La Gerencia Financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) destacó el perjuicio que tendría el proyecto de “Ley Autorización de condonación para la formalización y Recaudación de las Cargas Sociales” (Expediente 21.522) para las finanzas institucionales en un estudio que detalla que dejaría de recibir ¢165.853 millones; mientras los posibles ingresos anuales si asegurara a estas poblaciones serían de ¢26.958 millones.
El proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente 21.522, avanza en la Asamblea Legislativa y autorizaría a la Caja a condonar la deuda principal por cuotas, multas, recargos e intereses en el caso de los trabajadores independientes; y la deuda por multas, recargos e intereses en el caso de los patronos.
Específicamente, la iniciativa condonaría a trabajadores independientes no asegurados y a trabajadores independientes morosos los cobros por multas, recargos e intereses todo el periodo y la totalidad de cuotas; y a los patronos morosos condonaría los cobros multas, recargos, sanciones e intereses que superen un año de antigüedad y no condonaría las cuotas o principal.
Detalle de deudas ante la Caja
El estudio “Estimación Cuantitativa relativa a Ejecución y No Ejecución de Propuesta de Amnistía”, elaborado por la Gerencia Financiera de la Caja en junio de este año explica que se entiende por morosidad las deudas del pago del seguro de salud y pensiones de un patrono o trabajador independiente; y adicionalmente están las cuotas, los intereses y servicios médicos que se generan a partir de la condición de morosidad.
Por ejemplo, la Caja sigue dando servicios médicos a trabajadores de patronos morosos y a trabajadores independientes en casos de atención de urgencia o emergencia o la atención de algún familiar beneficiado con su seguro de salud.
El estudio también explica la diferencia entre morosos “activos” (con más probabilidades de pagar la deuda porque están recibiendo ingresos por su actividad económica); y los morosos “inactivos” (antes estuvieron inscritos ante la Caja, dejaron una deuda y ya no ejercen una actividad económica, con probabilidades de pago escasas o nulas).
Actualmente solo un 27% (25.711) de los patronos morosos son activos y deben ¢104.069 millones de 96.203 patronos morosos en total, que acumulan una deuda de ¢416.857 millones.
Y un 66% de los trabajadores independientes morosos son activos (137.814) y deben ¢286.451 millones de 208.823 trabajadores morosos en total, que mantienen una deuda de ¢380.604 millones, muestra el documento.
Asimismo, los patronos deben ¢66.744 millones de cuotas (no se les condonaría), ¢10.718 millones de intereses y ¢26.151 millones en servicios médicos: mientras que los trabajadores independientes deben ¢207.522 millones en cuotas (sí se les condonaría), ¢46.817 millones en intereses y ¢32.112 millones en servicios médicos.
Otro dato que destaca el informe es que la CCSS recupera un promedio de ¢366.264 millones cada año (el 87.5% son deudas de patronos y 12.5% de trabajadores independientes). Esta gestión de cobro le costó a la institución ¢3.959 millones en 2020 (un 1% de la suma recaudada).
Lo que dejaría de recibir la Caja
El estudio en cuestión señala que a diciembre de 2020 los montos sujetos a condonar oscilan entre ¢41.463 millones y ¢165.853 millones, más que los posibles ingresos anuales que se estarían percibiendo producto del aseguramiento de estas poblaciones, que oscilan entre ¢6.740 millones ¢26.958 millones.
La Caja diseñó cuatro escenarios, dependiendo de qué porcentaje de población no asegurada actualmente logre afiliar; por eso calculó cuatro escenarios según un los porcentajes de 10%, 20%, 30% y 40%. La Encuesta Nacional de Hogares de junio del 2020, muestra que hay 27.000 personas asalariadas no aseguradas, cuyo ingreso está por encima de la base mínima contributiva.
El documento expone que el efecto neto de la propuesta de la ejecución del proyecto de ley resulta negativo; “el costo que estaría asumiendo la institución por la ejecución de la propuesta es mayor al beneficio que espera obtener por concepto de la formalización y aseguramiento de estas poblaciones de trabajadores independientes”.
Si no se ejecuta la propuesta de amnistía que propone el proyecto de ley, se podrían recuperar alrededor de ¢27.5 mil millones de trabajadores independientes morosos y ¢46.7 mil millones de patronos morosos, para un total de ¢74.2 mil millones, según la Caja.
Asimismo, se cita el oficio GF-4533-2019 de la Gerencia Financiera de la CCSS, en el que advierte que, en caso de aprobarse el proyecto de ley “se daría un perjuicio para las finanzas institucionales, al dejarse de percibir recursos que se derivan de la morosidad en el pago de las obligaciones que tienen los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios con la seguridad social; además, de que se estaría generando una percepción de impunidad en relación con aquellos contribuyentes que sí pagan oportunamente sus obligaciones frente a quienes se verían beneficiados con la amnistía”.
