Un diagnóstico técnico de la situación financiera del seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señala que la institución más bien presenta un superávit histórico y no está en “quiebra” como lo dijo meses atrás el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
“El resultado observado muestra un superávit en la entidad a nivel histórico, lo que lleva a cuestionar la aseveración de los problemas económicos de la entidad”, se lee en el oficio PE-0344-2023, del 4 de febrero, el cual se encuentra basado en una reciente Auditoría Externa realizada por Deloitte.
De acuerdo con el oficio enviado por la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, a la Junta Directiva, la diferencia entre los ingresos corrientes y gastos corrientes para el año 2019 correspondió a ₡435.790 millones, ₡170.974 millones para 2020, ₡179.826 millones para 2021, y ₡268.654 millones para 2022.
Asimismo, la diferencia entre los ingresos y los gastos para el 2019 fue de ₡616.535 millones, ₡772.728 millones para 2020, ₡701.433 millones para 2021, y ₡551.218 millones para 2022.
“La gran duda de la CCSS no es en el presente, sino en el futuro, porque la composición demográfica está cambiando, porque la CCSS tiene que hacer inversiones importantes para renovar la infraestructura, porque hay formas en la gestión de sus obligaciones que todavía la CCSS no hace de forma apropiada, entre otros”, comentó el economista, Fernando Rodríguez.
“Si la CCSS se preocupara por eso y si en el país nos preocupáramos por tener una estrategia para reducir la informalidad, la situación financiera de la CCSS se mantendría sana en el mediano y largo plazo”, agregó.
Este informe contradice lo dicho por el mandatario Chaves el pasado 18 de setiembre, cuando indicó que la CCSS estaba “quebrada”, criticando así la decisión de su expresidente ejecutivo, Álvaro Ramos, y los directivos de la institución de aprobar un reajuste salarial a los empleados de la institución.
Inversiones de gran escala golpean proyecciones
Pero no todo el panorama es positivo. El informe señala que pese a este superávit en las finanzas del seguro de salud, “la estructuración de los proyectos de gran escala golpea las proyecciones financieras”.
En esa misma línea indica que la CCSS podría hacerle frente al portafolio de proyectos de la institución, cuya inversión a diez años es de ₡2,3 billones, y cuyo costo de operación corresponde a ₡594.964 millones para 2032, si no invirtiera en nuevos proyectos.
“Desde la perspectiva de sostenibilidad la institución no tendría problemas si no invirtiera en nuevos proyectos, pero dada la naturaleza de la entidad se debe invertir, pero sin poner en riesgo la solvencia financiera”, se lee en el informe.
Actualmente la CCSS realiza una revisión del portafolio de inversiones para proyectar en base a la capacidad de la entidad para ejecutar.
Deuda del Estado con la CCSS no está clara
Además de ese punto, el informe presentado por la Presidencia Ejecutiva confirmó una vez más que la deuda estatal con la CCSS continúa sin ser conciliada con el Ministerio de Hacienda, lo que incluso pone “en duda su cobrabilidad”.
Según se lee en el informe de Auditoría Externa realizado por Deloitte, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Seguro de Salud presentaba cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda por ₡1.416.259 millones y ₡1.142.110 millones respectivamente, correspondientes a la cuota estatal, población asegurada por el Estado, Ley de Paternidad Responsable, Código de la Niñez, Leyes Especiales, Ley Control de Tabaco, convenios no negociados 2007 y 2011 y convenios negociados 2011.
Estos montos no pudieron ser corroborados por los auditores, pues el Ministerio de Hacienda, indicó “que los montos se encuentran en un proceso de revisión y depuración por parte de la Comisión Interinstitucional Ministerio de Hacienda-CCSS”.
“Debido a que dicho proceso aún no ha culminado y no nos fueron confirmados los saldos mencionados anteriormente, no pudimos satisfacernos sobre la razonabilidad del registro de la cuenta por cobrar, ni obtener evidencia sobre su recuperabilidad”, se lee en el informe de Deloitte.
Asimismo, el informe señala que al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Seguro de Salud presentaba cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda por ₡529.220 millones y ₡499.352 millones, respectivamente, correspondientes a los gastos de cierto personal que se trasladó a laborar en un programa específico del Ministerio de Salud, según un convenio firmado con el Ministerio de Hacienda. Este monto tampoco se pudo corroborar.
“Debido a que el proceso aún no ha culminado y la respuesta a la confirmación recibida de saldos por parte del Ministerio de Hacienda indica que los montos se encuentran en un proceso de revisión y depuración por parte de la Comisión Interinstitucional Ministerio de Hacienda-CCSS no pudimos satisfacernos sobre la razonabilidad del registro de la cuenta por cobrar y de su recuperabilidad”, mencionó Deloitte.
Sobre este tema, el economista Fernando Rodríguez, comentó que este vacío es importante pues, más bien, ya se debería estar hablando de cómo pagar esa deuda a la CCSS.
“Hay un vacío importante porque no hay finalmente un acuerdo entre el criterio de Hacienda y la CCSS sobre cuál es el monto, cómo evoluciona la deuda, de dónde sale, qué interés devenga anualmente, etc.”, añadió.
En la misma línea, el dirigente sindical del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (Sifupcr), Juan Carlos Durán, indicó que ve necesario que la CCSS dé cuentas a la ciudadanía.
“La Presidenta Ejecutiva debe mostrarle a la ciudadanía las más recientes valuaciones actuariales y los estudios de riesgos de salud y pensiones ya que, posiblemente, el riesgo mayor para la sostenibilidad financiera de la Caja en el mediano y largo plazo sea precisamente las deudas del Estado, pues patronos y trabajadores y trabajadoras han cotizado religiosamente”, agregó el sindicalista.
En enero pasado, UNIVERSIDAD publicó que desde que fue ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, le ha dado la espalda a la billonaria deuda del Estado con la seguridad social. En la misma línea, la actual jerarca de la CCSS tampoco ha dado señales sobre si esta Administración honrará los pagos con la seguridad social.
Otros problemas detectados en estados financieros
Adicional a este elemento, Deloitte encontró otros problemas en los estados financieros de la institución, tal como el control de inventarios y el cálculo de caducidad de los mismos.
Sobre esto la Auditoría Externa indicó que no les fueron suministrados los detalles de la composición de la cuenta de “inventarios en proceso” al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por ₡109.130 millones, y ₡99.668 millones respectivamente; el saldo acreedor de los “gastos aplicados” por ₡95.670 millones, y ₡87.854 millones respectivamente; y “mercaderías en tránsito” por ₡10.657 millones, y ₡9.261 millones respectivamente; ni otra documentación de respaldo que les permitiera aplicar procedimientos de auditoría para determinar la razonabilidad de estos saldos a la fecha indicada.
Agregaron que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 existían inventarios por ₡58.065 millones y ₡61.977 millones respectivamente, sobre los cuales, mediante un muestreo estadístico, se realizaron pruebas sobre las existencias físicas en el Área de Almacenamiento de Distribución (ALDI), determinándose diferencias en las dos tomas físicas realizadas entre las unidades físicas contadas y las unidades registradas en el auxiliar contable, las cuales no fueron justificadas por la Administración.
Asimismo, señalaron que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se había realizado un análisis de la rotación o caducidad de los inventarios de medicamentos, cuyos saldos eran por la suma de ₡139.236 millones y ₡104.389 millones respectivamente. De esta forma no se puede medir si hay existencias que se encuentran obsoletas o están próximas a vencer.
La Auditoría también puso en tela de duda la metodología de cálculo utilizada en las contingencias legales. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por ejemplo, se registró una provisión por ₡4.861 y ₡1.215 millones respectivamente, lo cuales corresponden a contingencias legales; “dicha provisión, no cuenta con un auxiliar detallado que respalde el monto registrado y su cuantía por litigio luego del análisis actuarial. Por lo anterior, esta cuenta podría estar afectada en montos no determinados por la Administración”, señaló Deloitte.
Tras conocer el informe de Deloitte, la Junta Directiva de la CCSS tomó la decisión de suspender por cuatro meses con goce de salario al gerente financiero, Gustavo Picado, por presuntas irregularidades en la presentación de los estados financieros.
