Conclusiones del VII Informe Estado de la Educación

Estancamiento y desfases sumen a la educación superior en momento crítico

La cobertura general universitaria no creció nada en 10 años; predominan carreras de poco valor en el mercado; el 60% de los programas privados lleva una década sin actualizarse, más en carreras educativas. La situación exige cambios de fondo.

La educación superior en Costa Rica se encuentra en estado de inercia y se va quedando sin potencia para responder a las tendencias mundiales de productividad, con el agravante de la limitación de recursos para mejorar la cobertura y la calidad de la formación profesional. El escenario es crítico.

El séptimo Informe Estado de la Educación, que se presentó esta semana, concluye que la etapa educativa con la que sueñan muchas familias para aspirar al progreso es ahora un motor que lleva estancado 10 años. Esto en términos de la población cubierta y sin actualización alguna en el 60% de los programas educativos que imparten universidades privadas.

La brecha de la cobertura universitaria, en comparación con el promedio de los países pujantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pasó de 10 puntos a 16,5 puntos en este siglo. Además, predominan las carreras de poca demanda en el mercado y las universidades privadas que brotaron después de los años 90 funcionan de manera ignota y ajenas a un sistema integrado de educación superior.

En todo caso, el número total de títulos universitarios viene cayendo desde 2014 por razones que pueden ser demográficas, de mercado laboral o  incluso de gestión de los centros de educación, de acuerdo con el informe publicado este 21 de agosto en el marco del Programa Estado de la Nación (PEN).

El problema adicional es que esos motores universitarios, según la hipótesis del estudio, ya despliegan toda su capacidad en cuanto a recursos y en cuanto a una población que, en general, también viene con rezagos por la educación que ha recibido durante la niñez y la adolescencia. Es, en general, la situación que se refleja en las universidades del país (cinco públicas, seis internacionales y 53 privadas).

Clases en el auditorio de Matemáticas, en la UCR. Las carreras de tecnologías, ingenierías y matemáticas corresponden solo al 15% de la oferta universitaria en el país. (Foto: Katya Alvarado).

La imposibilidad de crecimiento importante del financiamiento público, por la crisis fiscal del país, y las dificultades de la población para pagar universidades privadas, por la reducción en el crecimiento de los ingresos de los hogares, achican las posibilidades de que crezca la cobertura.

Podríamos haber tocado techo y para crecer será necesario elevar el techo mismo, lo que implica tareas mucho más complejas como las reformas estructurales o la reducción de las desigualdades más profundas, señala el estudio.

“La situación es preocupante”, resume el Informe Estado de la Educación, a pesar de reconocer la ventaja que lleva el país sobre otras naciones de la región (como el porcentaje de graduación de cada generación en universidades públicas, superior a 50%) y la mejoría de algunos rubros específicos, como el acceso universitario para estudiantes pobres o marginados.

Este incremento obedece en buena medida al ascenso en la proporción de graduados de secundaria que se clasifica del quintil de menores ingresos, la cual pasó de 20% a 34%. Esto permitió casi duplicar el ingreso de este segmento a las universidades, que era 8% y ahora es 14%. En contraste, el grupo de jóvenes de más dinero no creció porque, ya de por sí, ingresaba de manera mayoritaria a estudiar una carrera profesional.

El problema es que incluso los progresos presentan obstáculos, pues este incremento en la cobertura universitaria para estudiantes de menos recursos no se reparte de manera equitativa en las distintas regiones del país. Le va mejor a la región central del país, ya aventajada, y peor a las zonas periféricas del país. La Brunca y la Huetar Norte incluso sufrieron un deterioro en el acceso a las universidades desde el año 2010.

La calidad de esa educación universitaria y su impacto en las condiciones de vida son tema aparte, pero la realidad de la educación superior convive con un entorno adverso en lo productivo y en lo económico para los hogares.

“Estas tendencias de estancamiento cobertura y baja titulación nos agarran en el peor momento. No aprovechamos suficiente las vacas gordas que tuvimos y ahora enfrentamos una crisis fiscal y nos encontramos a las puertas de la Cuarta Revolución Industrial”, dijo la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román. Aludió a la tendencia mundial de generación de la riqueza, ahora basada como nunca antes en la tecnología, la informática y el conocimiento.

Las universidades en sus circunstancias

La desaceleración económica ahora sí golpea a las universidades, según la investigación. En otros tiempos estos episodios de frenazo en el crecimiento no afectaban el dinamismo de la educación universitaria, pero esta depende ahora del impulso que traía, el cual resulta insuficiente para alcanzar indicadores de calidad, como muestra el Estado de la Educación.

La investigadora Marcela Román, encargada del capítulo universitario en este informe, agregó que enfrentamos complicaciones económicas y fiscales junto a una insuficiencia de profesionales que podrían ayudar a enfrentar a buscar soluciones a esos problemas.

“En todo el planeta el gran financiador de la educación superior es el Estado, porque es sumamente caro. Si no, sería un tipo de educación exclusiva para pequeñas élites y nadie quiere eso. ¿Cómo entonces el Estado puede inyectar más recursos y de dónde las familias pueden sacar dinero? Es un momento crítico porque el país necesita que hagamos más y mejor”, comentó Román al explicar los resultados del informe.

Este escenario coincide con la discusión pública de meses recientes en torno a las cinco universidades públicas, su financiamiento y la manera en que se gestionan, lo que provocó un debate fuerte en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Para el 2020 apenas crecerá para paliar los efectos de la inflación, según el acuerdo entre Gobierno y los rectores, a pesar de los intentos de un grupo de diputados de aplicar recortes.

“Para avanzar, es necesario un cambio en la estrategia de regionalización de los servicios de educación superior y en un impulso en la cultura de innovación de la oferta académica. Como el financiamiento no crecerá, se deben identificar las fuentes y establecer una mayor preocupación por la eficiencia económica y la equidad ”, se lee en la síntesis de capítulo.

El diagnóstico no deja dudas: fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) el acceso a la educación superior es limitado y hay concentración de muchas sedes en pocos cantones y de numerosas carreras en escasas áreas del conocimiento, resume el informe. Esto provoca “una alta redundancia”, pocos controles sobre la calidad y una desconexión con el mercado que dificulta la absorción de los nuevos profesionales en las áreas más saturadas.

“Sigue siendo un desafío conocer la información de los centros privados. Sabemos de ellos lo mismo que sabíamos hace de 30 años: cuáles están autorizados, con cuáles carreras y cuántos títulos emiten. Es algo importante porque reúnen la matrícula y otorgan el 70% de los títulos, pero se sabe muy poco”, añadió Marcela Román.

Se crearon universidades pequeñas que emiten menos de 1.000 títulos por año y que tienen una oferta enfocada en educación, administración y ciencias sociales, de menor costo para impartir.

Educación y ciencias: mundos aparte

La mitad de las universidades existentes brinda solo 10 o menos carreras. El 55% emite menos de 500 títulos en promedio por año, el 80% son privadas y el 71% carece de la certificación de calidad del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación superior (Sinaes).

El 20% de los programas actuales corresponden a formación de profesionales educativos, con un agravante: es de las áreas en que menos se actualizan los programas.

En general hay muy poca renovación. Pues de 1.347 carreras solo el 17% cumple con la disposición reglamentaria de actualizar su programa cada cinco años. Si se extendiera el plazo a 10 años, esta cifra supera el 71%, aunque hay diferencias entre la oferta pública y la privada.

El desfase es evidente, considerando que una gran porción de las carreras forman docentes, que muchas de estas están desactualizadas y que en año recientes se han hecho importantes reformas en los programas del MEP para escuelas y colegios.

Más actualizados están los programas de las carreras STEM, el acrónimo en inglés con que se conoce a las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ligadas a los nuevos procesos productivos. Aquí la dificultad es su escaso alcance relativo, pues solo representan el 37% la oferta. Y si se excluyen las carreras científicas ligadas a la salud, esa cuota quedaría solo en 15%.

Este puede ser uno de los factores que ha provocado un aumento en el desempleo de trabajadores profesionales, ubicado ahora en un 5,6% como promedio, aunque es de esperar que logren mayor empleabilidad y mejores condiciones quienes tengan estudios en las carreras STEM.

Otro factor relevante, que depende menos de la gestión actual, los recursos disponibles o las tendencias actuales es el historial del hogar. De ahí que se hable de los universitarios “de nueva generación”, hijos de padres que carecen de educación superior. Esa población se cifra en 57% del total de jóvenes que empiezan su formación profesional.

“Eso es bueno porque dice que aún la educación superior es un agente de movilidad social, porque eleva muchísimo la posibilidad de empleo y de mejores ingresos. La mala noticia de ese dato es que la razón para que sea tan alto es que hay pocos padres de familia profesionales”, matiza Román.

La investigadora se refiere, en términos generales, a personas que  alcanzaron la edad de los estudios secundarios entre los años 80, que pudieron haber sufrido los efectos de las crisis de inicios de esa época. Esto llevó a miles de costarricenses a abandonar los estudios en esos años e ingresar al mercado laboral, pues además alcanzaron la edad de ingreso a la educación superior antes del brote de universidades privadas.

Ahora, dos o tres décadas después y con un radical entorno tecnológico y laboral, son sus hijos los que se enfrentan a la presión de una oferta académica más amplia e inclusiva, pero al mismo tiempo necesitada de reformas de fondo para mejorar en cobertura y calidad.

(Nota de edición: este texto se modificó para aclarar que el dato de 60% de programas sin actualización en 10 años o más se refiere a los centros universitarios privados). 


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