La Comisión de Gobierno y Administración aprobó mociones que excluyen a las empresas públicas municipales de los alcances de la Ley Marco del Empleo Público sin un criterio claro; mientras rechazaron las mociones para respetar la autonomía universitaria y dejar por fuera de la cobertura del proyecto a las universidades públicas.
Por segundo día, los diputados conocieron mociones vía artículo 137 del proyecto 21.336 Ley Marco de Empleo Público.
En la primera parte de la sesión los diputados acordaron que el texto del proyecto abarque al “sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito” y que se elimine la parte que incluía a las empresas de las municipalidades en la nueva legislación.
El diputado José María Villalta (Frente Amplio) criticó la incongruencia. “A ustedes lo que les preocupa en realidad es la autonomía; no los desórdenes que puedan darse con el empleo público porque cuando se trata de entes que ustedes controlan, que sus partidos controlan, ahí sí son más laxos con las exclusiones”.
“Pretender excluir a las empresas públicas municipales es otra historia totalmente diferente. No entiendo una razón lógica para que me digan ‘vamos a pisotear la autonomía universitaria, no vamos a excluir a las universidades pero sí a las empresas públicas municipales’, porque les recuerdo que estas empresas las pueden crear los alcaldes y los concejos municipales sobre cualquier actividad económica, estén o no estén en competencia. Y las sociedades mixtas municipales tienen una mayoría de capital público, al menos un 51%, imagínense todos los chorizos que ahí se pueden hacer”, enfatizó Villalta.
Aunque no forma parte de la Comisión, Villalta participó en el debate.
Los diputados de la comisión rechazaron varias mociones para excluir a las universidades públicas del ámbito de aplicación del proyecto. Hasta el momento los diputados han conocido 38 mociones de 474 mociones sobre esta iniciativa.
“Esa creencia equivocada de que en lo privado no se dan abusos, ni excesos, ni corrupción, es parte del sesgo anti-público de esta Asamblea Legislatva y una idolatría por lo privado. Los alcaldes de sus partidos controlan esas empresas municipales, esas empresas públicas, esos concejos municipales, entonces ahí sí no les importa hacer la exclusión”, señaló Villalta.
El legislador citó los antecedentes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), donde se han denunciado casos de corrupción por salarios y contrataciones y a la que Villalta llamó un “ornitorrinco jurídico”.
En 2015 el Gerente General de la ESPH aumentó su salario en ¢10 millones de y el caso fue analizado por la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público. En ese momento el Auditor argumentó que esto se dio porque contrataron un estudio de mercado salarial a una empresa consultora que lo recomendó. Los aumentos salariales también los recibieron funcionarios en altos puestos de gerencia.
