
Se ordenó la detención del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo; y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
“Los cuatro imputados detenidos serán llevados al Segundo Circuito Judicial de San José. En el transcurso del día, la FAPTA les tomará la declaración indagatoria y posteriormente se valorará la necesidad de solicitar medidas cautelares”, mencionó la Fiscalía.
Los hechos que se les atribuyen son investigados en el expediente 24-000454-1218-PE, los cuáles habrían iniciado en junio de 2023. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, porque se señaló que los daños en la pista fueron consecuencia de la tormenta Bonnie, cuando en realidad, las imperfecciones se habían presentado con anterioridad a los fenómenos naturales.
Una declaratoria de emergencia permite que los trámites de licitación de obra pública se simplifiquen y reduzcan, bajo el argumento de que se necesita de ellas en el menor tiempo posible. Esto significa que no se requiere del control previo de la Contraloría General de la República (CGR).
Ese era, presuntamente, el objetivo de uno de los imputados desde su puesto en la CNE, porque le solicitó al Gobierno incluir al cantón de Liberia en los decretos de emergencia nacional por la tormenta Bonnie y las ondas tropicales 11 y 12. Al modificar el decreto, se habilitó el proyecto “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del aeropuerto internacional Daniel Oduber” y se otorgó una contratación inicial por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO.
La FAPTA resalta que mientras la obra se estaba efectuando, se identificaron incumplimientos contractuales de MECO, que presuntamente derivó en presiones hacia funcionarios para cambiar el contrato y eliminar un proceso clave para la mejora de la pista: la sustitución de la base del pavimento. Esas presiones derivaron en el cambio del jefe de la unidad ejecutora (que expresó su negativa hacia las modificaciones). Esto hizo que el costo inicial de la licitación aumentará en casi $4 millones.
Las modificaciones también llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. A pesar de estas acciones, no se sancionó a la empresa por abandono de obras ni por incumplimientos de estas.
Según la Fiscalía, ese comportamiento generó daños económicos al Estado, porque se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó por los fenómenos naturales antes mencionados, lo que hizo que se vulnerara la normativa de contratación pública.
“A las personas investigadas se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios”, aclaró el órgano acusador.
Abogado de Batalla ve la detención como “innecesaria”
El Gerardo Enrique Chaves, representante legal del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, señaló que la detención del antiguo funcionario le parece un “show”, porque ya se les había notificado con anterioridad.
“En el ejercicio de ellos de su función generan este tipo de actuaciones que yo considero, con todo respeto, son innecesarias. Porque a Mauricio se le notifica, nosotros nos apersonamos, todo este show me parece innecesario”, expresó el abogado del exministro.
Mauricio Batalla renunció a su puesto el 30 de enero de 2025, justo un día antes del plazo límite establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que quienes ocuparan el cargo de ministro dejarán su puesto si querían aspirar a la Presidencia o Vicepresidencia de la República.
El exministro renunciaría a sus deseos de figurar en una candidatura el 26 de marzo, cuando circuló en diversos medios de comunicación que su nombre figuraba en un expediente judicial relacionado con casos de acoso sexual. Dijo, en su perfil de Facebook, que no quería “desprestigiar el movimiento” que inició el presidente Rodrigo Chaves.
MECO el proveedor estrella del gobierno
UNIVERSIDAD reportó que la constructora MECO se ha convertido en el actor principal en la mitad de las ocasiones, y en cinco de los últimos seis años, se destacó como el que obtuvo más contrataciones de emergencia.
En los reportes del 2025 (actualizado al 26 de abril), MECO se mantiene como el proveedor principal de la CNE, con ₡2.150 millones, cerca de un 20% de los contratos reportados.
Resulta notable también el ascenso de la empresa en las contrataciones de la CNE, tomando en cuenta que para el 2022 y el 2023 representaba apenas entre un 12% y un 13% de las compras totales realizadas por la Comisión. De hecho, del 2015 al 2021, osciló entre 2,3%y 8%, con la excepción de un 21% en el 2020, el año en que la pandemia contagió a toda la economía nacional.
A su vez, la CNE también ha mostrado un crecimiento sostenido dentro de las cuentas de la empresa Meco, ya que del 2015 al 2018, las ventas a la Comisión solo representaron entre 0,1% y 0,4% para la constructora. En el 2019 subió a 2,8%, y del 2020 al 2022 estuvo entre 7% y 15%, para ascender a 19% en el 2023, y al 93% en el 2024. Y en lo que se tiene registrado del 2025, las compras de la CNE representan más del 50% de lo adjudicado a Meco en compras públicas.
Gran cantidad de obras en el gobierno de Chaves se ejecutan con declaraciones de emergencia
Este semanario informó que a administración de Chaves muestra una mayor inclinación a firmar los decretos de emergencia, superando la norma de las anteriores gestiones. Registra seis en menos de la mitad de su periodo; lo que significa un 50% de aumento con respecto a sus antecesores en Casa Presidencial.
Esto está convirtiendo las declaraciones de emergencia casi en un estado ordinario para la gestión, en lugar de una situación extraordinaria: se pasa de un promedio de un decreto de emergencia al año, en cada uno de los tres gobiernos anteriores, a tres decretos de emergencia anuales en la actual administración.
Hay nueve decretos de emergencia vigentes (los seis de la actual administración y tres que subsisten del anterior gestión), y según el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, se trabaja en uno para el sector cafetalero, lo que continuará incrementado esta tendencia.
La CNE pasó de un promedio anual de licitaciones de ₡1.600 millones durante diez años (2007 a 2016), a uno de ₡13.297 millones durante cinco años (2017 a 2021).
