El exmagistrado Celso Gamboa -ahora abogado litigante- expuso un argumento falso ante el Tribunal Penal de Pavas para pedir la liberación de dos políticas rumanas que están presas en Costa Rica mientras afrontan un proceso de extradición.
Gamboa asumió la defensa de la exministra de Turismo rumana, Elena Udrea, y de la exfiscala de la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (Diicot) de Rumanía, Alina Bica.
Udrea es requerida por su país por los delitos de soborno y abuso de poder. Mientras que a Bica se le busca por los delitos de cohecho y corrupción. Ambas fueron detenidas el pasado 3 de octubre en Sabana, San José y el Tribunal Penal de San José les impuso dos meses de prisión preventiva mientras se lleva a cabo la extradición. Ellas también presentaron solicitudes de refugio que no han sido resueltas.
La semana pasada, el 2 y el 8 de noviembre, se realizaron dos audiencias de apelación de la prisión preventiva en el Tribunal Penal de Pavas.
En la segunda de estas audiencias, el exmagistrado y ahora abogado litigante aseguró que existía un pronunciamiento de las autoridades de Rumanía que anulaba todas las condenas desde el 2014 en adelante, según informó la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI) mediante un correo electrónico.
“Sin embargo, el defensor no presentó ninguna documentación que acreditara dichas afirmaciones”, indicó esa oficina.
Aunque el Tribunal rechazó la apelación y mantuvo la prisión preventiva, la OATRI informó de que buscará corroborar por los canales oficiales si la información indicada es verdadera.
UNIVERSIDAD, con la colaboración de Organized Crime and CorruptionReporting Project (OCCRP) y el colectivo de investigación rumano Proyecto RISE, contactó a la abogada rumana Diana Hatneanu.
La jurista explicó que, en primer lugar, en ese país no existe un medio legal para anular en masa todas las resoluciones judiciales de un periodo, “por lo que ni siquiera es posible anular de una vez todos los veredictos judiciales dictados entre el 2014 y el 2018”, indicó.
De acuerdo con Hatneanu, lo que ocurrió en Rumanía fue que, el 7 de noviembre pasado, el Tribunal Constitucional de ese país dictó una resolución en relación con la forma en que se conformaba el Tribunal Superior de Casación y Justicia.
El Tribunal Constitucional determinó que, desde el 2014, el Tribunal Superior de Casación se conformó de manera ilegal porque la ley exige que se realice un sorteo, pero solo cuatro de los cinco jueces se designaban de esa manera.
Ese panel de cinco jueces se encarga de resolver las causas que se lleven contra magistrados, miembros del Gabinete, jueces del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Superior de Magistrados, jueces del Tribunal Superior de Casación y Justicia y fiscales de la Fiscalía adjunta al Tribunal Superior de Casación.
La declaratoria de ilegalidad de la conformación del panel de cinco jueces no implica que automáticamente se anulen todas las sentencias de ese país, sino que esta resolución puede ser un motivo para presentar una apelación extraordinaria contra las resoluciones de ese panel, explicó Hatneanu.
Añadió que, si un Tribunal acoge una apelación extraordinaria puede suspender la ejecución de la sentencia y ordenar un nuevo juicio. No obstante, este nuevo proceso no garantiza que se dé una absolutoria, sino que podría tener cualquier resultado, incluso una nueva condena.
“La decisión del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2018 no tiene consecuencias directas e inmediatas en ningún caso resuelto, incluidos los casos de Elena Udrea y Alina Bica”, declaró la abogada, quien mencionó que desconoce si estas dos políticas tienen intenciones de presentar ese tipo de recurso.
Es decir, para el caso de Udrea y Bica, sus abogados deben verificar, primero, si están dentro de las personas sentenciadas por un panel conformado de manera ilegal y luego presentar una apelación extraordinaria. Posteriormente, un Tribunal tendría que decidir si ordena que se lleve a cabo un nuevo debate.
La apelación debe presentarse en los 30 días posteriores al fallo del Tribunal Constitucional, detalló Hatneanu. Sin embargo, este no ha sido publicado de forma íntegra, sino solo la parte dispositiva.
El grupo de cinco jueces se elige anualmente y estos son seleccionados de entre todos los jueces de la División de lo Penal del Tribunal Superior.
UNIVERSIDAD intentó reiteradamente obtener un criterio del exmagistrado Gamboa, pero no respondió las llamadas telefónicas ni mensajes enviados a su celular.
Gamboa fue magistrado de la Sala Penal hasta el 10 de abril de este año, cuando se la Asamblea Legislativa le separó del cargo por sus vínculos con el empresario de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
A pesar de ser despedido, Gamboa todavía afronta causas disciplinarias. Una de ellas se relaciona con que, cuando fue subjefe del Ministerio Público, supuestamente pidió que se eliminara el nombre del hoy alcalde de San José, Johnny Araya, de un expediente judicial.
A nivel penal también es investigado por delitos de tráfico de influencias, prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Colaboración especial de: Attila Biro, Ana Poenariu (Rise Project), Nathan Jaccard y Paul Rad (Organized Crime and CorruptionReporting Project, OCCRP).
