El exmagistrado Gilbert Armijo dejó la Sala Constitucional hace tres años, pero se ha mantenido muy pendiente del debate fiscal y del desenlace del proyecto legislativo de reforma tributaria que hoy está bajo análisis en el tribunal que hizo fracasar las últimas iniciativas tributarias.
Para Armijo no hay duda: el proyecto actual tiene serios vicios de procedimiento y de fondo, por lo que debe enterrarse, tal como sucedió en el último intento de reformar las finanzas públicas que impulsó la expresidenta Laura Chinchilla.
A las puertas de un fallo histórico con repercusiones en la economía y la política nacional, el exmagistrado conversó con UNIVERSIDAD y argumentó en contra la reforma acordada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
¿Cuáles son sus expectativas sobre el fallo de la Sala Constitucional?
–Esta es una nueva Sala e implica una nueva visión o interpretación de la Constitución. Si es sobre el tema de procedimiento o si afecta el funcionamiento del Poder Judicial, o el tema de división de poderes, ya son temas que ha visto la Sala anteriormente. Sobre esto hay jurisprudencia reiterada.
¿Debe un magistrado constitucional tomar en cuenta la situación económica del país en su análisis?
–Es muy complejo, tiene que ver con la interpretación de ese momento. No es la primera vez que se presentan argumentos económicos ante la Sala IV. Si se le hubiera hecho caso siempre al Estado con ese argumento, en este país se hubieran muerto muchas personas que tenían Sida. En 1995 cuando se pidió el tratamiento de retrovirales del Sida, la Caja dijo que esto iba a quebrar al país y a la seguridad social. La Sala falló diciendo que la vida era un derecho esencial y que el derecho a la salud estaba correlacionado, por lo que tenían que entregar los tratamientos de retrovirales. El Seguro Social empezó a otorgar el medicamento y no quebró.
Cada integración de la Sala define sus prioridades. Como esta es nueva, francamente es tratar de leer como en una bola de cristal.
La Constitución es un ancla que nos da seguridad a todos. No podemos hacer una curva porque el Gobierno está presionando, estas situaciones siempre se han dado. Tiene que haber alguien que tenga la cabeza fría en las situaciones extremas. Es muy complejo brincarse algunos límites constitucionales para justificar un interés superior.
¿Qué opinión tiene sobre el uso de la vía rápida para agilizar la aprobación de la reforma fiscal?
–Para mí es inconcebible, es un error muy grueso. Si usted sabe que un plan fiscal le fracasó a Laura Chinchilla por una situación como esta, ¿por qué lo vuelve a repetir? Por voluntad política se puede llevar una reforma respetando la Constitución y consiguiendo los votos necesarios para que prospere. Pero si usted sabe que no tiene los votos no puede llegar luego y decirle a los jueces: “me equivoqué, pero sea tolerante con el error que cometí”.
¿Cuál sería el problema general de este mecanismo?
–Es un procedimiento que fue pensado para descongestionar proyectos que no tienen mayor trascendencia. Es un procedimiento ad hoc, donde se definen las reglas ahí mismo, con los jefes de fracción. Cambian constantemente, no hay reglas fijas para definir cuánto tiempo se va a hablar a favor y en contra del proyecto. Se puede limitar la cantidad del número de diputados que hablen. Siempre estuve en contra del 208 bis, junto a Fernando Cruz y Ana Virginia Calzada. El principio democrático debe garantizarse con las reglas de la Asamblea y la Constitución. Son asuntos complejos como estos donde hay afectaciones constitucionales en donde se utilizan estos procesos.
A su criterio, ¿quiénes han sido los ganadores y perdedores de esta reforma?
–Siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Por lo que se ha visto en medios y calles. Aquí los perdedores son las personas de más escasos recursos.
¿Aunque el mayor peso económico recaiga en los grupos más acaudalados?
–No soy economista y es atrevido de mi parte, pero en las entrevistas que he visto en medios uno ha visto los diferentes enfoques. Hay argumentos para decir que no es necesariamente así. Lo que digo es que no tiene que ser la mano cargada en uno o en otro. Lo ideal es que si hay un problema fiscal todos debemos contribuir. Y que los pobres sean los menos afectados por este tipo de situaciones.
¿Es constitucional una regla fiscal que establece límites al crecimiento del gasto en instituciones autónomas como la CCSS?
–Hay determinadas instituciones que tienen una autonomía específica con un peso de la Constitución. Toda regla que vaya más allá de lo que la Constitución permite es inconstitucional. Esto es lo que le va a tocar a mis nuevos compañeros. En casos en donde haya una intromisión muy abierta, francamente no me sonaría. No es algo que podría admitir como juez.
El IVA viene a combatir la evasión fiscal, pero hay sectores que señalan que aún así el proyecto podría ser más exhaustivo en este punto, ¿cuál es su criterio?
–Es un proyecto para enviar señales a bancos del exterior para que nos puedan seguir prestando. Se le recauda a los mismos sectores generalmente. Esto es más un proyecto simbólico, que tampoco va a solucionar nuestro problema fiscal. Yo no creo que sea el gran proyecto que va a salvarnos de la crisis económica, que se ha venido dando de unos meses para acá y antes no estaba (lo dijo en tono irónico).
¿Qué opina sobre las reformas en temas salariales del Poder Judicial que ya vienen incluidas en la reforma fiscal?
–Eso se puede aplicar a lo que me preguntaba antes. Si hay instituciones que tienen una salvaguarda, los diputados tuvieron que revisar la Constitución antes de introducir una serie de reformas. Desde 1995 se estableció que nadie está sobre la Constitución, ni el presidente, ni los diputados, ni los magistrados, ni los ministros. Si queremos continuar con el Estado de derecho nuestro, tenemos que estar sujetos a la Constitución. Yo puedo intentarlo a través de una ley, pero a la Sala IV le tocará analizar si lo que hizo es acorde o no.
Las consultas hechas por los diputados no incluyen algunas observaciones que hizo la Corte para afirmar que el proyecto les afecta, una de ellas es la injerencia del Mideplan como ente rector en la evaluación del desempeño de funcionarios, ¿qué le parece esa propuesta?
–Los diputados introducen normas como las que usted menciona, abiertamente inconstitucionales. Es un tema muy complejo jurídico para mucha gente, pero se lo podría poner de esta manera. La Constitución garantiza que la propiedad privada es inviolable. Yo tengo la casa que compré y tengo mi patio y lo que siembro. La Constitución garantiza que tengo garantía de trabajar en mi patio. Una norma como la que ellos están tratando de autorizar es como dejar que el vecino decida qué puedo cosechar en mi patio o qué puedo hacer en mi propiedad.
¿Deben los magistrados apegarse al precedente y no ver la consulta de procedimiento, la cual tiene potestades para archivar el proyecto, por haber entrado tarde?
–En este caso concreto, yo sí entraría de oficio a verlo; vamos a ver cómo resuelve esta Sala. Es un vicio de procedimiento muy serio.
¿Cómo sería el voto de Gilbert Armijo si estuviera hoy en la Sala?
–El voto salvado de Gilbert Armijo sería que es inconstitucional por vicios de procedimiento y de fondo. Declararía con lugar algunos de los reclamos por el fondo, otros no. Digo que es el voto salvado, porque yo siempre fui contracorriente.
¿Cree que se va a aprobar?
–Sí, creo que se va a aprobar.
