¿Cómo balancear la agencia y responsabilidad individual de las personas -pues tienen la obligación de leer los contratos para adquirir tarjetas u otros préstamos antes de firmarlos- y el afán de usura de quienes prestan su dinero tratando de sacarle el máximo?
—Para evitar que los contratos no estén desbalanceados en contra del consumidor, lo que estamos proponiendo es que todos los contratos de adhesión deban ser homologados, revisados por el Departamento de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, con el fin de que no haya en ellos cláusulas abusivas ni leoninas y que estén acorde a la ley.
¿Disminuirá el endeudamiento irresponsable si se pone un tope a las tasas de interés?
—Yo digo que sí, puesto que hoy se le está prestando a personas que no tienen capacidad de pago, uno, porque la tasa de interés tan alta permite que los que pagan se hagan cargo de las deudas de los que no pagan y, dos, porque hay una voracidad contra los fiadores y contra los bienes que están poniendo a responder. En tanto que la tasa de interés se limite, entonces ya van a tener más riesgo y más riesgo moral incluso.
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¿Habrá menos oferta de tarjetas y de crédito en general si se pone ese tope?
—No creo que haya menos oferta de tarjetas por poner un tope a las tasas de interés. Lo que sí van a hacer los bancos es, ahora, poner límites más bajos de máximo endeudamiento y van a escoger mucho mejor a las personas, porque ya no tendrán el colchón que tenían en tasa, que les permitía cobrarles a los que pagaban bien por prestarle a los que no tenían capacidad de pago. Además, van a estar más preocupados en dar educación financiera y en limitar el tipo de propaganda que hacen en contra del consumidor.
¿Lo que se busca sancionar es la usura o la estafa; esto es, cuando no se cumple lo pactado en el contrato?
—La gente está asumiendo tasas altísimas por tres factores principalmente: ignorancia, necesidad y ligereza.
Ignorancia, porque muchos no distinguen entre lo que es una tasa mensual de una tasa anual, porque los contratos están llenos de trampas, porque una cosa es la tasa nominal y por el otro lado tienen una serie de comisiones, anualidades, multas, etcétera, que suben esa tasa nominal.
Lo otro es por necesidad. Mucha gente se endeuda porque perdió el trabajo, porque tiene una enfermedad, tantas causas que existen por las que la gente muchas veces ve la necesidad con urgencia y toma la decisión de endeudarse, y después no puede salir de esas deudas porque se vuelven una bola de nieve.
El tercer motivo es por la ligereza, cómo se presenta la propaganda, diciéndole a la gente “disfrute hoy, pague después”, y la gente, un poco por ignorancia y un poco por ligereza, firma contratos y adquieren deudas que repercuten en tasas altas, altísimas.
Esas son las tres cosas que tiene que tutelar la ley, porque toda sociedad está muy inclinada a sufrir altas tasas por esas causas.
¿El problema de fondo no es, más bien, la falta de voluntad política de las superintendencias para hacer el trabajo que deberían de acuerdo con la ley contra la usura ya existente en un mercado oligopólico?
—Si la usura es un delito penal tiene que tener en ley el parámetro y si no está en ley no lo pueden poner por reglamento. Las superintendencias están para tutelar la sanidad del sistema financiero y no para tutelar la sanidad de los consumidores. Por eso, en el mundo, además de las superintendencias, existen las oficinas de defensa del consumidor financiero, aparte del sistema financiero.
La defensa del consumidor financiero la debe hacer un órgano que defienda al consumidor y eso a veces podría verse como debilitamiento del sistema financiero. Por otro lado, están todos los órganos que vigilan al sistema financiero y que quieren la sanidad de este. Son objetivos que a veces están contrapuestos.
Por eso, este proyecto de ley pretende establecer, de hecho, una metodología para el cálculo de la tasa, donde el Banco Central lo único que tenga que hacer es calcularla, no modificar esa metodología.
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR
“El crédito de salvamento es viable”
¿Considera viable el proyecto de crédito de salvamento que anunció el Presidente?
—Sí, los parámetros que se proponen en la directriz están orientados a hacerlo viable. El desarrollo de la propuesta concreta para el programa, que se dirige en primera instancia a los dos bancos comerciales del Estado -Banco Nacional y Banco de Costa Rica- e invita a unirse al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, contó con la participación de la alta jerarquía de esos tres bancos.
¿La “tasa de usura” debe ser determinada por el BCCR siguiendo los parámetros que le establezca la Asamblea Legislativa o estos parámetros también deben ser determinados por el BCCR?
—La decisión de si los parámetros se establecen en la ley o los deberá determinar el BCCR debe tomarla el legislador. En caso de que quedaran en la ley, los lineamientos deberían ser lo suficientemente generales para poder adaptar la metodología a las circunstancias.
Bernardo Alfaro, superintendente de la Sugef
“El sector no regulado sería el afectado”
¿A qué atribuye el hecho de que, a pesar de que la usura constituye un delito según el Código Penal desde 1971, hasta hoy no se haya aprobado alguno de los proyectos de ley que han intentado definirla?
—Posiblemente porque establecer tasas de usura tiene pros y contras que obligan a realizar un balance muy prudente.
Existe literatura sobre el tema, basada en la experiencia de otros países, que en su mayor parte concluye que establecer topes a las tasas genera exclusión financiera. Esto se debe a que siempre hay deudores que implican un riesgo muy alto para las entidades financieras. Ante tal circunstancia, las tasas de interés que debe cobrarse suben mucho, pues deben incluir una prima de riesgo muy alta.
¿Considera necesario que se defina con claridad cuándo una tasa de interés es de usura? ¿Por qué?
—Podría definirse una tasa que permita eliminar los evidentes abusos que se presentan en el sector no regulado. En su momento, la Sugef recomendó que dicha tasa de usura se ubicara en niveles cercanos al 50%, que corresponden a las tasas con las “pérdidas esperadas” más altas definidas por los supervisados para cubrir necesidades de sus segmentos más riesgosos. Niveles superiores a ese, posiblemente ya serían desproporcionados.
¿Considera que, de definirse las tasas de usura, disminuirá el uso de crédito por la población?
—Depende precisamente del nivel de la tasa. Si se establece en un porcentaje como el descrito antes, el sector regulado seguiría cubriendo el grueso de la población. No debería representar un obstáculo. Si la tasa de usura es lo suficientemente alta para abarcar todos los segmentos de la población, las personas seguirán teniendo acceso al crédito provisto por el sector regulado.
El sector no regulado sería el que posiblemente se vería afectado, pues tendría que disminuir sus actuales niveles de tasas. Esto incluso podría favorecer a las entidades formales, que deberían desarrollar modelos inclusivos para atender a esa nueva población.
