Uno de cada 10 habitantes de Costa Rica carece de acceso a agua potable después de que para el año 2022 cayera a 89,9% la cobertura de ese recurso vital para la salud humana y el desarrollo económico, según uno de los hallazgos señalados como “atípicos” en el Informe Estado de la Nación 2023.
Fueron casi seis puntos porcentuales la reducción registrada en sólo un año para la cobertura de agua potable, “un retroceso concreto en una de las fortalezas históricas que han vinculado la gestión del agua con los indicadores de salud y con el desarrollo humano”.
El menoscabo se dio en todos los tipos de servicios de agua potable, pero fue mayor en las fuentes a cargo de las Asadas y comités de acueductos rurales, donde la caída fue de 14,4%, señala el Informe.
“Entre las posibles causas que explican esta variación están los pocos controles operativos que realizan los acueductos, una reducción en la implementación de mecanismos de vigilancia de la gestión operativa que realizan las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por parte del AyA (a raíz de la pandemia por covid-19), y el aumento de las precipitaciones, que facilita que se arrastren partículas de tierra hasta los cuerpos de agua”, se lee en el documento hecho público este jueves.
Este es uno de los señalamientos que el equipó de investigación señaló como una anormalidad en medio de los rezagos y tendencias de deterioro en distintos aspectos ambientales, a pesar de una recuperación de la cobertura de bosques bajo el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Esto, después de dos años de disminuciones debido a la falta de dinero por la caída en la recaudación en el impuesto a la gasolina, por la reducción de transportes durante la pandemia. “El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) otorgó 953 contratos de PSA que abarcaron una superficie de 51.546 hectáreas, lo que equivale a un 759,5% más que en 2021”, documenta el Informe.
Otro elemento caracterizado como atípico no tiene que ver con un resultados ambiental concreto, sino con las dificultades que tuvieron los investigadores para acceder a información en manos de las instituciones. “El Programa Estado de la Nación (PEN) encontró dificultades inéditas en el acceso a información con la cual se cuenta tradicionalmente para realizar los estudios. Por primera vez en quince años no fue posible dar seguimiento a la matriz energética de Costa Rica, pues los cambios institucionales impidieron el registro y procesamiento de datos, o la definición de entidades o personas encargadas para hacerlo, al menos hasta el cierre del proceso de investigación”
Esto impidió, “de manera atípica, conocer aspectos tan centrales para la política ambiental como el Balance energético de 2022, el consumo y la estructura de energía secundaria por fuente y sector, intensidad energética, parque automotor, avances del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, número de cargadores activos para vehículos de tecnologías eléctricas, entre otros”, señala el documento.
Tampoco hubo facilidades en obtención de información en agricultura pese a reuniones desde febrero entre el PEN y autoridades del Gobierno para conocer detalles sobre producción sostenible, cobertura, buenas prácticas agrícolas, emisiones contaminantes, tecnología agrícola, cambio climático y agricultura familiar.
Tampoco hubo acceso completo a información sobre el área de reservas privadas, y aspectos centrales sobre cambio climático, “tema en el cual no se logró respuesta a la solicitud directa en abril 2023 de información sobre proyectos en materia de adaptación y mitigación desarrollados durante el 2022 y los primeros meses del 2023, en el marco de la Dirección de Cambio Climático”, dice el documento sobre un departamento que en el gobierno actual ha quedado desmantelado.
Al margen de estas dificultades, el capítulo ambiental contiene numerosas referencias que le permiten llegar a la conclusión de que “la política ambiental acumula ambigüedades en un contexto de escenarios complejos: una institucionalidad pública débil con metas ambiciosas y capacidades disminuidas; la reaparición de narrativas y planteamientos “antiambientalistas”; una sociedad civil menos articulada y amenazas globales, climáticas y geopolíticas para su territorio”.
“La combinación de estos elementos aumenta la vulnerabilidad para la naturaleza, la población y el desarrollo humano, y el estancamiento y atacar algunos de estos desafíos se traslada a un retroceso en la calidad ambiental y la posibilidad de dar contenido político y económico a las soluciones”, añade el capítulo.
El análisis ambiental menciona que pese al aumento del área continental y marina sometida a programas de protección, sigue incrementándose la cantidad de especies, se deteriora la salud de los océanos y aumentan los volúmenes de pescado extraído del mar. Además se apuntó que los bosques costarricenses no son suficientes para balancear las emisiones contaminantes del país.
A ellos se suma la prolongación de usos insostenible de la energía (sobre todo por el combustible que gastan los carros particulares), del recurso hídrico y del suelo agrícola. “En el período bajo estudio aumentó la importación de los derivados del petróleo, así como el uso de hidrocarburos para cubrir la demanda de electricidad lo que evidencia la débil transición de la matriz energética”, indica el Informe antes de advertir que muchas normas y leyes se han creado en años recientes pero se han quedado en el papel.
