Los diputados de la comisión especial que estudiará el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) definieron la mañana de este martes el camino que seguirán para estudiar el financiamiento de las universidades públicas, un objetivo para el que se reunirán al menos dos veces por cada mes en lo que resta del año.
Los legisladores aprobaron diez mociones para recibir a representantes de distintas instituciones, incluida la Contraloría General de la República, los ministerios de Hacienda y Educación y las rectorías y las vicerrectorías de los centros universitarios, así como sus representaciones sindicales y estudiantiles.
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La primera de las comparecencias corresponderá a la contralora general Martha Acosta, cuya intervención —según los diputados— servirá para comprender mejor la situación actual de los recursos universitarios desde la visión del ente fiscalizador por excelencia del Estado. Más tarde, tocaría el turno para la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y para el ministro de Educación, Édgar Mora.
Al respecto, el liberacionista y presidente de la comisión, Wagner Jiménez, señaló que “bajo ninguna circunstancia se piensa circunscribir el debate en un marco ideológico o político, sino más bien que sea a partir de los criterios de las autoridades competentes” .
En esa línea, subrayó que los insumos de la Contraloría son especialmente importantes para tener “un debate profesional”, pues “no podemos —bajo ninguna circunstancia— creer que los datos de la Contraloría son datos cuestionables, sino que van a dar toda la fortaleza para iniciar el camino de la comisión”.
Aparte de todas esas audiencias, llamó especialmente la atención que también se acordó citar al presidente a.i. de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, de quien buscarán un criterio legal sobre el concepto de la “autonomía universitaria”.
“Esta moción la presentamos para que él emita un criterio sobre la definición conceptual de autonomía universitaria establecida en el artículo número 85 de la Constitución Política con el propósito, una vez más, de contribuir a un debate profesional”, señaló el diputado Jiménez, quien agregó que el objetivo es que la comisión “posea la seguridad jurídica para ver los alcances necesarios y los objetivos” de su trabajo.
La visita de Castillo sería la cuarta en el proceso, después de la contralora general y los dos ministro de gobierno.
Sin presencia permanente
A pesar de que los diputados sí aprobaron llamar a comparecer a los diferentes rectores y vicerrectores universitarios, y entrevistarlos de forma separada, llamó la atención el rechazo de una propuesta realizada por el oficialista Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien sugería la presencia de al menos un representante por cada universidad en las sesiones del foro legislativo.
La intención de Sánchez, dijo el propio diputado, era fomentar un análisis más riguroso, con la presencia activa de las universidades; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el resto de los legisladores presentes.
Entre ellos, Roberto Thompson, del PLN, señaló que más bien le parecía innecesaria la presencia permanente de las universidades, pues “si realmente se quiere hacer un análisis objetivo de la situación, el hecho de que estuvieran presentes como asesores técnicos, los involucraría directamente en una discusión que debería ser lo más objetiva posible”.
El criterio de Thompson también lo compartieron diputados como el independiente Erick Rodríguez Steller y la también liberacionista, Yorleny León, quien además señaló que “las universidades pueden llegar en el momento que lo consideren y no necesitan una moción para poder hacerse presentes en la barra o cualquier otro espacio en la Asamblea Legislativa, como lo puede hacer cualquier otro ciudadano en el país”.
Asimismo, señaló que en el momento en el que la comisión requiera un criterio técnico podrá pedirlo directamente a las universidades, que “tampoco tendrían ningún impedimento. pues podría solicitarse como sucede en cualquier otra comisión”.
Esta posición la lamentó el diputado Sánchez, quien subrayó que “la comisión tiene el ánimo de analizar el FEES” y que, por ello, “tenía que incluir necesariamente la participación de las universidades”.
“Esta moción lo que pretendía era eso, que no fuera el formato tradicional de las audiencias y consultas sino que se pudiera tener a la mano a las universidades para cualquier consulta, si bien sabemos que igualmente van a estar presentes en la discusión”, apuntó.
Sobre los comentarios relacionados con la “objetividad” del proceso, argumentó que el foro se creó para “analizar, estudiar y eventualmente proponer proyectos”, pero no tiene como mandato obligatorio investigar o proponer proyectos de ley, por lo que no debería confundirse con una investigación legislativa.
Se llama a los jerarcas
Pese al rechazo de la presencia permanente de los representantes universitarios como parte del foro, el diputado Sánchez sí destacó que se haya accedido a llamar a rectores, líderes estudiantiles, vicerrectores y representantes de los gremios de trabajadores.
Sobre los rectores, el diputado señaló que “son ellos quienes pueden dar los detalles y aclarar muchas dudas que puedan surgir, sobre todo posteriormente a las comparecencias con la CGR y con el presidente de la Sala Constitucional, entre otras”.
“Esto es algo importante especialmente en el capítulo administrativo de las universidades, aunque más adelante también están mociones para entender las posiciones en investigación y acción social, tomando en cuenta que los tiempos en esta comisión son cortos, pero esas son también acciones sustantivas en la educación pública superior”, apuntó.
Según el congresista, quien presentó las mociones en esa línea, además era vital que se aprobaran las audiencias de forma separada, pues vale recordar que los centros educativos “tienen realidades muy distintas, como la UCR que sólo en nuevos ingresos tiene similar cantidad de estudiantes que el ITCR”.
Ahora, la próxima sesión de la comisión quedaría pactada para el próximo lunes 4 de febrero, si se respeta el horario propuesto por los diputados, quienes acordaron sesionar cinco minutos después de la sesión del Plenario legislativo de cada primer y tercer lunes de mes. En esa sesión se recibiría a la contralora general Martha Acosta.
