En medio de las discusiones fiscales, el Gobierno giró su primera lista de 16 proyectos para el periodo de sesiones extraordinarias

Estos son los proyectos de ley que el Gobierno priorizó para la Asamblea Legislativa

El Ejecutivo tiene el control sobre las iniciativas que ven los diputados en agosto, periodo para el que ya incluyó propuestas relacionadas con la extinción de dominio, el acoso callejero y una prohibición para las exploraciones de gas y petróleo.

El plan fiscal, la regla fiscal constitucional, el presupuesto extraordinario y otros proyectos en materias como agua para Guanacaste, el traspaso de Bancrédito, la ley de extinción de dominio, el acoso callejero y los combustibles fósiles son parte de los temas que priorizó el Gobierno para su primer mes de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa.

Los periodos de sesiones extraordinarias son dos lapsos por año en los que le corresponde al Ejecutivo elegir las iniciativas que conocen los diputados; el primero, y más chico, se da en el mes de agosto y el segundo, de cinco meses, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril.

En esta ocasión, como en el cierre de la administración anterior, el periodo estará marcado por las discusiones fiscales, especialmente por el trámite del expediente 20.580, la reforma fiscal, que se tramita a través de un procedimiento abreviado y que es el principal objetivo del Gobierno.

No obstante, la lista de expedientes —16 en total— también cuenta con temas sociales y ambientales, iniciativas en campos como la seguridad ciudadana y la promesa de una que “oportunamente” se estará ampliando, según avance la primera lista planteada.

De los proyectos, dos son iniciativas recién presentadas por el Ejecutivo: una que declara al país “libre de exploración de gas y petróleo” y otra que establece el mecanismo del bono comunal de vivienda

Los temas

Plan fiscal

El primero de los temas en la lista es la reforma fiscal, el proyecto que instaura el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lugar del Impuesto sobre las Ventas, que reforma el Impuesto sobre la Renta, adhiere una regla fiscal y fija algunos límites en materia de empleo público.

Este proyecto, cuyas discusiones están en su punto cúlmen, es el principal objetivo del Gobierno, que espera a la construcción final del texto para recortar entre un 1,5% y un 1,9% del PIB en la ya de por sí desbalanceada relación entre gastos e ingresos que alcanzó los ¢996 mil millones en 2017; es decir, un 3,1% del PIB de ese año.

Presupuesto

Como segundo punto puesto sobre la mesa, el Gobierno convocó el expediente 20.921 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, un  movimiento mediante el que intentará que el Congreso le apruebe una abultada partida de gastos por ¢600.045 millones para hacer frente a su deuda interna, cuyos intereses en el primer semestre de este año ya suman casi los ¢500 mil millones.

Este proyecto es urgente para Hacienda, pues una mala estimación que hizo el Gobierno pasado sobre su colocación de bonos con vencimientos a corto plazo, hizo que a finales de 2017 se triplicara ese tipo de endeudamientos por “faltantes de liquidez” que no se contemplaron a tiempo.

Agua para Guanacaste

Junto con el plan fiscal y el presupuesto extraordinario de la República, el Gobierno añadió a su lista el expediente 20.465, la iniciativa que busca desafectar 113 hectáreas de la reserva biológica Lomas de Barbudal para la construcción de un proyecto hídrico de riego, consumo y generación hidroeléctrica sobre la cuenca media del río Tempisque.

La iniciativa tendría un costo de $457,8 millones, de los que el país recientemente el presidente Alvarado anunció la aprobación de un financiamiento parcial de $425 millones por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, más tarde, también tendrá que pasar por el Congreso.

Bancrédito

El cuarto punto añadido por el Gobierno en su lista fue el expediente 20.366, la propuesta de ley que busca cerrar de una vez por todas el Banco Crédito Agrícola de Cartago, cuyas operaciones comerciales cerraron en mayo de 2017, y su absorción por parte del Banco de Costa Rica (BCR), incluidos “todos sus activos, pasivos contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras”.

Entre los bienes que absorba el BCR, se le autoriza a vender con descuento “de ser necesario” la cartera de crédito que reciba y se encuentre morosa, en cobro judicial, insoluta, y bienes adjudicados y bienes inmuebles. Ello podrá hacerlo vía “subasta u oferta pública”.

Extinción de dominio

También es parte de la lista del Gobierno el expediente 19.571, la polémica ley de extinción de dominio, que busca facultar al Ministerio Público para la confiscación de bienes relacionados con “prácticas ilícitas” en materia de crimen organizado.

Esta iniciativa ha dividido posiciones entre quienes le aprecian como una herramienta impostergable para la lucha contra problemas como el narcotráfico y criterios más garantistas, que dicen el texto atentaría contra el principio legal de presunción de inocencia.

Bonos de vivienda

En materia de vivienda, la convocatoria incluye además el expediente 20.912, iniciativa que busca establecer el mecanismo del bono comunal de vivienda. El proyecto fue recién presentado esta mañana por el Ejecutivo, y la autoría es totalmente suya.

Justicia Restaurativa

En el campo legal, la lista de proyectos también incluye el texto 20.879, una reforma a la recién aprobada Ley de Justicia Restaurativa para evitar vicios advertidos en su proceso de construcción relacionados con la protección de mujeres víctima de violencia sexual, física o emocional.

Esta ley promueve medios alternativos para la resolución de conflictos judiciales y fue recientemente firmada por el presidente Alvarado, quien afirmó que no le quiso vetar “ante las manifestaciones de buena fe de los diputados y diputadas en pro de reformar la norma”.

Límites a los intereses

Otro de los proyectos en fila es el expediente 20.861, una reforma a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor para establecer un nivel máximo de interés en operaciones crediticias; así como la determinación delictiva de la exigencia de intereses desproporcionados y la imposición de que se ajusten los contratos existentes a la normativa una vez que entre en vigencia.

Regla Fiscal Constitucional

Aunado a los esfuerzos por la aprobación de la reforma fiscal, la lista de proyectos adiciona el expediente 20.179, una reforma constitucional que busca establecer “reglas de contención de los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria” relacionada con la magnitud de la deuda y otros indicadores fiscales.

Este proyecto ha sido ampliamente defendido por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que lo propuso en el periodo anterior. La iniciativa incluso fue parte del acuerdo entre el presidente Carlos Alvarado y el excandidato socialcristiano Rodolfo Piza, hoy ministro de la Presidencia, de cara a la segunda ronda de elecciones.

Acoso Callejero

Junto con estas medidas, en el campo social, se integró el expediente 20.299, la propuesta de Ley contra el Acoso Callejero, que —entre otras medidas— establece normas de protección relacionadas con las autoridades judiciales y policiales, y adiciona el delito de acoso sexual callejero al Código Penal para sancionarlo con penas de entre seis meses y dos años cuando se involucre el contacto físico y de hasta 10 años cuando se involucren poblaciones vulnerables.

Personas con Discapacidad

También en el campo social, el Gobierno agregó otra reforma constitucional bajo el expediente 18.629, con lo que se intentaría garantizar la protección del Estado de las personas con discapacidad en el artículo 51 de la Constitución Política.

Evitar la exploración de gas y petróleo

En materia ambiental, la propuesta es el proyecto de ley 20.641, una iniciativa que busca declarar al país “libre de exploración de gas y petróleo” y establecer entes reguladores en materia de combustibles. Este proyecto también fue puesto en la corriente legislativa esta misma mañana por el Ejecutivo.

Reforma a Conape

Por último, se plantea el expediente 19.966, una reforma a la Ley de Conape propuesta por el PUSC para extender los alcances de la oferta crediticia que brinda esa entidad, a través de la creación de un fondo de garantías hasta por un monto inicial de ¢2.000 millones provenientes de su propio superávit.

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