La amonestación a los magistrados de la Sala Tercera por haber desestimado una causa que involucraba a dos exdiputados de la República —ignorando parte de la prueba en ese proceso— fue mucho más leve de lo deseado para algunos de los excongresistas de la comisión especial que investigó el caso del cemento chino.
Así lo manifestaron el expresidente de la comitiva, Ronny Monge, y el oficialista Ottón Solís, uno de los más incisivos contra la actuación del Poder Judicial en aquel caso que puso en jaque al aparato judicial del Estado costarricense.
El castigo fue especialmente leve desde el punto de vista del exdiputado Solís, quien respondió —ante la insistencia de este medio por una opinión sobre el tema— que los magistrados investigados más bien “merecerían la máxima sanción posible”. Además, felicitó a los “pocos magistrados que consideraron que toda la Sala debió ser despedida” en la dividida votación disciplinaria de anoche (12-10).
Así mismo, Solís recordó que la gravedad del caso radica en que la causa desestimada implicaba a dos diputados —Otto Guevara y Víctor Morales Zapata—, dato que dejó en entredicho la cobertura legal del Poder Judicial para este tipo de actores.
“Este caso es muy grave porque demostró que cuando se trataba de la clase política representada en los diputados, la Corte Penal máxima de Costa Rica estuvo dispuesta a negar la existencia de una prueba importante… Por eso merecerían la máxima sanción posible”, subrayó.
Solís, junto con la también oficialista y la frenteamplista Patricia Mora habían solicitado destituir a los magistrados en el informe que rindieron en diciembre pasado; mientras que la liberacionista Sandra Piszk y el libertario José Alberto Alfaro habían alegado que existían “elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento disciplinario tendente a su destitución”.
Esos cinco diputados de la comisión habían redactado un par de votos salvados; sin embargo, el pleno de la agrupación había considerado que existían “acciones u omisiones” reprochables que ameritaban seguir siendo investigadas judicialmente.
Esta posición, un tanto más blanda, fue respaldada por toda la agrupación, pero especialmente por el resto de sus integrantes —los exdiputados Ronny Monge, Julio Rojas (PLN), William Alvarado (PUSC) y Abelino Esquivel (PRC)—, quienes argumentaron que el principio de independencia entre los Poderes de la República les impedía ir más allá.
Aún así, el liberacionista Ronny Monge, quien fue presidente de la comitiva, afirmó que si bien no ha podido revisar las aclaraciones de los magistrados en el proceso disciplinario, el caso “ameritaba una sanción más fuerte” tomando en cuenta que sí se comprobaron hechos ampliamente cuestionables.
“Me parece que debió haber sido más enérgico, tal vez no con la destitución, pero sí con algún tipo de sanción temporal, porque hay sanciones todavía más fuertes dentro del Poder Judicial que, por lo grave de este caso, pudieron tomarse”, puntualizó.
Por su parte, la exdiputada del Frente Amplio, Patricia Mora, fue mucho más fuerte y afirmó “respetar” la decisión; sin embargo, como Ottón Solís, consideró que los “gravísimos” hechos “merecerían la máxima sanción posible”.
“Este caso es muy grave porque manifestó que cuando se trataba de la clase política representada en los diputados y el gran empresariado, los magistrados de la Sala Penal más importante que tuvieron delante de sus ojos una prueba irrefutable, dijeron que no la habían tenido o que no le dieron ninguna importancia”.
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Anoche, la Corte Plena decidió imponer una de las sanciones más leves del ordenamiento jurídico contra los magistrados de la Sala Tercera, a pesar de que un procedimiento disciplinario —instruido por Román Solís de la Sala Primera— que encontró una falta “grave” de la Sala Tercera en aquel caso, por el que también se suspendió el lunes a la exfiscala general subrogante, Berenice Smith, por un periodo de dos meses (sin goce de salario).
Específicamente, el trámite contemplaba a los magistrados Jesús Ramírez, Doris Arias, María Elena Gómez (suplente), Celso Gamboa (ya destituido) y el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla; contra los que también corre una causa penal interpuesta por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic) por el mismo caso.
