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Estudio regional encontró influencia de tabacaleras en Gobierno del país

Análisis señaló participación de funcionarios en actividades de las empresas, así como tratamiento especial al protegerlas durante la reforma fiscal.

En Costa Rica existe una interferencia del 49% de la industria tabacalera sobre el gobierno y sus respuesta ante las políticas de control de fumado en el país.

Así lo señaló el Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera en Latinoamérica, elaborado por la asociación Stopping Tobacco Organizations & Products (STOP) y Corporate Acconuntability en conjunto con diversas organizaciones a nivel regional, entre las que destaca la Red Nacional Antitabaco (RENATA) de Costa Rica.

“En el caso de Costa Rica queda en evidencia que aún hay mucho por hacer. Instamos al gobierno a avanzar en esta materia empezando por la revisión del decreto que integra en la Comisión Mixta contra el Control Ilícito a tres cámaras empresariales y las recomendaciones que se derivan de este informe”, dijo la presidenta de Renata, Dra. Nydia Amador.

El estudio documentó la participación de oficiales de gobierno en actividades de responsabilidad social corporativa organizadas por la industria tabacalera o sus representantes, así como el tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia el sector al protegerla durante la reforma fiscal y al establecer un artículo especial para el cálculo menor de la base imponible del impuesto y en una amnistía fiscal.

«Otra de las documentaciones refiere a la interferencia de la industria a través de sus representantes en eventos sociales como asistencia técnica en la formación sobre temas de contrabando por ejemplo donaciones a instancias de gobierno dedicadas al tema fiscal», indica el informe.

Las organizaciones pidieron al país la elaboración de un Código de Conducta con normas y procedimientos para la interacción de los oficiales gubernamentales con la industria tabacalera conforme el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT).

Además, se pidió al Ministerio de Salud «establecer mecanismos para registrar las interacciones de sus funcionarios con personeros del sector y crear una política para rechazar la aceptación de toda forma de contribución o regalo».

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