Personalidades del Partido Unidad Social Cristiana, entre los que se encuentran tres exdiputados del PUSC que recibieron en sus despachos a investigados por vínculos con el narcotráfico, dos legisladores de la bancada actual, y el ministro de Comunicación Agustín Castro, realizaron préstamos al partido que es investigados por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Documentos del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos emitidos entre 2011 y 2017 detallan contribuciones o préstamos realizados en efectivo o por vía de transferencias electrónicas. Sobre estas transacciones el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó más información con el fin de conocer el origen de los recursos, pues con el mecanismo utilizado no quedaba claro.
Dentro de los movimientos estudiados están los préstamos realizados ―mayormente por vía de depósitos de dinero en efectivo― por los exdiputados William Alvarado, Johnny Leiva, Humberto Vargas Corrales, Gerardo Vargas Rojas, y Jorge Eduardo Sánchez, así como los actuales diputados Pedro Muñoz y Rodolfo Peña, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
Sánchez – quien fue tres veces diputado hace ya más de una década- indicó que las indagaciones se refieren a la campaña antepasada de alcalde, durante la cual, “por ley, debió pasar todos los gastos de campaña a través del partido, depositando como si fuera un crédito” para luego recibir el reintegro cuando el TSE paga la deuda política. Dijo también que los depósitos se hicieron de banco a banco y nunca en efectivo.
“No tengo conocimiento de cómo eran las cosas en ese momento, pero ya entiendo porqué ahora nos tienen tan tallados”, Randall Quirós.
Alvarado, Leiva y Vargas Corrales figuran además en la lista de diputados que durante el período legislativo pasado recibieron en sus despachos a Alejandro Cartín Ramírez, Robert Soto Rivera y Luis Cartín Herrera (ya fallecido), detenidos el pasado 25 de mayo por sospechas de integrar una banda dedicada a exportar cocaína desde Costa Rica hasta Europa.
Los exlegisladores Natalia Díaz del Movimiento Libertario y Olivier Jiménez de Liberación Nacional también recibieron a los imputados en sus oficinas, mientras que durante el período actual, visitaron los despachos de Erwen Masís y Oscar Cascante (PUSC); Eduardo Cruickshank y Mileyde Alvarado (de Restauración Nacional) y a las independientes Zoila Volio e Ivonne Acuña.
Dudosas transacciones y mecanismos
De los depósitos investigados por el TSE durante el 2015 y 2016, se destaca que Alvarado aportó más de ¢21 millones mayormente a través de depósito en efectivo, Leiva ¢8 millones de los cuales ¢500.000 fueron en efectivo, Humberto Vargas casi ¢30 millones (más de la mitad en efectivo), y Gerardo Vargas Rojas ¢7.5 millones, con un depósito en efectivo de ¢5.5 millones. Agustín Castro por su parte aportó un poco más de ¢60 millones en tres transferencias, una de ¢2.5 millones, otra de ¢5.5 millones y una última de más de ¢52 millones.
El TSE solicitó también información sobre las transacciones de Pedro Muñoz y Rodolfo Peña. Muñoz, el primero, respectivamente, hoy precandidato presidencial, realizó ocho préstamos al partido, dos de los cuales fueron por ¢25 millones cada uno. Mientras tanto, Peña prestó un total de ¢11.460.000, los cuales llegaron a las cuentas partidarias a través de depósitos de efectivo, exclusivamente.
Consultado sobre el tema, Muñoz aseguró que “urgía hacer unas compras y había un crédito o dos bancarios en trámite que yo sabía que iban a entrar”. Según explicó, de esta forma, prestó al partido para estas compras, como “crédito puente” y se le pagó con los fondos bancarios. “Yo a su vez pedí unos créditos puente a un hermano mío [José Antonio Muñoz, socio gerente de Dentons Muñoz], a quien le pagué inmediatamente tan pronto el Partido me pagó a mí”, dijo.
El TSE también analizó otros créditos financiados por el alcalde de Belén, Horacio Alvarado, los excandidatos a alcaldes Gerardo Álvarez, Alex Barrientos, Edvin Castillo y Jorge Soto, así como el excandidato a diputado Ramón Chacón y Gerardo Ramírez, militante del PUSC en Limón.
Además de estos movimientos, el Tribunal investigó al menos once posibles delitos electorales y comunes relacionados con el financiamiento de los partidos, y remitió otros once informes por requerimiento del Ministerio Público sobre el mismo tema.
Todos los documentos, vinculados al financiamiento a campañas electorales, fueron solicitados al TSE por el diputado oficialista, Luis Ramón Carranza, quien integra la comisión legislativa que investiga la penetración del narcotráfico en la zona sur. Esta documentación fue entregada el 28 de mayo.
Las investigaciones se relacionan con los partidos Renovación Costarricense (1), Movimiento Libertario (3), Liberación Nacional (4), Acción Ciudadana (1), Accesibilidad sin Exclusión (1) y Avance Nacional (1). Algunas de estas investigaciones ya han resultado condenatorias o sobreseimientos, mientras que otras causas aún no se han zanjado.
Entre lo pendiente de resolución se destaca el expediente abierto por supuesta legitimación de capitales por parte del Movimiento Libertario, el cual usó sociedades anónimas para obtener créditos mercantiles para financiar su campaña.
También salta a la vista una investigación remitida al Ministerio Público en 2012, que presume un origen irregular de recursos utilizados para la campaña municipal del PUSC en 2010, y que podría calificarse como legitimación de capitales. En este caso, dos sujetos de apellidos Masís Jara y Duarte Canales fungieron a la vez como prestamistas y proveedores, y se realizaron transferencias de dinero entre sus cuentas y las del partido, de forma anómala, según detectó el TSE.
El presidente del PUSC indicó que no tiene conocimiento sobre esta indagación, y advirtió que Masís Jara no solamente ya no es partidario de su agrupación, si no que hoy es contribuyente de Nuestro Pueblo, un nuevo partido cuyo candidato presidencial es el exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza (ver recuadro: El “PUSC actual” desconoce anomalías y se desmarca).
Se intentó conocer el criterio de algunos de los legisladores y exlegisladores cuyas transacciones se investigaron, en unos casos no fue posible contactarlos y en otros, no dieron respuesta. Se contactó por correo y mensajes de texto al ministro de comunicación, pero, como es usual, no respondió.
El “PUSC actual” desconoce anomalías y se desmarca
UNIVERSIDAD consultó al presidente del Partido Unidad Social Cristiana, Randall Quirós, sobre las investigaciones y mecanismos de financiamiento de campañas, las visitas de los acusados por narcotráfico y las causas penales abiertas.
Quirós, quien asumió las riendas del partido en 2018, indicó que no tiene conocimiento sobre las indagaciones o procesos penales, pues son previos a su tiempo. Además, afirmó que en la actualidad se toman medidas de diversos tipos para asegurar en lo posible que no se filtren recursos malhabidos en los procesos.
“No tengo conocimiento de cómo eran las cosas en ese momento, pero ya entiendo porqué ahora nos tienen tan tallados”, dijo Quirós, quien explicó que en la actualidad los depósitos se realizan junto con una declaración jurada que respalda el origen de los fondos y que toda transacción superior a los $5.000 pasa por verificaciones que establece la regulación bancaria.
También indicó que, aunque no se puede decir que los grupos políticos estén “totalmente blindados” de que se les infiltre dinero malhabido, sí está convencido que “cada vez más, por lo menos, se trata de dificultar más el ingreso de esos dineros a la política”.
Adicionalmente, afirmó que Randall Masís Jara, una de las dos personas señaladas por las autoridades por servir de proveedores y financistas en un esquema que sugiere un “encubrimiento de ventas a crédito mediante figura del préstamo”, no solamente ya no es parte del PUSC, si no que ahora es parte del partido Nuestro Pueblo, cuyo candidato presidencial es Rodolfo Piza .
Sobre las visitas de las personas supuestamente vinculadas al narcotráfico, Quirós indicó que los legisladores tienen el deber de atender a la ciudadanía, lo cual es muy complicado, “sobre todo sin advertencias por parte de los organismos de inteligencia del Estado sobre si esa persona realmente no tiene antecedentes”.
