País Rocío Aguilar, exministra de Hacienda

“Esto no se trata de patadas”

Afirma que deben buscarse los mejores niveles de eficiencia estatal para atender “a quienes más lo necesitan”.

La exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, asumirá la jefatura de la Superintendencia de Pensiones (Supen) a partir del 1 de junio de este año luego de haber sido nombrada en ese cargo por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para sustituir a Álvaro Ramos, actual superintendente.

En entrevista con UNIVERSIDAD, Aguilar abordó el estado actual de los sistemas de pensiones en el país y los retos que enfrenta la Supen de cara al cambio demográfico y al menor crecimiento económico.

Entre los elementos que pueden beneficiar a las finanzas públicas está que el “freno” puesto por la pandemia a la economía mundial y nacional ha hecho caer el precio del petróleo de $70 por barril a $25 por barril, un ahorro de unos de $50 por barril, resaltó Aguilar.

Además, a partir de su experiencia al frente del Ministerio de Hacienda, Aguilar explicó cuáles son las fortalezas y las debilidades con las que el Estado costarricense encara la emergencia nacional por el COVID-19.

La exministra y también excontralora opinó sobre el tipo de equilibrio con el que ha de actuarse para atender la emergencia dada la situación de las finanzas públicas; además se refirió a las características que debe tener el plan de acción que habrá de ponerse en efecto el “día después” de pasada esta crisis.

¿Cuál es el principal problema que enfrentan los sistemas de pensiones en el país?

—Los sistemas de pensiones en Costa Rica, en América Latina y en general hoy presentan importantes desafíos, fundamentalmente vinculados al cambio demográfico.

Ese es uno de los temas importantes, el envejecimiento de la población, la menor tasa de natalidad, pero adicionalmente, también presentan retos porque hoy día la población está entrando más tarde —en los casos en que así es— a cotizar.

También enfrentan retos muy elevados por la alta informalidad. Entonces, un mercado laboral en parte informal, un tema demográfico que a todos nos está afectando y además economías con menor crecimiento que el que veíamos años atrás, lo cual también impacta a los salarios, los ingresos, etcétera.

La disyuntiva de cualquier sistema de pensión es básicamente cómo lograr cobertura para aquellos que han cotizado y también para una parte importante de la población que ha llegado a su edad de vejez y que no fueron cotizantes; es decir, para sistemas como el Régimen No Contributivo.

Pero también tenemos que ver la suficiencia de los sistemas si el monto o la contribución que yo voy a recibir me permite, en mi edad de retiro, mantener un cierto nivel de vida. Por supuesto, está el tema de cómo son sostenibles todos estos sistemas. Esa sostenibilidad va a estar en función de variables como contribuciones, edad, prestaciones y en cuánto le corresponde al Estado, cuánto a los patronos y cuánto a los empleados.

Es un reto en general para todos los países, porque todos, de una u otra forma, enfrentamos el mismo dilema.

¿Todos los sistemas que existen en Costa Rica están en un estado vulnerable?

—Lo importante, siempre, para llegar a una conclusión de dónde estamos, dónde podríamos estar, tiene que partir básicamente de información técnica. Y la información por excelencia que puede acompañarlo a uno para definir si un sistema es o no vulnerable son los estudios actuariales.

Tenemos sistemas que —para usar la palabra— tienen ya una “vulnerabilidad” de nacimiento, porque nacieron sin haber generado o acumulado un fondo; como aquellos con cargo al Presupuesto Nacional, que hoy consumen más o menos el 20% de los ingresos del Presupuesto de la República. Eso porque los fuimos creando y nunca fuimos creando el fondo, entonces la fuente de financiamiento es el presupuesto de la República.

Luego tenemos nuestro pilar básico –me parece que es nuestro primer pilar— que es el sistema solidario, que Costa Rica dichosamente adoptó hace ya muchos años y que también enfrenta, como se ha dicho públicamente, el reto de su sostenibilidad. ¿Cómo evitar empezar a comernos la reserva, ya no solo los intereses, frente a este fenómeno del envejecimiento, de menor número proporcional de entrantes al sistema?

Luego tenemos un segundo pilar que se creó en el año 2000 con la Ley de Protección al Trabajador; creado ya no como un sistema solidario sino individual, que es, sobre todo, el pilar que está bajo la supervisión de la Supen. Hoy día nos estamos enfrentando a presiones importantes de otra naturaleza, que tienen que ver con liquidaciones anticipadas, etcétera.

Por último, otros sistemas que también se fueron creando en el país. Pero, yo diría que, en general, todos deben hacerle frente y preparase para su sostenibilidad.

¿Es legal cambiar las reglas de juego de los sistemas de pensiones con las que las personas han cotizado durante años?

—Yo creo que nosotros, dichosamente, tenemos una institucionalidad que nos permite, frente a una situación que se considere ilegal o inconstitucional, accionar las vías correspondientes. Y, por otro lado, para ese equilibrio habría que hacer la pregunta de si es factible sostener esos sistemas. Porque si no buscamos cómo sostenerlos, el día de mañana vamos a desequilibrar las prestaciones, en el sentido de que ya no le voy a dar el 100% sino el 70% o lo que sea.

Por eso es que es importante que, en cualquiera de esos sistemas, haya la información técnica, estudios actuariales o como se llame, que nos permitan determinar si son o no sostenibles.

De acuerdo con su experiencia como Ministra de Hacienda, ¿las finanzas públicas podrán hacer frente a la emergencia por el COVID-19 y luego retornar paulatinamente a un estado similar al que tenían o será un Estado más deteriorado y habrá que retomar su mejoramiento desde peores condiciones?

—Comenzaría diciendo que, dichosamente, el país logró pasar una reforma fiscal y habíamos logrado obtener financiamiento en mercados y organismos internacionales y trabajar con muchísimo cuidado en cómo tener un perfil de vencimientos para el año 2020 muchísimo más holgado que en los períodos anteriores.

Entonces, no partimos del caos del año 2018, sino de un país que fue adelante con una reforma fiscal que generó reglas importantes como la fiscal, pero también algunos límites a lo que eran los disparadores del gasto. Yo creo que es importante conocer eso.

Además, la emergencia nos toma, dichosamente, con un nivel de reservas internacionales importantes y con un sistema financiero que ha sido evaluado como un sistema que tiene en este momento la capacidad para poder enfrentar algunos choques, que es cuando ha pasado por algunas pruebas de estrés. Así que yo diría que uno debería partir de eso.

También ve uno oportunidades importantes en medio de todo esto, como una reducción significativa del precio del petróleo. Cuando uno se asoma al Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el precio promedio que se había estimado era como de $70 por barril. Incluso cuantificaban lo que podía implicar un impacto de riesgo que aumentara el precio en $10 más por barril y lo cuantificaban en $198 millones. Hoy día andamos en un precio por debajo de $25 por barril. Es un diferencial como de $50.

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“Un Ejecutivo que ha tomado con un enorme liderazgo y responsabilidad, como corresponde, un Ministerio de Salud que ha dado más que la talla en esta circunstancia. Yo creo que es importante poner todo eso en el balance, porque hay elementos que nos encontraron en mejor posición, otros no tanto”.

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Por supuesto que esta emergencia nos encuentra también en una situación en la cual la informalidad y el desempleo estaban altos, con reformas adicionales que se encontraban pendientes, todavía con un nivel de deuda elevado. Porque acordémonos que la reforma no hacía que la deuda bajara de un día para otro porque era una reforma que se iba a ir materializando a lo largo de dos a tres años.

Estos son temas complejos con los cuales nos estamos enfrentando. No dejemos de lado temas positivos que hemos encontrado y que ya venían también mostrándose, como es una Asamblea Legislativa con una enorme capacidad de lograr acuerdos. Lo vimos desde la reforma fiscal, desde el cambio en el reglamento legislativo y lo estamos viendo hoy día. Realmente un grupo de diputados haciendo una extraordinaria tarea, coincida uno o no con cada uno de los temas.

El otro, un Ejecutivo que ha tomado con un enorme liderazgo y responsabilidad, como corresponde, un Ministerio de Salud que ha dado más que la talla en esta circunstancia. Así que yo creo que es importante poner todo eso en el balance, porque hay elementos que nos encontraron en mejor posición, otros no tanto.

Definitivamente, lo que hemos estado viendo es un Ejecutivo y un Legislativo volcándose a ver cómo se logra proteger a las poblaciones más vulnerables con una reorientación incluso de recursos que originalmente estaban destinados a bajar el costo de la deuda, a cambiar deuda cara por barata, y hoy día se toma la decisión. Eso sí me parece que es un sentimiento general, de solidaridad y protección, que uno puede encontrar en un país como este.

Allí me parece que lo importante es cómo nos vamos a preparar para el día después de la emergencia y ese es el “equilibrio mágico” que tienen que lograr el Ejecutivo y el mismo Legislativo: ¿cómo podemos mitigar parte de estos efectos sin morir en el intento?

Porque tenemos retos muy grandes todavía hacia adelante como país. Hablamos del reto de las pensiones, que tiene la contrapartida del reto fiscal. Tenemos el reto de cómo desembolsar $3.000 millones que el país tiene aprobados para empréstitos de obras y tenemos que buscar los mecanismos para poder agilizar esto. El país ha demostrado que tiene la capacidad de hacer rápido y de decidir rápido; no perdamos esa capacidad una vez que este ciclo se acabe y a lo que nos enfrentemos es a los temas del desempleo, el déficit, la deuda, etcétera. Yo creo que tenemos que ir a la par de esto, preparándonos.

Me parece, por ejemplo, que algunas decisiones de suspender o prorrogar ingresos, sin haber bajado ciertos gastos, pueden tener un peso muy grande en el déficit; y el déficit no es por sí mismo el problema, sino las consecuencias de eso, en el precio al que nos vamos a financiar, en la calificación de riesgo y en una serie de elementos.

Pero yo lo que querría ver es que, con esa misma capacidad de reacción, con esos niveles de eficiencia y con esos niveles de ejecutividad, este país podría marchar muchísimo mejor y no que lo hagamos solo cuando nos enfrentamos a situaciones de crisis como nos estamos enfrentando en este momento.

¿Cuándo y cómo se debe usar la “cláusula de escape” de la regla fiscal en esta emergencia?

—El capítulo cuarto de la regla fiscal tiene precisamente establecido en qué momento se puede activar una cláusula de escape —para usar ese concepto— y tiene que ver con temas como una declaratoria de emergencia y también una reducción en la tasa de crecimiento —el artículo 16 de la ley— y que además esto vaya a conllevar un gasto extraordinario equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El otro caso es si la economía atraviesa una recesión o que haya proyecciones de crecimiento inferiores al 1% del PIB. La proyección de crecimiento estaba por encima de 2%, 2,5%. Si se tiene una menor proyección, entonces se puede invocar la cláusula.

Aquí es importante tener presente que la invocación no es de costo cero, hace que haya que restituir, por así decirlo, en un determinado plazo —creo que es en tres años— el gasto, en el mismo porcentaje del PIB para volver a estar en orden. No es que de allí en adelante me olvido.

¿Para ver la nueva proyección del crecimiento ajustada por la emergencia de la COVID-19 hay que esperar la revisión del Programa Macroeconómico del BCCR?

—En junio el banco hace una revisión y la publica en julio, allí vamos a tener las cifras. Estas proyecciones no van a ser para nada sencillas, porque se parte de la economía internacional, etc.

Creo que además existe el camino y habrá que valorar la opción, de recurrir a organismos internacionales, ya sea en búsqueda de cooperación o de otras operaciones como lo estamos viendo ya incluso con algunos otros países de la región.

Si Costa Rica se maneja con prudencia en este momento, pero usando todo su potencial para la emergencia, en términos del mejoramiento de las finanzas públicas ¿puede ir saliendo poco a poco sin que terminada esta emergencia las calificadoras de riesgo le bajen aún más la calificación?, porque todo el mundo estará en la misma situación.

—Es difícil pensar que vamos a poder superar o mejorar respecto de lo que se había proyectado. Lo que sí es importante es que Costa Rica demuestre no solo que tuvo la capacidad, con un sistema y una red de salud, de poder actuar bien y oportunamente y mitigar al máximo los daños; sino que tuvo la capacidad también, en medio de estas circunstancias, de poder mantener la disciplina fiscal necesaria para poder, terminada la crisis, ir hacia delante.

No se trata de decir que ya me voy a olvidar, boto el Impuesto al Valor Agregado, sigo creciendo el gasto como venía, me endeudo a cualquier tasa. No se trata de eso. Pero es que es un equilibrio que no es sencillo y aquí muchas veces uno escucha opiniones de algunos que dicen: “Pero tienen que ir a rescatar a todos”.

Bueno, pero ¿tiene el Estado la capacidad de ir a rescatar a todos? Otros están diciendo que lo que hay que proteger es la parte fiscal.

—No, yo creo que hay que trabajar en ese equilibrio y no olvidarnos de cuál va a ser —y tener ya— el plan de acción para el día después de la emergencia, cómo vamos a aprovechar esa capacidad de toma de decisiones, de agilidad para los proyectos de reordenamiento del Estado, para los siguientes empréstitos.

Vea, por ejemplo, el caso del préstamo de $500 millones de la CAF (antigua Corporación Andina de Fomento), nosotros logramos en dos meses su aprobación. Eso fue lo que duramos. Yo creo que es un plazo menor de lo que uno dura en un banco comercial con una operación de crédito. Eso entró a la Asamblea en julio del año pasado y pasaron casi nueve meses para aprobarlo. ¿Cuánto nos costó esa demora? Con un diferencial de 500 puntos, nos debe haber costado $25 millones, por lo menos, esa postergación.

Entonces, tenemos que entender el valor del tiempo; y en esta crisis hemos demostrado que tenemos la capacidad. Me parece que tenemos que hacer un ejercicio profundo de la parte de gasto. Y allí no se trata, me parece, en esta discusión que ha surgido en estos días, de patadas y no patadas; se trata de cómo logramos los mayores niveles de eficiencia para que el Estado tenga la capacidad de poder dar respuesta a los grupos que en este momento más lo necesitan.

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