En el 2017 la Universidad de Costa Rica (UCR) permitió a tres hombres que no eran funcionarios ejercer como “entrenadores” y acompañar a una gira a Argentina a cinco estudiantes (tres mujeres y dos hombres) que participaron en una competencia internacional de Derecho en representación de la institución. Ello sin contar con la supervisión de algún docente o funcionario.
Dos de las estudiantes que asistieron a ese evento denunciaron penalmente a uno de los coach, de apellido Montes y de 31 años, por el delito de violación. Además, una de ellas demandó civilmente a Montes y a la UCR por los daños sufridos y por los gastos médicos en que incurrió.
La víctima estima que la indemnización por el daño moral es de $250.000 y el reclamo por los gastos de atención médica es de ¢950.000. El abogado que la representa es Francisco Dall’Anese, quien prefirió no brindar declaraciones sobre el proceso.
Las agresiones sexuales supuestamente ocurrieron en un apartamento en el cual se hospedaron tanto los miembros del equipo como sus entrenadores. Las afectadas —de quienes se reserva su identidad por protección— tenían 22 años de edad.
Luego de estas denuncias, las autoridades de la Facultad de Derecho decidieron que en el futuro los estudiantes solo sean acompañados por funcionarios, según indicó el decano Alfredo Chirino Sánchez en una declaración que emitió dentro del proceso penal al cual fue citado como testigo.
Chirino admitió en ese testimonio que “este tipo de hechos y circunstancias” son de “difícil control” porque los entrenadores “no guardan ninguna relación jerárquica docente con la Facultad de Derecho”, según una copia en poder de UNIVERSIDAD.
“A raíz de estas circunstancias es que hemos tomado la decisión, en la Facultad de Derecho, de acompañar a los equipos únicamente con el apoyo de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho; expertos en los temas en los que participen los equipos y con los cuales sea posible garantizar el comportamiento y la disciplina durante estas actividades”, se lee en la copia de su declaración.
La delegación de supervisar y acompañar al grupo de estudiantes que hizo la UCR consta en documentos que son parte del expediente judicial, en el cual la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género presentó una acusación por los delitos de abuso sexual y violación, que está a la espera de que se realice la audiencia preliminar.
El 11 de mayo del 2017, el profesor Mauricio París Cruz, quien brindaba el curso de Derecho Internacional Privado, le envió una carta al decano Chirino en la cual daba su aval al equipo que participaría en la competencia de arbitraje internacional.
En la carta, París indica que a él le “solicitaron” ser el profesor encargado, sin detallar quién le hizo esa petición. Al mismo tiempo, manifestó: “Delegando así las funciones de entrenadores en (apellidos Rapso, Venegas y Montes), todos egresados de la Facultad, profesionales capacitados y con experiencia suficiente para conllevar exitosamente el proceso de preparación de los estudiantes”.
El docente pidió a Chirino “su aval para poder solicitar apoyo económico complementario de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil” para el equipo que representaría a la UCR.
También, ese día el profesor Gonzalo Monge Núñez envió una solicitud para pedir apoyo económico a la Comisión de Becas de la Facultad de Derecho. En su carta se indica que la dirección técnica del equipo estará a cargo del profesor París y que tendrán “asesoría y entrenamiento de distinguidos profesionales egresados de la Facultad”.
De acuerdo con la documentación del expediente judicial, el 23 de mayo del 2017 Chirino comunicó al equipo su aval para que participaran en la competencia. Con ese permiso, el grupo de estudiantes obtuvo apoyo económico de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
En ninguna de esas cartas se indica quién y bajo qué parámetros seleccionó a los entrenadores externos.
UNIVERSIDAD consultó al profesor París sobre las razones por las cuales el entrenamiento y acompañamiento del equipo se delegó a personas que no eran funcionarias. Ante el cuestionamiento, él aseguró que no funciona de esa manera, sino que son los mismos estudiantes quienes se organizan y buscan a sus entrenadores. Añadió que a él lo contactó el entrenador Rapso, quien es su compañero de trabajo y quien además en el pasado participó en la competencia.
“Yo lo que hago es emitir una nota diciendo que como profesor de la universidad sé que ellos son los que están entrenando y que académicamente yo me hago cargo del equipo. Yo asumo la dirección académica porque se necesitaba, para efectos creo que del comité de becas o algo así, ese soporte; pero yo no participo, no voy a la competencia. Habré tenido dos o tres sesiones de trabajo con ellos”, dijo.
Por su parte, Rapso declinó responder consultas de este medio sobre la forma en la que él y los otros dos egresados se hicieron cargo del equipo. “La información solicitada está relacionada a un proceso judicial que se encuentra en trámite. Por ende, con el fin de no entorpecer dicho proceso y la investigación que le sigue, no haré referencia al tema en este momento”, indicó por escrito.
El profesor Gonzalo Monge respondió que las consultas debían realizarse ante la Decanatura de la Facultad.
Al decano Chirino se le enviaron una serie de interrogantes sobre la participación de personas ajenas a la institución como entrenadores y sobre la supervisión que ejerce la Facultad sobre los equipos. No obstante, indicó que ahora existe un protocolo de atención de preguntas de la prensa que requiere de una consulta a la Oficina Jurídica de la UCR. (Vea nota aparte).
En el testimonio que rindió en el proceso penal, Chirino afirmó que nunca autorizó a Montes para participar y que solo los otros dos entrenadores se presentaron a su oficina y hablaron con él.
También aseguró que la participación del tercer coach fue decidida por el propio equipo. “Yo nunca supe de la participación del imputado en esta actividad, yo nunca estuve en esas reuniones donde se elegía al coach. Es por ello que los hechos acontecidos en Argentina me causaron gran sorpresa”, dijo.
UNIVERSIDAD además intentó obtener una respuesta de la UCR sobre si existen protocolos que se deban seguir para la participación de estudiantes en estas competencias, así como sobre la defensa de la institución ante la demanda civil, pero al cierre de la edición la Oficina de Divulgación e Información no había remitido la respuesta.
El imputado en esta causa comunicó en un texto que el proceso judicial se encuentra en una etapa privada, por lo que no podía referirse al respecto.
Sobre los hechos acusados únicamente indicó: “serán rebatidos en juicio para demostrar mi absoluta inocencia”.
“Preguntaba: ¿quién con quién”
De acuerdo con las denuncias, los hechos ocurrieron en setiembre del 2017 cuando el equipo viajó a Argentina para la competencia.
Una de las estudiantes narró en su denuncia que, previo a hacer el viaje, se reunían tres o más veces por semana y que el imputado “siempre preguntaba por la forma como tendríamos relaciones sexuales entre los miembros del equipo una vez estuviéramos en Argentina. ‘¿Quién con quién?’, preguntaba, lo que de por sí era impropio aunque fuera por broma”, se lee en su declaración.
También aseguró que la agresión sexual en su contra se dio una noche en que salió de la ducha y el imputado había ingresado al baño. “Le dije enérgicamente no querer nada con él. Trató de quitarme el paño y nos trenzamos en un forcejeo, pero me lanzó contra una ventana golpeándome la cabeza y la espalda. Nuevamente trató de quitarme el paño y volvimos a forcejear; me alzó, me llevó a su cuarto y me lanzó sobre la cama”, dice la declaración.
La denunciante indicó que en ese momento ocurrió la violación sexual y que, como consecuencia, ella se vio obligada a abandonar la UCR y asistir a otra universidad.
La otra estudiante denunció que fue violada en el apartamento una noche en que ella y el imputado regresaron de un bar.
Decano evita responder sobre violaciones a estudiantes por nuevo “protocolo” para atención de medios
Hulda Miranda Picado
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alfredo Chirino, argumentó que un nuevo protocolo para la atención de prensa le impide responder consultas sobre las denuncias por violación sexual que hicieron dos alumnas contra un hombre a quien la institución le permitió ser su “entrenador” y acompañarlas a una competencia en Argentina.
Según un correo electrónico remitido por Chirino, el Consejo Asesor de la Facultad de Derecho (conformado por las direcciones de área y una representación estudiantil) decidió emplear el nuevo protocolo a raíz de “las distintas noticias y reportajes” que aludieron a esa unidad académica el año pasado.
“(…) referidos a temas altamente sensibles, como lo sería el acoso y el hostigamiento sexual, y que involucran aspectos de confidencialidad, debido proceso y observancia de la normativa universitaria aplicable, resulta necesario contar con un espacio de reflexión y análisis de las formas en que nuestra Facultad ha de proporcionar información sensible y que puede afectar derechos de terceros, cuando esta información es solicitada por distintos medios de comunicación”, dice el acuerdo de dicho Consejo que Chirino remitió a UNIVERSIDAD.
El documento añade que todas las solicitudes de información que realice la prensa serán enviadas por el decano al Consejo Asesor y que, cuando “comprometan derechos de terceros o se esté ante situaciones que involucran la tramitación de expedientes administrativos y/o judiciales, se realizará la consulta respectiva a la Oficina Jurídica” de la UCR.
En el correo Chirino indicó que realizó consultas a la Oficina Jurídica sobre las preguntas enviadas por este medio, por lo que todavía no brindó respuestas sobre la forma en que se eligen a los entrenadores externos o si la Facultad toma medidas de seguridad para proteger a estudiantes que participen en esas competencias.
Tampoco respondió qué medidas tomó él cuando las estudiantes regresaron del viaje y le contaron lo ocurrido, según se indica en el expediente judicial.
La Facultad de la “leyenda negra”
¿Qué ocurrió en el 2019 para que la Facultad de Derecho creara ese estricto protocolo?
En mayo de ese año, UNIVERSIDAD publicó los relatos de estudiantes y exestudiantes que aseguraron haber sufrido acoso sexual e insultos por parte del catedrático de Derecho Mainor Salas Solís.
En ese momento, se consultó al decano sobre estos testimonios, ante lo cual respondió que existía “una leyenda negra” sobre el docente pero no denuncias formales, a pesar de que Salas incluso había sido sancionado una vez con ocho días de suspensión por hostigamiento sexual a una alumna.
Además, posteriormente este medio dio a conocer que en el pasado el docente Salas también fue denunciado en dos ocasiones por agresiones verbales contra estudiantes. En ambos procedimientos administrativos, el decano Chirino Sánchez declaró que el tiempo legal para presentar esas quejas había prescrito. Sin embargo, otros órganos universitarios, como la Comisión Instructora Institucional (CII), la Vicerrectoría de Docencia y la Defensoría Estudiantil Universitaria, rebatieron esos criterios del decano de la Escuela de Derecho.
Finalmente, en uno de los procesos hubo conciliación y el otro quedó suspendido por problemas de salud de la denunciante.
Luego de esas declaraciones iniciales y de las protestas que grupos de estudiantes realizaron en la Facultad contra el acoso sexual, el decano aseguró a este medio que sus palabras no fueron bien comprendidas. Posteriormente, solo aceptó consultas por correo electrónico.
A finales del año pasado, la Vicerrectoría de Docencia de la UCR abrió un proceso disciplinario contra el decano Chirino porque supuestamente cometió errores y omisiones en la tramitación de la causa contra Salas.
La Rectoría había archivado el expediente contra el catedrático porque consideró que el decano no realizó un intento “mínimo de investigación preliminar”.
