“En este país hay acoso político contra jueces”

De aquel muchacho que varios colegas recuerdan en tiempos universitarios como militante de izquierda, todavía se perciben algunos rasgos; quizá, el más importante, es su voz, siempre enfocada en la defensa de la dignidad del ser humano y en sus ideales por procurar el bien común, aún cuando su papel durante los últimos 16 años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia se concentró en la persecución penal.

José Manuel Arroyo Gutiérrez es un disidente dentro de los círculos penales punitivistas, alzó sus banderas por los derechos –defendiéndolos tanto para víctimas como victimarios-. Impulsó discursos progresistas sobre aplicar penas proporcionales, disminuir el hacinamiento carcelario y adoptar una política de salud para tratar a los adictos.

Por ello, no asombra que en su carrera judicial -de casi 40 años- haya trabajado tanto desde las bancas de la defensa pública, como en las de la fiscalía y que, finalmente, se convirtiera primero en juez y luego en uno de los más reconocidos magistrados de la Sala Tercera.

Quien fuera hasta hace pocas semanas vicepresidente de la Corte Suprema señaló a UNIVERSIDAD que la corrupción es su principal preocupación y advirtió que la sombra de una clase política, “con minúsculas”, amenaza la independencia de los jueces y que, producto de esas presiones, hay candidatos a magistrados que podrían adoptar solo el discurso que los diputados quieren escuchar.

Heredero del legado de otros garantistas, confiesa que en el Poder Judicial se quedó sin espacio ni apoyo para impulsar los proyectos que considera fundamentales y -por eso- se acogió a su jubilación a partir de este año.

¿Se jubila porque ya cumplió lo que podría aportar al Poder Judicial o existen otras razones?

-Podría decir que voy a cumplir 40 años en el servicio público y que ya son suficientes. Podría decir que están naciendo los nietos y esa experiencia hace que renazcamos los abuelos. También podría decir que hay ciclos en la vida y que es hora de darle paso a nuevas generaciones. Pero la razón determinante para decidir mi retiro es porque no veo espacio ni voluntad política para los proyectos estratégicos por los que he trabajado más de 15 años; concretamente, una reforma integral de las leyes orgánicas del Poder Judicial que actualicen este poder de la República, lo saquen del siglo XIX y lo impulsen hacia el siglo XXI. Ha habido muchas otras prioridades.

¿No hay voluntad política dentro del Poder Judicial o externamente?

-Me refiero a que internamente el espacio político para esta gran reforma orgánica que yo he peleado no se ha dado, han habido otras prioridades. Además, eso requeriría de un gran liderazgo para el que tampoco siento yo que hay apoyo.

¿Qué balance hace entre lo que está bien en la institución y lo que no?

-Hay luces y sombras. Dentro de las primeras se puede decir que en las últimas dos décadas, el Poder Judicial costarricense es, dentro de la estructura del Estado, el sector que más ha hecho por modernizarse y por mejorar los servicios que presta. Se ha realizado toda una revolución tecnológica, se ha rediseñado y fortalecido el sector administrativo, se han impulsado reformas procesales en las principales materias, penal la primera, y después la contencioso administrativa, la laboral, civil, de familia, agraria; asimismo se han impulsado sensibilidades que podríamos llamar transversales como género, ética y participación ciudadana.

Una de las cuestiones que no podemos dejar de lado es la transformación a fondo en materia de apertura, transparencia y rendición de cuentas, así como programas para atender poblaciones especialmente vulnerables: menores, discapacitados, personas de la tercera edad, aborígenes. Contamos con una jurisprudencia constitucional que, aunque fallida en los últimos tiempos en temas cruciales, sigue siendo una herencia rescatable. Todo esto nos dibuja un Poder Judicial consolidado y fuerte, con cuadros profesionales medios muy competentes y probos. Un Poder Judicial todavía confiable a lo interno y con gran prestigio internacional, con índices de aprobación ciudadana por encima del 50% y que ocupa los primeros lugares en muchos de los parámetros de medición a nivel regional y mundial.

¿Y las sombras?

-Las sombras tienen que ver con lo político, en el peor sentido de esta palabra con minúscula. Hay amenazas y riesgos. Eventos decisivos, también de las últimas décadas han dejado heridas y huellas perniciosas. En el ámbito constitucional, la delegación que se hizo a la Sala IV de un tema tan político como la reelección presidencial marcó un antes y un después. Un asunto que debió negociarse en la Asamblea Legislativa terminó resolviéndose por un grupo de jueces, específicamente 5 de 7 y después de un intento fallido en que fue rechazada esta posibilidad.

Las denuncias y procesamientos –con prisiones preventivas de por medio- de dos expresidentes de la República (Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez), y la salida del país de un tercero (José María Figueres Olsen), no solo fueron traumas inéditos, sino que pusieron en evidencia que asuntos de enorme trascendencia para personajes con gran poder e influencia podían terminar resolviéndose en salas de la Corte Suprema de Justicia. Se prendieron todas las alarmas de la clase política tradicional de este país.

No me cabe duda que desde entonces estos asuntos han gravitado a la hora de designar magistradas y magistrados de Corte. Existe el riesgo de candidatos a la magistratura con discursos de lo que los diputados quieren oír, o aún peor, existe el riesgo de candidatos con promesas específicas sobre asuntos en trámite o encomiendas para el Gobierno del Poder Judicial, con lo cual, una condición esencial del juez o jueza, su independencia, puede estar en peligro de perderse irremediablemente.

Otro evento de igual talante fue el intento de no reelegir al magistrado Fernando Cruz. Fue una trama gestada por actores de todas partes, algunos muy cercanos, en el sigilo y la sombra. Un verdadero hito en la opacidad de la intriga política doméstica. Más allá de un pulso entre poderes o el desplante de una mayoría legislativa para “enviar mensajes” de quién manda en Costa Rica. Lo cierto es que las verdaderas razones se insinuaron en algún momento, cuando un líder parlamentario habló de nombrar magistrados y otros altos funcionarios necesariamente afectos a un modelo económico de comercio y mercado. Providencialmente, el Tribunal Constitucional atajó el tiro en la línea del marco. Pero considero que a don Fernando le cobraron su independencia como juez y como persona pensante. Hay en el país una cierta corriente económico-política que ya no se satisface con  tener las mayorías, quiere la unanimidad, quiere el pensamiento único. En ese escenario, de la democracia solo quedaría la fachada, fenómeno que es en estos días es universal y puede ser de izquierda o de derecha, eso es lo de menos.

-Cuando habla de que magistrados podrían adquirir compromisos con la clase política para llegar al puesto, ¿se refiere a un riesgo o a una realidad actual?

-Todo el que quiera entender, que entienda. Yo hablo hipotéticamente y me parece que los que tienen que entender, entienden.

-Usted se ha autodefinido como una minoría en cuanto a sus posiciones dentro de la Corte y quizá, en general, en el Poder Judicial. Una de las críticas que ha hecho es hacia el abordaje que se da al narcotráfico y crimen organizado. ¿Por qué?

-Algún día se conocerá este período de la historia como “la Justicia en los tiempos del Narco”, con permiso de García Márquez. Lejos de articularse una política criminal democrática a nuestra medida, hemos receptado todas las estrategias venidas de fuera. La lógica de la guerra al narcotráfico se ha impuesto en el plano legislativo tanto como en el plano operativo. Es una guerra con enormes insumos en pertrechos, tecnologías, reclutamientos, con generales (zares antidrogas) y generalitos (figuras que emergen y escalan como meteoros). Es una guerra con héroes y víctimas; muchas víctimas de ambos lados, pero sobre todo los soldados expuestos en la dinámica del trasiego, los que se juegan el pellejo en los últimos eslabones de la cadena, policías rasos y narcomenudeos, jóvenes desempleados y mujeres “mulas”.

Hay un doble discurso que por un lado erige el narcotráfico como el demonio de nuestros días y pone a funcionar una formidable industria de combate, y por otro, el resultado de esa guerra solo afecta a países productores, deja casi intacto el trasiego en los grandes países consumidores. En definitiva, está más que diagnosticada la inutilidad y fracaso de esta estrategia bélica.

Solo hay que leerse el estudio realizado por varios expresidentes latinoamericanos, entre ellos Vicente Fox (México 2000-2006) y César Gaviria (Colombia 1990-1994), hay que leer el discurso del actual presidente colombiano Juan Manuel Santos, al recibir el último Premio Nobel de la Paz, para percatarse que esta es una guerra perdida y deben cambiarse las estrategias.

Esta focalización en el narcotráfico ha traído distorsiones y auténticas perversiones al sistema de justicia penal y judicial. Las dos más relevantes tienen que ver con la relativización y relajamiento de los derechos y garantías penales fundamentales, logros que le costaron a la humanidad siglos de evolución y aprendizaje, ahora son todos sacrificados en el altar de la lucha contra el narcotráfico: el principio de inocencia, el in dubio pro reo, el principio de legalidad, se agravan medidas cautelares, se vuelve regla la prisión preventiva, se extienden las penas de prisión, se amplían las figuras penales, se promueven jueces sin rostro, se reducen beneficios penitenciarios, se pretende el interrogatorio policial sin garantías. Todo esto, en general, para cualquier tipo de delito, y ya no solo para lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias prohibidas. El resultado final es un sistema penal debilitado, una ciudadanía menoscabada en sus derechos y libertades fundamentales, un sistema penitenciario colapsado.

¿Qué tanto han permeado el narcotráfico y el crimen organizado en la administración de justicia de este país?

-Lo ha hecho esporádicamente y a raíz de ciertos casos, dichosamente este es un fenómeno detectable, inmediatamente que sucede hay una alerta que permite una reacción adecuada de contención. Es un peligro muy grande pero hasta el momento no ha sido como una invasión orgánica estructural que contamine jerarcas ni mandos medios, esto todavía no se ha dado.

Usted dijo en su despedida ante sus compañeros magistrados que ahora se avocará a luchar contra la corrupción. ¿Por qué? ¿Es esta la principal amenaza que ve actualmente para el país?

-Si se ve el mundo de hoy, ninguna democracia está realmente en jaque por el tema del narcotráfico, ciertamente hay sociedades y estados muy dañados por este fenómeno, pero las democracias realmente en crisis sin retorno son las que han sido carcomidas por la corrupción privada y pública, con evidentes vasos comunicantes entre ellas. Ese es el gran riesgo que veo desgraciadamente para Costa Rica, y siento que no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para evitar el abismo. Habría que darle una buena sacudida al Ministerio Público. Es indispensable, a futuro, asegurarse la independencia de todos los fiscales con la formación y la valentía necesarias, no es conveniente que salten del Ejecutivo al Judicial o viceversa. ¡Líbrenos la Providencia de nombrar en esta importante institución personas que hayan pasado por la política partidaria.

El trabajo que haré será desde la academia, en foros de abogados, en Organizaciones No Gubernamentales…

En el Poder Judicial, ¿hay focos de corrupción?

-Se ha hecho un gran esfuerzo para que la carrera judicial asegure una selección objetiva a través de procedimientos de exámenes, de méritos, y esto está bien, es un logro. Lo que pasa es que a mí me da mucha preocupación la forma en que podemos ejercer el poder. La carrera judicial es para que el juez y los funcionarios no le deban el puesto a nadie, pero esta es una pelea que hay que dar día a día, porque si caemos en la lógica caudillista de: yo te nombro y vos me la debés, eso puede ser muy corrosivo, yo quisiera que el Poder Judicial no entre en esa lógica.

¿Qué medidas se pueden tomar para proteger la institucionalidad?

-Los medios de comunicación, especialmente la televisión y los periódicos escritos, tienen una responsabilidad inmensa en la preservación o socavamiento de la democracia contemporánea. Lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos con la elección de Donald Trump como presidente, no se explica sin una prensa que, con tal de ganar audiencia, eleva a verdaderos charlatanes a las principales posiciones del debate político. No puede cederse tampoco el terreno a la irresponsabilidad de las redes sociales que divulgan todo tipo de infundios y construyen todo tipo de escándalos en pocas horas, confundiendo y liquidando honras ajenas. El panorama no es como para quedarse a brazos cruzados.

El derecho y la justicia, o sirven para resolver conflictos y reconstituir el tejido social roto o no sirven para nada. Se convierten en un lastre burocrático que conduce a la frustración y el desencanto de la población a la que se supone deben servir. Me temo que tampoco tenemos esa visión de conjunto y estratégica, ni el Poder Judicial ni en el Estado en general.

 ¿Qué le queda a don José Manuel del Poder Judicial después de casi cuatro décadas de carrera?

-Me llevo la satisfacción de haber trabajado sin jornada y sin descanso. Hemos promovido y alcanzado las reformas procesales que aseguren la revisión integral del fallo ante un superior, conforme nos obligó la Corte Interamericana. En momentos críticos hemos coordinado la atención de asuntos en flagrancia, para recuperar la credibilidad de una población que ya estaba desesperada; hemos trabajado orgánica e ideológicamente el tema de los valores y la ética en el servicio público; hemos apoyado el mejoramiento del sistema procesal penal, sobre todo a través del fortalecimiento de la oralidad, como Presidente de la Sala Tercera me correspondió llevar adelante la más grande reingenería que ha tenido este tribunal.

Me llevo también todo el dolor que trasuda el derecho penal. El dolor de los victimarios y las víctimas. La miserable condición humana que lleva a la tragedia del juicio y de la cárcel. Han sido especialmente dramáticos el juicio por la muerte de Parmenio Medina, el homicidio de la esposa de un defensor público y el suicidio posterior de este, los procesos contra dos expresidentes de la República, respecto de los cuales puedo asegurarle que en este país hay que empezar a hablar de “acoso político” contra jueces, contra este juez en particular, como se habla de acoso laboral o sexual. Y en fin, me llevo el dolor de actores del drama judicial anónimos, invisibles, que no resultan de interés para nadie.

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“Puedo asegurarle que en este país hay que empezar a hablar de “acoso político” contra jueces, contra este juez en particular, como se habla de acoso laboral o sexual”.
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“No me cabe duda que desde entonces (el procesamiento de dos expresidentes) estos asuntos han gravitado a la hora de designar magistradas y magistrados de Corte. Existe el riesgo de candidatos a la magistratura con discursos de lo que los diputados quieren oír, o aún peor, existe el riesgo de candidatos con promesas específicas sobre asuntos en trámite o encomiendas para el Gobierno del Poder Judicial”.
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“Hay en el país una cierta corriente económico-política que ya no se satisface con tener las mayorías, quiere la unanimidad, quiere el pensamiento único. En ese escenario, de la democracia solo quedaría la fachada, fenómeno que es en estos días universal y puede ser de izquierda o de derecha, eso es lo de menos”.
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“Es indispensable, a futuro, asegurarse la independencia de todos los fiscales con la formación y la valentía necesarias, no es conveniente que salten del Ejecutivo al Judicial o viceversa. ¡Líbrenos la Providencia de nombrar en esta importante institución personas que hayan pasado por la política partidaria”.
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