La Comisión Legislativa especial que analiza el sector energético realizó su segunda sesión, en la que analizaron un reporte del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre la normativa que se aprobó en Costa Rica en esta materia en los últimos años, y en la que se evidenció una fuerte desaceleración en la aprobación de leyes en las últimas tres décadas.
En el estudio presentado por Sonia Betrano, realizado mediante un conjunto con el programa Estado de la Nación, se identificaron 117 leyes que se aprobaron de 1950 al 2014. De ellas, 82 se aprobaron en los primeros 31 años (un 70% del total), mientras en los siguientes 32 años se redujo la cantidad a 35 (un 30% del total). En conjunto, hubo un promedio de 1,8 leyes por año en todo el período, pero en la primer etapa ese promedio fue de 2,6, mientras en la segunda fase fue de 1.
Además, el estudio identificó que un 75% de esta normativa se relacionó con energías renovables, lo que dejó un 25% para las energías no renovables. Con respecto a los temas, la mayoría se ubicaron en definiciones del marco regulatorio, seguido por autorizaciones a Municipalidades, y el área de financiamiento.
Los datos empezaron a generar las primeras pistas para el debate: la diputada Daniela Rojas, presidenta de la comisión, consideró que las cifras evidencian que se creó un marco regulatorio en el país para los temas de electricidad y combustibles, pero en los últimos años no se mantuvo el ritmo. “El país se quedó atrás en temas de energía, las leyes que hay no son flexibles para la transición que se requiere hacia las nuevas tecnologías”.
Sin embargo, las legisladoras Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista y Katia Rivera, del Partido Liberación Nacional, comentaron que conciben la tarea de la comisión como simplificar la normativa de la materia. “No se trata de entrar en una fábrica de leyes, sino de prepararnos para entrar al futuro en energías limpias”, mencionó Rivera.
La Comisión todavía no tienen proyectos remitidos en su agenda (iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo en este período de sesiones extraordinarias), pero ya aprobaron un grupo de audiencias, para analizar el contexto de la situación energética del país.
Se convocó a Marco Acuña, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); a Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), y a Franz Tattembach, Ministro de Ambiente.
También irán Vanesa Castro, gerente general del ICE; Salvador López, Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), y Marco Mora, Intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
Asimismo, se llamó a representantes de CINDE (Jorge Sequeira, Rebeca Seravaldi y Margarita Umaña), a William Villalobos, CEO de CORE Regulatorio, y representantes del sector privado de electricidad y energía (Allan Benavides, de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía; Manrique Rojas, de la Asociación Costarricense de Productores de Energía; Enrique Egloff, de la Cámara de Industrias; Gustavo Madrigal, de la Asociación de Dstribuidores; Jan Borchgrevink de la Camara Costarricense de Generación Distribuida, y Alvaro Mesén, de la Cámara de Empresarios del Combustible).
La diputada Sofía Guillén propuso la convocatoria de los sindicatos ASDEICE y ANTTEC del ICE y Sitrapequia de RECOPE, y de Leonardo Merino y Karen Chacón del programa Estado de la Nación, mientras Luis Fernando Mendoza solicitó una audiencia para que Betrano presente un estudio de la evolución energética de Costa Rica
