El ex director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez Vargas, aseguró a los diputados que la Contraloría General de la República (CGR) ya investigó el caso de la construcción de la carretera a San Carlos, específicamente en el tramo entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada, y que allí ya determinó responsabilidades, consecuencias, responsables y sanciones.
Durante prácticamente toda su comparecencia realizada hoy jueves 28 de julio ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público, Rodríguez remitió a los diputados al informe emitido por la CGR en mayo de este año, después de dos años de investigación.
“Yo sé que el que más puede, puede lo menos y que la Asamblea es el primer poder de la República y si quiere puede investigar lo que la Contraloría ya investigó; pero desde mi punto de vista, ahí está suficientemente claro, suficientes folios y suficiente información, que podría evitar que estuviéramos nuevamente en esto”, señaló Rodríguez.
El cuestionamiento de la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, fue el más extenso. Guillén le planteó que en las audiencias y en los informes Édgar Meléndez, entonces gerente de conservación de vías y puentes del Conavi, dijo que él se negó a pagar ciertas facturas a Constructora Herrera porque a su juicio no eran facturas regulares y había que guardar los recursos del Estado.
Según Meléndez, él terminó haciéndose a un lado y las facturas las terminó conociendo Rodríguez. “¿Cómo es que al final se hicieron los pagos a la Constructora Herrera, usted me puede explicar?”, preguntó Guillén.
A esto Rodríguez respondió: “Don Édgar terminó pagando las facturas; y ese tipo de detalles está claramente establecido en este informe de la Contraloría, que al final determina quién es el verdaderamente responsable y a quien recomienda que se despida”.
Rodríguez también afirmó que está involucrado en el Caso Cochinilla “porque alguien mintió” diciendo que él era el Presidente de la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá y que esa persona “encontró que le convenía molestar”, aunque ese cargo lo desempeñó por 20 años como un voluntariado. Esa persona lo señaló por tener “prerrogativas salariales” en el Conavi y así fue como quedó en el expediente, dijo.
“Con respecto al Caso Cochinilla, yo fui el que en diciembre de 2018 me reuní con los agentes del OIJ y les pedí que nos ayudaran porque yo tenía información de que en el Conavi había cosas irregulares que no se habían podido resolver porque no habíamos podido conseguir pruebas”, reiteró.
¢921 millones a Constructora Herrera
Por su parte, el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, preguntó a Rodríguez si existió algún proceso de contratación administrativa justificando la adjudicación de ¢921 millones a Constructora Herrera y si existió un concurso previo, ya que en una audiencia pasada, el asesor legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Berny Vargas, dijo a los diputados que se nombró a dedo a la empresa.
Rodríguez indicó que con los contratos de conservación de vías se generan áreas de conservación de vías. Cuando una ruta nacional se completa se define en cuál zona puede ir y se adiciona al contrato general de una empresa que le debe dar mantenimiento y que eso ocurrió en este caso. Dijo que a él le explicaron que al valorar cuál empresa de las que ya tenían contratos, era la más barata, se escogió a Constructora Herrera y así se asignó el contrato.
”¿Entonces no fue un nombramiento a dedo el de estas empresas?”, cuestionó Alvarado. A lo que Rodríguez respondió: “No dice eso el informe de la Contraloría”.
Como reportó UNIVERSIDAD, un informe de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, GCSV-01-2019-6433, emitido en diciembre de 2019, denunció el uso de fondos públicos para construir accesos privados a fincas, la intervención irregular en caminos municipales, y desórdenes en los programas de trabajo de la zona como parte de la construcción de esta carretera.
En marzo de 2020 también se informó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público investigaban el destino que corrieron ¢3.500 millones para construir esa carretera, tras una visita del Laboratorio Nacional de Materiales (Lananme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que señaló diversas irregularidades.
Posteriormente, en 2021 y en el contexto del caso Cochinilla, surgieron sospechas sobre las adjudicaciones de trabajos de obra pública a la empresa Constructora Herrera, particularmente la construcción de la carretera Sifón – La Abundancia.
En la audiencia de hoy también debían comparecer Hannia Rosales, directora ejecutiva a.i. del Conavi, quien envió una constancia de incapacidad; y Edgar Meléndez, quien presentó una epicrisis que indicaba que se encuentra delicado de salud, por lo que esas audiencias se reprogramarán.
