Estado sigue incapaz de detener violencia contra las mujeres

Cerca de 5% de llamadas al 9-1-1 son por violencia de género.
Caso de Gerardo Cruz evidenció temática ante la opinión pública.

Afincada en los apretados autobuses que conectan San José con la periferia, sobre los bulevares y aceras de las principales ciudades del país y en los hogares de miles de familias, la violencia contra las mujeres persiste en la sociedad costarricense, apenas perturbada por la ocasional anécdota y la indignación en redes sociales.

La conclusión se extrae de un informe publicado el pasado 8 de octubre por la Contraloría General de la República (CGR), en el que se señalan carencias importantes de desarrollo de metas y seguimiento de indicadores en el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), formulada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Pese a esfuerzos por reducir la violencia contra las mujeres en Costa Rica, el órgano contralor determinó que las instituciones del Estado no han logrado proteger de manera efectiva a las mujeres costarricenses de las distintas formas de violencia.

La publicación del documento pasó desapercibida en medio de una semana donde la violencia contra las mujeres se hizo particularmente visible ante la opinión pública, tras el repentino protagonismo mediático de Gerardo Cruz.

Cruz denunció el acoso callejero de un hombre que grababa bajo la falda a una mujer que caminaba por San José y, tres días después de divulgar el video por redes sociales, recibió dos puñaladas sin indicios de mediar un intento de asalto.

La reacción en cascada inició justo cuando Cruz intentó visibilizar la violencia sexual callejera y encontró eco en redes sociales, personalidades públicas y muestras de apoyo en las afueras del Hospital Calderón Guardia, donde fue atendido el joven.

“El problema de fondo es la violencia sexual contra las mujeres en la calle”, explicó Ana Carcedo, Presidenta del Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina).

El informe de la Contraloría analiza seis objetivos clave para fortalecer la equidad e igualdad de género y uno de ellos incluye la protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a las formas de violencia. Es aquí donde, al menos en el papel, se refleja la violenta sociedad que a diario experimentan cientos de miles de mujeres costarricenses.

De los cuatro indicadores que analiza, dos empeoraron entre el 2007 y el 2013, uno tuvo un ligero repunte y el cuarto mejoró casi en un 50%.

Los casos de femicidio aumentaron en esos años. Por cada 100.000 mujeres asesinadas, 0,28 murieron en un femicidio, en 2007. Contra 0,30 mujeres asesinadas, en 2013.

Al incluir los femicidios ampliados (donde se incluyen otros tipos de violencia contra mujeres y no solo lo tipificado en la ley) hubo una disminución de 0,7 a 0,47 mujeres asesinadas por cada 100.000.

Sin embargo, el número es más grueso de lo que aparenta una tasa. En lo que llevamos del 2015, han muerto 15 mujeres en delitos calificados como femicidios, apenas una menos que en todo el 2014.

“El dato de femicidio es muy impactante porque es la forma extrema de la violencia contra las mujeres, no es tanto el número como visibilizar que la violencia contra las mujeres llega a matar”, apunta Carcedo.

En la calle y la casa

El caso de Gerardo Cruz visibilizó ante la opinión un problema de fondo de la sociedad costarricense: los espacios públicos parecen ser para los hombres y donde las mujeres ocupan un espacio secundario, según explica Carcedo.

“A las mujeres, como que no tengas un hombre al lado que demuestre ser tu propietario, te pueden tocar, te pueden abusar y te pueden matar. Ese es el mensaje que manda el acoso sexual: las mujeres en su casita, porque si salís a la calle te vas a exponer”, apuntó la activista.

El ataque que recibió Cruz generó un fuerte llamado de apoyo desde diversos sectores de la sociedad costarricense y desde el miércoles por la noche, cuando fue apuñalado, se ha reunido un grupo de personas en las afueras del Calderón Guardia en señal de apoyo. Incluso hay una marcha prevista para el 18 de octubre.

“Es una forma de violencia invisible y naturalizada en nuestra sociedad que hace de las calles un espacio peligroso para las mujeres o cuando menos incómodo. El acoso sexual callejero lesiona nuestro derecho a transitar libremente y, sobre todo, nuestros derechos humanos como lo haría cualquier otra forma de violencia”, expresó mediante un comunicado la Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres.

La misma Red hizo un llamado a investigar hasta las últimas consecuencias el caso de Gerardo Cruz y solicitó a la Asamblea penalizar la práctica del acoso sexual callejero.

Sin embargo, no es solo en las calles donde se da este tipo de violencia contra las mujeres. Según el último reporte del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica, publicado en 2014 con datos del 2008 al 2011, una parte importante de las llamadas de emergencia involucran violencia contra mujeres.

Entre esos años, de cada 100 llamadas que entraron al sistema de emergencias del 9-1-1, un promedio de 5 eran de mujeres denunciando algún tipo de violencia de género contra ellas.

Además, el reporte del Sistema, una publicación coordinada por el Inamu, revela que durante los cuatro años de estudio fue creciendo la cantidad de mujeres que solicitaron refugio en los Centros Especializados de Atención y Albergue Temporal para Mujeres y sus hijos e hijas, que ofrece el Inamu a mujeres que se sienten en peligro.

De 159 mujeres que buscaron refugio en 2008, para 2010 ya iban por 228. En 2011 el dato bajó a 176 porque uno de los tres Centros estuvo cerrado ocho meses durante ese año, pero los otros dos continuaron con la tendencia.

CGR urge claridad en lucha por equidad de género

Luego de analizar el documento Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) del Inamu, la Contraloría General de la República encontró fallas importantes en su aplicación, que se originan desde la conceptualización de las metas y los objetivos de programa.

Según el órgano contralor, estos son los principales problemas:

  • Ausencia de metas para los objetivos estratégicos dificultan establecer el grado de cumplimiento de la PIEG.
  • Carencia de seguimiento sobre el comportamiento de los indicadores de resultado vinculados con los objetivos estratégicos de la PIEG.
  • Debilidades en el seguimiento del Plan de Acción 2012 – 2014 de la PIEG.
  • La estructura organizativa creada para impulsar el cumplimiento y seguimiento de la PIEG, no ha contribuido al cumplimiento de dicha política.
  • Insuficiencias en la coordinación interinstitucional para la ejecución de la PIEG.

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