El ex presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, indicó este miércoles a UNIVERSIDAD que sus actuaciones al frente de la Junta Directiva de la institución estuvieron apegadas a derecho.
La reacción de Ramos se da luego de que el presidente Rodrigo Chaves anunciara la decisión del Consejo de Gobierno de demandar penalmente al ex presidente ejecutivo de la institución y cinco directivos por un aparente incumplimiento de deberes y conflicto de intereses relacionados con temas como la decisión de aprobar el reajuste salarial para los empleados, así como su oposición en cuanto a salario mínimo inembargable, entre otros.
Contra los cinco directivos también se ordenó la apertura de procedimientos administrativos, así como una medida cautelar de suspensión con goce de dieta durante el tiempo que se lleven a cabo dicho procedimiento administrativo.
“Me toma por sorpresa. Actuamos apegados a derecho. Todo se aclarará con mucha facilidad”, expresó Ramos, quien agregó que desconocía la denuncia penal contra él y cinco directivos de la CCSS.
Apertura investigación
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Chaves anunció la apertura de los procedimientos administrativos contra los cinco directivos, así como la decisión de denunciarlos penalmente a ellos y al ex presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos.
“Consejo de Gobierno tomó una decisión de las más difíciles que ha tomado en las 32 sesiones desde que iniciamos labores el 8 de mayo. El Consejo de Gobierno, en vista de irregularidades claras, conflictos de intereses, y el potencial de delito penal, ha decidido suspender de sus cargos a cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS, abrirles órganos directores para la sanción administrativa correspondiente. Los estamos suspendiendo de manera inmediata como miembros de la Junta Directiva”, indicó Chaves, quien además destacó que la decisión fue unánime.
“También estamos llevando a la Fiscalía General de la República para que a estas cinco personas, más el ex presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, para que hagan una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera pudieron haber incurrido estas personas”, agregó.
Se trataría en apariencia de la representante de los sindicatos, Marta Rodríguez; el de las cooperativas, José Luis Loría; la del sector solidarista, Maritza Jiménez; el de los patronos, Jorge Arturo Hernández; y el del Gobierno, Carlos Salazar.
Chaves agregó que la decisión se tomó por el compromiso del Gobierno contra la corrupción, el mal manejo de los recursos públicos, y contra el aprovechamiento de la posición de estos representantes para beneficiarse a sí mismos.
“Había un informe diciendo ‘no alcanza la plata, el Seguro de Enfermedad y Maternidad entra en números rojos ahorita, no es el momento de subir el salario’, y aún así ignoraron eso”, criticó Chaves.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel agregó que los directivos también incurrieron en irregularidades al nombrar a un gerente administrativo a un alto funcionario que se desempeñaba como Director Jurídico y que no cumplía los requisitos, al no estar incorporado al Colegio de Ciencias Económicas.
