El proyecto de ley que reestructura el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) excluye de las decisiones ambientales a otras instituciones, a comunidades, indígenas y a las universidades de la toma de desiciones ambientales.
La reforma concentraría en el Ministro de turno, y en sus posturas políticas, las decisiones de viabilidad ambiental y de manejo de biodiversidad al eliminar los criterios vinculantes de órganos técnicos con el objetivo de evitar el ‘acoso al sector privado’, según anunció el presidente Rodrigo Chaves.
Actualmente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) son órganos desconcentrados en la que los sectores sociales, instituciones y demás órganos representados son consultados y sus criterios son vinculantes o se efectúan por medio de voto.
El abogado Álvaro Sagot considera que la reforma, al excluir a la sociedad civil de las decisiones ambientes, violenta derechos humanos fundamentales como la participación ciudadana y el derechos información en temas ambientales.
“(Las decisiones políticas de un Ministro) podría tener fines economicistas que favorecen a solo a un sector y no abría una tutela científica. Es particularmente problemático en el caso de Setena porque las decisiones tomadas de punto de vista empresarial pueden borrar muchas de las metas ambientales que hemos alcanzado” explicó Sagot.
En el caso de Setena, la reforma elimina la Comisión Plenaria, órgano que toma las decisiones sobre viabilidad ambiental en el hay representación del Minae, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Mientras que en el Sinac se eliminaría el criterio vinculante de los Consejos Regionales de Áreas de Conservación (CORAC) en los que participan organizaciones comunidades de todo el país.
“(Los Consejos) son importantes porque ahí están incluidas organizaciones locales, asociaciones de desarrollo, centros agrícolas o entidades muy comunitarias que están cerca de áreas protegidas y que esos le da fiscalización a las áreas de conservación. Sacar la participación ciudadana de la toma de decisiones es un retroceso importante en términos de derecho ambiental” explicó Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB).
La representante de las comunidades en el CORAC del Área de la Conservación Tortuguero, Erlinda Quesada, señaló que los logros ambientales del país surgen de luchas comunitarias que luego el Minae debe asumir por la presión ciudadana que permiten estos órganos.
“Es una representación muy balanceada con el sector educativo, comunidades, ONGs y el sector privado. (Con la reforma) que está en riesgo es que vamos a quedar en manos de entes políticos, funcionarios de confianza que pueden tener buena o mala voluntad política. Nosotros hemos trabajado mucho en los planes de manejo, negociando con las comunidades porque a veces está en juego su comida y vida cotidiana”
Quesada mencionó que ante una falta importante de guardaparques la voz ciudadana ha cobrado protagonismo en la vigilancia ambiental y considera que la reforma busca arrebatarles potestades fiscalizadores que actualmente tienen a mano, como la potestad de rechazar un presupuesto con justificación y la posibilidad de recomendar al Director del Área de Conservación.
La concentración de las decisiones en el Ministro también excluiría los criterios de la Asociación Mesa Nacional Campesina, la Asociación Mesa Nacional Indígena y demás instituciones representadas en el Consejo de la Congebio, órgano que apoya la implementación del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB).
También escoge la eliminación de la desconcentración de la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas y la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio.
“Son Juntas Directivas que han tenido modificaciones, pasan ser manejados por fideicomisos con alta participación ciudadana. Va por la misma línea, exclusión de las comunidades y concentración del poder” apuntó Sagot.
