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Exdirectora de ICD que pidió licencia para uso de xileno ve riesgo en eliminarla cuando se da reventa y actividades industriales

ICD dice que eliminó licencias para manejar peligroso hidrocarburo para alinearse con reglamento emitido en el gobierno de Laura Chinchilla, con firma del —entonces y actual— ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Emilia Ramírez, exdirectora de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores (UCFP) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) que ordenó en 2022 que se requiriera licencia para comprar xileno, afirma que se debería reconsiderar ese requisito para empresas revendedoras y que realizan actividades industriales, pues pueden darse “problemas de control”.

En días recientes, UNIVERSIDAD reveló que en diciembre del 2023 el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, ordenó dejar sin efecto el requerimiento de que las industrias o personas que compraran o utilizaran productos de la “lista 3” se registraran ante las autoridades.

La mencionada lista es un catálogo de sustancias entre las que se cuenta el xileno, hidrocarburo que se dio a conocer luego de que investigadores de la Universidad de Costa Rica lo identificaron como responsable de la contaminación del agua de los cantones de Moravia, Tibás y Goicoechea, tras hallarla en la toma de agua de Quebrada Honda 2 en San Jerónimo de Moravia, la cual abastecía a la Planta Potabilizadora de Guadalupe de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

En el oficio UCFP-COM-2142-2023, fechado el 8 de diciembre, el jerarca ordenó “dejar sin efecto la Circular UCFP-CIR-001-2022” referente a las sustancias de lista 3, que había emitido, y establecía que quienes adquirieran 200 kg o menos al año de las sustancias listadas debían tener permiso sanitario de funcionamiento vigente emitido para “una actividad que justifique el uso de la(s) sustancia(s) de lista 3”, obtener una licencia de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, registrar sus ventas y movimientos de las sustancias, así como la producción y venta de los productos terminados.

Ahora, dice la circular, “cuando se trate de compra local de los productos de la lista 3 se requiere únicamente que posean un permiso de funcionamiento o certificado veterinario de operación que los faculte para el manejo de estos productos, sin que sea necesario el otorgamiento de una licencia o permiso por parte de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores”.

Y es que, justamente, la directriz que había establecido parámetros de control y que recientemente anuló el jerarca de ICD fue emitida por Emilia Ramírez, quien en mayo pasado se acogió a su jubilación y, según supo este Semanario, su puesto no ha sido reemplazado.

En entrevista con UNIVERSIDAD, la exfuncionaria dijo que en su informe de fin de labores ella había indicado “que se podía valorar la flexibilización de controles para ciertas actividades hasta cierto nivel de riesgo”, como actividades que no involucran cantidades elevadas de sustancias o que no presentan peligro alguno para la gente o el ambiente.

Ramírez afirmó que esa recomendación la hizo pues “la unidad en realidad tiene poco personal y este es un volumen de trabajo enorme, pues es controlar con licencia a todas las empresas que manejen sustancias”.

Eso sí, dijo, considerando esos mismos niveles de riesgo “sería importante reconsiderar la licencia para empresas que son revendedoras o que tienen actividades industriales porque estas específicamente pueden generar algún problema de control”.

Si bien la UCFP ejerce un “control estricto sobre la importación de la sustancias”, dijo Ramírez, “estos compradores locales no siempre son los usuarios finales, sino muchas veces lo que hacen es comprar para revender” lo que puede generar complicaciones para controlar y fiscalizar su uso.

ICD priorizó reglamento

UNIVERSIDAD consultó al ICD el razonamiento para la emisión del oficio UCFP-COM-2142-2023, que liberó el manejo del químico y la entidad aseguró que lo dispuesto previamente contravenía lo dispuesto en el Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, y que el retiro del requisito se hizo “ante criterios de legalidad” y para “subsanar el defecto de forma y fondo que presentaba el instrumento jurídico citado, disponiéndose a dejarlo sin efecto”.

La exdirectora de la UCFP, sin embargo, señaló que cuando se estableció el requisito de registro, se hizo al amparo de una ley de la república, pero, ahora que se elimina, se hace arguyendo que contravenía un reglamento.

Para ella, el requisito estaba sustentado en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, pero dice que “la redacción del reglamento quedó un poco confusa y este puede darse lugar a diferentes interpretaciones y yo creo que que ahí está el asunto,  ellos interpretan sobre el reglamento pero se podría estar un poco errado, en el sentido de que esté la ley está por encima del reglamento”.

Cabe mencionar que dicho reglamento se emitió mediante el Decreto N°36948-MP-SP-JP-H-S, bajo la administración Chinchilla Miranda, con la firma del entonces ministro de seguridad, Mario Zamora, quien ocupa ese cargo nuevamente en la actualidad. Además, por parte de ese gobierno firmaron el decreto el vicepresidente, Luis Liberman; el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides; por Hacienda, Fernando Herrero; por la cartera de Salud, Daisy Corrales; y el jerarca de Justicia y Paz, Fernando Ferraro.

Rol en producción de drogas

El ICD ha insistido en que el xileno es “una sustancia química fundamental en la cadena productiva lícita del país” y ha afirmado que no es un “precursor” de drogas, aunque internacionalmente se le conoce por su potencial uso en el proceso de dilución de estupefacientes.

Días atrás, Fernando Ramírez dijo que “es falso que el xileno sea precursor del fentanilo”, pero el regente químico institucional de la Universidad de Costa Rica, Ariel Alfaro, aclaró que la sustancia sí se usa en el proceso de producción de drogas.

Ramírez  dijo que la fiscalización del xileno se debe más bien a que la sustancia se usa “como solvente orgánico en la extracción de drogas de origen natural que se producen normalmente en los países de América del Sur así como por su uso en pequeñas cantidades como sustituto de la acetona y tolueno en la fabricación de metanfetamina”.

Ariel Alfaro explicó que su uso más común es como solvente en la conversión de la cocaína básica a clorhidrato de cocaína.

Este Semanario solició al ICD la la lista de empresas que en los últimos tres años tuvieron licencia o reportaron usar xileno en los cantones de Tibás, Goicoechea y Moravia, pero la entidad indicó que el artículo 145 del Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada prohíbe otorgar esa información.

 

 

 

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